Cuatro derechos fundamentales

L os desafíos ambientales globales del Siglo XXI requieren de cambios culturales, de las matrices productivas, económicas y de consumo. Los problemas de Chile son los problemas del mundo y los problemas del mundo son los problemas de Chile. Por lo tanto, los problemas de Chile no los va a solucionar Chile sino el mundo, como un todo.

Internamente, Chile debe disponer a sus habitantes las herramientas políticas para hacerlo. Esa es una de las tareas principales de la nueva Constitución. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha nuestro país ha sido Estado miembro de la ONU y de diversos organismos y encuentros internacionales en torno a ella. Es ahí donde está la vanguardia del pensamiento contemporáneo para definir políticas públicas globales. Chile -independiente de la tendencia política de los gobiernos de turno- desde 1945 ha participado en este esfuerzo mundial en el cual se han ido generando indicaciones y profundizando conceptos, firmando acuerdos y tratados relacionados a la paz, la sostenibilidad, los Derechos Humanos, la salud, el patrimonio cultural, los pueblos originarios, la ciencia, la educación y el medio ambiente, los cuales son parte de una estrategia global diversa y multidisciplinaria que se hace aún más necesaria en el Siglo XXI ante el desafío del cambio climático, del cual Chile ya está siendo y será severamente afectado.

Y así como no basta hablar del agua sino del ciclo del agua, el cual comprende el fluir de ésta en todos sus tramos -cordillera, valle, mar, los polos y la atmósfera- el devenir de las comunidades y de los ciudadanos debe abarcar también todos sus tramos donde ésta se desarrolla, generando derechos que deben aparecer de manera clara en los principios y en los derechos fundamentales de la nueva Constitución.

Estos son: los Derechos Humanos, el Derecho al Hábitat (Derecho a la Ciudad), el Derecho al Patrimonio Cultural y el Derecho a la Naturaleza, los cuales todos son parte de un todo y tienen igual importancia. Tanto los Derechos Humanos como el Derecho a la Naturaleza ya están siendo tratados en la Convención Constituyente, por lo que citaré conceptos de la ONU a los otros dos que actúan como bisagra entre el ser humano y la naturaleza.

"El derecho a la ciudad es un derecho humano que conecta e interliga a todos los otros derechos humanos. El derecho a la ciudad implica la planificación y gestión democrática de la ciudad, producción social del hábitat y desarrollo equitativo y sustentable". (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.)

"El patrimonio cultural es esencial para promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico sostenible. El patrimonio cultural abarca el patrimonio natural, el patrimonio tangible e intangible. Se trata de un recurso no renovable, que cuando se pierde se pierde para siempre" (Unesco).

"Nos comprometemos a conseguir que los asentamientos humanos sean sostenibles en un mundo en proceso de urbanización velando por el desarrollo de sociedades que hagan uso eficiente de los recursos dentro de los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas y tengan en cuenta el principio de precaución y ofreciendo a todas las personas, en particular las que pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, las mismas oportunidades de llevar una vida sana, segura y productiva en armonía con la naturaleza y su patrimonio cultural y valores espirituales y culturales, y que garanticen el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente, contribuyendo así a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional sostenible." (Agenda Hábitat, art. 42).

Cabe señalar que la palabra "sostenibilidad" de ninguna manera apunta a la inmovilidad de que nada se puede hacer. Todo lo contrario, es un gatillante a la inteligencia humana para buscar soluciones que apunten al bien común y a la continuidad de la vida en el planeta Tierra, produciendo un cambio cultural del antropocentrismo al biocentrismo -la defensa de la vida en todas sus modalidades- que es indispensable e inherente al desafío global del Siglo XXI.

Con una Constitución así se pondrá en movimiento una relación de justicia social/ambiental con el Chile interno, profundo, tricontinental y plurinacional que abarca e interpreta a todo habitante con sus libertades, deberes y derechos, que genere diseño y valor agregado al territorio y maritorio y sus recursos naturales, y que apunten al bien común de las comunidades que habitan esos territorios (con su historia, costumbres y arraigo) lo que implica también la descentralización en la toma de decisiones y recursos para llevarlos a cabo y a la vez un cambio cultural no extractivista, cortoplacista ni de "patrón de fundo" tan endémicos de nuestra República.

A ese cambio cultural identificamos la frase "que la dignidad se haga costumbre", la cual se refiere a despertar en todos (estado y sus habitantes/deberes y derechos) la conciencia social, cultural, ambiental y económica sostenible.