Tras una larga negociación iniciada por el Presidente Sebastián Piñera junto a su entonces par, Michel Temer, en 2018, y liderada por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, ayer entró vigor el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre ese país y Chile, abriendo aún más un mercado de 211 millones de habitantes y que hasta hoy es el principal socio comercial de nuestro país en la región (4,2% de las exportaciones chilenas a nivel mundial y 33% de los envíos en América Latina, por un total de US$ 3.074 millones, principalmente en salmón, vino embotellado, productos químicos y fertilizantes, cajas de cambio y aceite de oliva, entre otros) y tercero en el mundo solo por detrás de China y Estados Unidos.

A su vez, se importan desde Brasil unos US$ 5.650 millones (carne de bovinos y de ave, vehículos y carrocerías de vehículos, manufacturas de hierro o acero, entre otros).

De esta forma, y con el nuevo ALC -que actualiza el antiguo Acuerdo de Complementación Económica con Mercosur ACE 35 de 1996- se concreta un tremendo aliciente para las tan golpeadas pymes locales al estandarizarse formatos de comercio electrónico y servicios para que éstas puedan tener acceso al sistema de compras públicas de ese país, e incorporarse un inédito capítulo de cadenas regionales y globales de valor, además de un próximo convenio para la eliminación del roaming telefónico entre ambos países, tal como se hizo con Argentina en agosto de 2020, con sus consecuentes impactos en las actividades económicas del turismo, comercio digital y emprendimientos.

No debiera ser necesario en este editorial dar a conocer las bondades del libre comercio y la multilateralidad en los tiempos que corren. Sin embargo, y en vistas de ciertos preocupantes visos antiglobales y proteccionistas en ciertas declaraciones de algunas de las futuras autoridades de Gobierno y también legislativas, bien cabe precisar que aquellos 30 años de los cuales hoy muchos abjuran fueron exitosos y consiguieron bajar la pobreza del 45% al 10% en buena medida por la estrategia económica de apertura del entonces Presidente Patricio Aylwin, su ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, y el también Mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Si bien la liberalización comercial arancelaria con el Mercosur antes mencionada ya abría muchas de las puertas entre ambos países, la incorporación de nuevos acápites medioambientales, laborales, de género y de buenas prácticas, entre otros, profundizan aún más la histórica buena relación entre Chile y Brasil, que por estas tierras puede verse reflejada en el explosivo crecimiento de turistas brasileños hasta antes de la pandemia: unos 550 mil viajeros que dejan más de US$ 462 millones al año.

Como en otras latitudes, el mercado laboral en Chile está experimentando una escasez constante de personas disponibles para trabajar. El último reporte del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE, https://sabe.wic.cl), del Observatorio Laboral de Sence, muestra que a noviembre de 2021 los avisos y vacantes habían crecido un 72% y 39%, respectivamente, en el último año. En otras palabras, la demanda por trabajo o intención de contratar ha aumentado notoriamente. En contraste, los postulantes activos y las postulaciones totales realizadas disminuyen en 27% y 31%, respectivamente, en igual período. Más aún, los postulantes activos a noviembre de 2021 son solo la mitad de los que había en marzo de 2020, al inicio de la pandemia. En suma, la oferta de trabajadores cae fuertemente.

Con nociones básicas de economía, esperaríamos un aumento de los salarios y una reducción de los requerimientos pedidos por los empleadores a los postulantes. La evidencia de otros países muestra esto y los datos de SABE concuerdan: a nivel de oficios u ocupaciones, clasificados por algoritmos de Aprendizaje Automático, los salarios han aumentado. Por ejemplo, se les ofrece una mediana de 600 mil mensual a los vendedores por internet, en contraste con 500 mil un año atrás. A un empleado de call center se le pide a noviembre de 2021, 1,2 años de experiencia en promedio, en contraste con los 1,5 años requeridos hace un año.

Comprender este fenómeno amerita una investigación muy rigurosa, pero se puede plantear una conjetura: a raíz del forzado teletrabajo y estadía de niños en el hogar, las familias tienen menos disponibilidad para trabajar debido a que han desarrollado nuevos hábitos, adquirido otras habilidades, establecido rutinas y relocalizado sus hogares. Los empleadores que están requiriendo presencialidad tendrán que adaptarse para atraer a los trabajadores de la pospandemia: horarios flexibles, teletrabajo, capacitación, transporte, equipamiento apropiado y, por supuesto, mayores salarios. Los datos de SABE muestran que una parte de esto ya lo estamos viendo.

Sin embargo, el cambio no es necesariamente favorable para los trabajadores en el mediano plazo. La escasez sostenida de ciertos tipos de trabajadores, especialmente en empleos más rutinarios, podrían acelerar el proceso de sustitución de trabajo y automatización que ya venía en curso. Algunas empresas podrían invertir en tecnologías para reemplazar tareas relativamente rutinarias. El retail ya avanza en esta senda. La escasez de trabajadores hoy puede gatillar la adopción de estas tecnologías sin vuelta atrás, a un ritmo que podría ser demasiado veloz y que deja poco margen para capacitar y reasignar personal en nuevas tareas o empleos. Este fenómeno puede acentuarse si reformas que significan aumentos de costos laborales importantes se materializan, como la reducción y rigidización de la jornada laboral.

La velocidad de la transición tecnológica debe considerarse en reformas que afecten al mercado laboral, especialmente tras el cambio radical que ha significado la pandemia para los estilos de trabajo de millones de personas en Chile. Una lectura profunda y en tiempo real del mercado laboral que proporciona el proyecto SABE puede guiar mejores políticas públicas en este proceso.

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