El inédito tsunami del sábado pasado, que se suma al largo catálogo de fenómenos naturales que afecta a nuestro, país demostró los avances logrados en la capacidad de reacción frente a estas situaciones.

Desde Valparaíso operó en forma inmediata el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), basado en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), que cuenta con redes instrumentales y observadores que recogen información a través del dilatado litoral del país. Estas redes se activan ante la ocurrencia de fenómenos lejanos o cercanos con el fin de entregar información a la central del SNAM, la que hace llegar esos antecedentes y el análisis de los alcances del hecho a la Onemi que, a su vez, reacciona entregando instrucciones a las autoridades y a la población en general.

En este caso se dispuso la evacuación de las playas especialmente concurridas al momento de la emergencia. Operaron los sistemas de alerta de los teléfonos celulares junto a la acción de efectivos de la Armada y Carabineros en los lugares amagados, que ordenaban el procedimiento. Mientras, los medios de comunicación informaban del caso.

En general, el comportamiento de la población, salvo excepciones que nunca faltan, fue adecuado ante una situación con variables de acuerdo al lugar donde se manifestaban los alcances de la lejana erupción volcánica, Tonga, Pacífico Sur, Oceanía.

Para el director del SHOA, comodoro Arturo Oxley Lizana, "las experiencias recopiladas nos permiten seguir revisando y mejorando nuestros sistemas de acuerdo con nuestra política de mejora continua". Lo valioso para el perfeccionamiento de los sistemas preventivos es haber logrado, sin mayores daños, experiencias sobre un fenómeno nuevo. Afirma Oxley que "desde que se tiene registro, es la primera ocasión en que por los efectos de una erupción volcánica submarina se genera un tsunami que provoca que se emita una Amenaza de Tsunami en el territorio nacional". Una erupción similar en 2009 no generó esa amenaza para Chile, donde las alertas de este tipo hasta ahora estaban originadas en maremotos.

Aunque ya ha pasado la alarma en nuestras costas, el director del SHOA insiste en que este hecho "deberá ser investigado en mayor profundidad, producto de su comportamiento de propagación impredecible y su impacto en áreas tan alejadas como el océano Índico y el Mar Caribe".

Por su parte, Patricio Catalán, académico de la Universidad Santa María, saca conclusiones positivas de la reacción de los sistemas y las personas ante la emergencia, considerando que nuestro sistema "está pensado principalmente para terremotos y los tsunamis que ocurren cerca de Chile".

Lo peor, sin embargo, sería caer en la autocomplacencia comparándonos con las situaciones lamentables registradas en otros países donde no funcionaron con tanta prontitud los mecanismos de reacción.

Hasta hoy, Chile no cuenta con una Ley de Garantías y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. Somos el único país de América Latina que no cuenta con una ley o un código de protección integral para la niñez. Esto significa que no tenemos un catálogo explícito de derechos de la niñez y adolescencia y estándares de exigibilidad o de cumplimiento por parte del Estado o para las demás instituciones de la sociedad.

La mirada respecto de la niñez solo se hace relevante para las políticas públicas y la ciudadanía cuando sufren vulneraciones o cuando sus derechos son vulnerados. Sin embargo, Chile requiere urgentemente un cambio estructural a través de un enfoque preventivo, promocional y universal de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, poniéndoles en el centro junto a sus familias.

Este cambio de enfoque implica que niños, niñas y adolescentes sean considerados como sujetos titulares de derechos, en todos los segmentos sociales, en todas las edades y en todos los territorios. El Estado actuaría como el garante principal del pleno respeto a sus derechos, reconociendo la diversidad de las infancias y adolescencias, además de las formas también diversas de constituir familias y sus necesidades.

Para esto se requiere instalar una concepción de responsabilidad del Estado en sus diferentes niveles de organización territorial, respecto de las condiciones que permiten la plena protección de derechos de niños niñas y adolescentes, como, por ejemplo, la existencia de servicios de salud y educación de calidad en todos los territorios, infraestructura deportiva y recreativa para todos los segmentos de la población infantil, espacios seguros para cultivar actividades artísticas y culturales, sistemas de apoyo para el cuidado de niños, niñas y adolescentes fuera del horario escolar, entre otros. El avance gradual y progresivo en estos derechos es lo que se busca consagrar en esta ley de garantías.

Desde el mundo de las universidades también nos sumamos al llamado de la Defensoría de la Niñez, Unicef y la sociedad civil. Pedimos encarecidamente que el Gobierno y el Congreso Nacional pongan todos sus esfuerzos en el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y, por tanto, que se tramite con máxima celeridad esta ley de garantías, previo al receso de vacaciones.

Los niños y niñas de Chile no pueden seguir esperando un nuevo período parlamentario y de gobierno para que esta ley de garantías sea promulgada. Ahora es cuando.