Ha transcurrido más de un año y medio desde que ocurriera el brutal homicidio en que perdió la vida el empresario Alejandro Correa en la puerta de su domicilio en Concón. Fue el 18 de mayo de 2020 cuando el sicario colombiano Víctor Gutiérrez Londoño llegó hasta la residencia de Correa y lo ultimó de un tiro.

La investigación determinó que se trataba de un crimen por encargo, para lo cual el autor intelectual del hecho, Renato López, quien está detenido, contrató al sicario colombiano. Por este hecho también se encuentran en prisión Claudio Riveros, quien trasladó al homicida y luego escondió el arma letal, y Melisa Palma, pareja de Gutiérrez,

De acuerdo a la conclusión de la Fiscalía, el asesinato, caratulado como homicidio calificado, fue planificado y ejecutado luego que el empresario Correa denunciara la usurpación de terrenos de su propiedad en Quilpué. La Fiscalía presentará pruebas documentales de los pagos que hizo López a Gutiérrez. Además, durante el juicio, que se iniciará el 31 de este mes, comparecerán 39 testigos y 16 peritos.

Entretanto, en los terrenos usurpados, propiedad de la víctima, se ha consolidado una verdadera población, con más de 100 lotes de 450 metros cuadrados ocupados por viviendas levantadas con buenos materiales. Todo ello evidencia una inversión y también, indudablemente, debe haber mediado un pago de los ocupantes actuales a los loteadores.

En esa operación irregular, de importantes alcances económicos, las denuncias de Alejandro Correa resultaban molestas y se llegó al extremo de ordenar su eliminación. Este caso revela cómo se está explotando la necesidad habitacional, pues aparece aquí toda una organización que no solo midió y cercó terrenos, sino que también utilizó maquinaria pesada. Todo ello significa, insistimos, inversión que, necesariamente, busca rentabilidad.

Aparece aquí también otra expresión de la violencia instalada en nuestra sociedad y que se hace presente con inquietante frecuencia, como ha ocurrido en los últimos días. Además, este caso muestra los resultados del descontrol de la inmigración ilegal que conlleva la repudiable figura del sicario.

En este juicio, además de peritos, deben comparecer testigos, cuyas declaraciones son clave y es imprescindible que se eviten presiones sobre quienes testimonien, considerando la violencia demostrada por los acusados en el caso. Es muy posible que aún existan cómplices en libertad, cuyas identidades se deberían establecer a través del proceso en marcha.

En este juicio oral, donde aparece la violencia en su peor forma, es esencial que el trabajo de la justicia logre llegar hasta el fondo del caso, tanto para sancionar a los culpables directos como para establecer los alcances de una organización criminal que explota las necesidades habitacionales.

Recientemente se ha anunció la cuarta inoculación contra el covid-19 por parte del Ministerio de Salud. Y aunque a todas luces es un gran logro para el sistema de salud de nuestro país y una de las principales herramientas para combatir la pandemia, no es suficiente si no se promueve la inmunización a nivel global.

Hace algunos meses escuchábamos a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordar incansablemente a los países desarrollados e industrializados su obligación moral de suministrar vacunas contra el coronavirus a los países más pobres del mundo.

A fines de noviembre del 2021, solo 3 de 100 personas estaban vacunadas en los países más pobres y esto propició el aumento de los casos y la detección de la variante ómicron en el sur de África. Por otro lado, en Chile el 92,2% de la población objetivo se encuentra completamente inmunizada y se ha asegurado el suministro de vacunas necesarias para toda la población.

Esto sin duda muestra las grandes desigualdades que existen en el acceso a atención en salud, pues como lo han señalado varios expertos, el dejar fuera a los países más pobres es un caldo de cultivo para nuevas mutaciones del virus.

En este sentido, el Art. 25 de la declaración universal de DDHH aborda el derecho a la salud estableciendo que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios".

Entender la salud bajo un enfoque de derecho, significa que los Estados están disponibles a afrontar y corregir las desigualdades existentes en el sistema salud, orientando las políticas públicas a mejorar progresivamente el derecho al goce de la salud de las personas. Sin embargo, esto no solo implica acciones locales, sino que involucra la comunicación y cooperación activa con aquellos lugares (nacionales e internaciones) donde las brechas son aún mas grandes.

En el contexto actual, resulta esencial la cooperación internacional para asegurar la inmunización global contra el covid-19 y que esta asegure la no discriminación a la hora de la inoculación, la calidad en la atención en salud y la disponibilidad de recursos que permitan acortar las distancias en relación con el manejo de la pandemia.

Este es un problema global que necesita la cooperación de todos para superarlo, pero para ello es necesario comprender que no es posible el goce efectivo del derecho a la salud si otras comunidades y otros países no pueden acceder a él.