Con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera; el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, y el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, el miércoles de esta semana se inauguró en el valle del Aconcagua el proyecto Estructural Traspaso Andina, cuyo objetivo es asegurar, con una inversión de US$1.455 millones, la producción de cobre por los próximos 30 años ante el inminente cierre de la veta subterránea, agendado para 2023.

Ubicada entre los 3 mil y 4 mil metros sobre el nivel del mar en la comuna de Los Andes, la División Andina de la estatal cuprífera combina la explotación a rajo abierto (Sur Sur) y mina subterránea (Río Blanco), en lo que son los yacimientos de cobre más grandes y de mejor ley del mundo, y que representan el 30% de las reservas nacionales del metal rojo.

El nuevo proyecto, que se enmarca dentro de la Política Nacional Minera 2050, cumplirá con los máximos estándares y exigencias ambientales. En boca del Presidente Piñera, será "una minería amistosa con el entorno, las comunidades y sustentable en el tiempo".

El propio Mandatario puso énfasis en la enorme caverna y el domo principal construidos en el yacimiento, los que impedirán la generación de partículas que puedan afectar a la naturaleza y los habitantes de la zona. El mencionado domo, dentro de una caverna de 70 mil metros cúbicos, forma parte de la nueva infraestructura y será utilizado para la descarga de camiones, protegiendo asimismo al chancador primario (sistema que se usa para triturar la roca y extraer el mineral) de las bajas temperaturas cordilleranas.

Junto al domo también destaca una correa transportadora de mineral regenerativa de cuatro kilómetros de extensión que inyectará a la red de Codelco Andina unos 3,6 megawatts, disminuyendo el consumo de energía de fuentes externas.

La citada inauguración y modernización de la División Andina no es baladí. Ya en 2021, de acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el valor del metal rojo alcanzó su mayor promedio anual histórico (U$4,2263 la libra) desde que comenzaron los registros en el año 1935.

En su último Informe de Tendencias del Mercado Cobre, el citado organismo fijó la proyección promedio para este año en US$3,95 la libra, esperándose un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, pero con las amenazas ciertas de la evolución de la pandemia de covid, la inflación en Estados Unidos, la desaceleración económica y el endeudamiento del sector inmobiliario en China y el marcado estrés y aumento de precios de las cadenas de suministro marítimo.

En suma, buena parte del futuro gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, dependerá de las remesas que pueda reportar el cobre y los factores exógenos que inciden en su precio. Por lo mismo, la modernización de la División Andina, en línea con el medioambiente, la seguridad de sus trabajadores y la eficiencia, es un paso adelante para el país.

Chile ha incrementado sostenidamente los recursos en seguridad pública desde el año 2000 y hoy el gasto supera el 6% del presupuesto fiscal, por lo tanto, debiéramos esperar resultados coherentes a tal esfuerzo. No obstante, persisten niveles estructuralmente altos de victimización, aumento en los asesinatos y la sensación acrecentada por la participación de niños y jóvenes en delitos contra las personas. De allí que es pertinente que los focos estén en la modernización y el fortalecimiento de las policías, el sistema de inteligencia del Estado y la seguridad pública, pero no es suficiente. Es imperativo que no caigamos nuevamente en la lógica de "agendas cortas", cuyo énfasis no está en evitar el inicio de trayectorias delictivas, aspecto clave para detener la espiral de violencia existente.

En consecuencia, debemos elevar la mirada y situar a la "prevención" en un lugar protagónico. Hoy, apenas 1 de cada 10 pesos se invierte en prevención y reinserción, gran parte de ellos en programas sin evidencia comprobada y con redes pospenitenciarias desarticuladas, legislación que no favorece la inserción laboral y que, en consecuencia, genera altas tasas de reincidencia, del orden de 50% a 70% tanto en la ley penal adulta como adolescente. Tampoco se ha avanzado con vigor en pasar de coberturas piloto a verdaderas políticas públicas con programas que cuenten con resultados prometedores, como los Tribunales de Tratamiento de Drogas. En ello también subyace la necesidad de contar con tribunales especializados en la ejecución penal y una formación especializada en materia penal adolescente bajo una lógica restaurativa.

En esta línea, la sociedad civil es clave para dar sustentabilidad a una "agenda larga de prevención social", que se despliegue desde lo local en la detección de factores de riesgos y creación de factores protectores. Y no tenemos que inventar la rueda, existen modelos, como Comunidades que se Cuidan, implementado en Chile por la Fundación San Carlos de Maipo y la Universidad de Washington, donde con más de 20 años de experiencia internacional ha demostrado que a mediano plazo disminuye un 25% el involucramiento delictivo y 1/3 de los consumos en alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes. También existen otras iniciativas dentro del Estado, como el Sistema Lazos, que requieren de mayor inversión pública para aumentar significativamente su operación.

Los esfuerzos que realiza la sociedad civil a través de iniciativas que buscan evitar el desarrollo de conductas problemáticas y que, mejor aún, ya cuentan con resultados concretos en su cometido, precisan de ser escaladas y aumentar su cobertura. La interrupción temprana de carreras delictivas es crítica para lograr mayores niveles de seguridad. Contar con modelos preventivos, con una oferta de programas basados en la evidencia y una comunidad organizada, es una tarea de todos que requiere que se exprese con decisión y relevancia en la política pública.