Vicente Rodríguez V.

El alza sostenida de contagios de covid-19 no ha dejado libre a nadie. Dentro de los centros penitenciarios de la Región de Valparaíso también se han registrado importantes brotes tanto en reos como en funcionarios.

Según comenta Mario Brito, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de la Provincia de Marga Marga, la situación es preocupante, pues a la fecha tienen 81 trabajadores en cuarentena por el virus y más de mil internos contagiados, una cifra alarmante.

Desde la visión del dirigente, a los funcionarios les falta de forma urgente un protocolo más claro para mitigar la propagación del covid-19. Por ello apuntan al Ministerio de Salud, pues más allá de que dicen realizar su máximo esfuerzo, los contagios se han elevado de igual forma, lo que provoca disminución de personal justo en periodo donde muchos se toman vacaciones. "La información ha sido demasiado vaga. Necesitamos un protocolo actualizado acorde a las características de la variante Ómicron", dice Brito.

-¿Cómo han manejado el alza de los contagios en las últimas semanas, en las cuales también ha habido brotes al interior de los centros penitenciarios?

- Estamos complicados porque con esta nueva variante covid-19 hemos desconocido un poco las características de contagio. Los casos han sido más masivos. Hoy no sabemos bien cómo actuar, los síntomas son distintos también. Ha sido complicado poder combatir el covid en gendarmería. De hecho tenemos un contagio masivo a nivel regional. Ya van más de mil internos contagiados en la región, y 81 funcionarios. Esto nos ha pillado de sorpresa, porque no tenemos tampoco las mismas condiciones que antes. Antes había un albergue donde podíamos tener a los funcionarios contagiados, así como también el centro recreativo de Llolleo. Pero hoy están cumpliendo una función distinta.

- ¿Por dónde pasan fundamentalmente estas dificultades?

- Creo que tienen que ver con el apoyo. Nosotros sabemos cuáles son nuestras obligaciones como funcionarios y ciudadanos para evitar el contagio. Pero trabajamos con población penal que en gran parte no cumple con los protocolos. Lo mismo pasa con los familiares, que no sabemos si vienen contagiados o no. Las características de esta variante son distintas, no necesariamente se detecta si está o no con síntomas. Y ahí sentimos que está al debe el Gobierno con nosotros. La información entregada ha sido demasiado vaga. No ha habido una actualización de protocolos.

- ¿Considera que se ha mirado en menos la gravedad de Ómicron?

- Claro que sí. Este Gobierno no ha tomado en serio la nueva variante. Si bien es cierto contamos con las vacunas, eso no es todo. Los contagios ocurren de igual forma y sufrimos muchas bajas de funcionarios, esto sumado a la temporada de verano, donde muchos hacen uso de feriados legales. Se nos ven disminuidos los equipos. Hacemos un llamado al Gobierno para que nos haga entrega de mayor implemento necesario para evitar los contagios masivos.

- Usted dice que van 81 funcionarios contagiados a nivel regional. ¿En qué se está fallando?

- Creo que nos falta reforzar insumos. Hay una debilidad en el recurso. Y también mayor claridad de parte del Minsal en la forma en que debemos actuar para prevenir el covid-19. Hay algo que claramente estamos omitiendo y eso la autoridad tiene que determinarlo y ayudarnos. Necesitamos más herramientas. No basta con mantener distancia o usar alcohol gel. A pesar de lo que tenemos, la gente acá se sigue contagiando. Tiene que venir el Minsal a ayudarnos a determinar qué se está haciendo mal.

- ¿Piden un protocolo de prevención más cercano a la realidad penitenciaria?

- Exactamente. Nosotros como funcionarios hacemos nuestros esfuerzos para evitar los contagios, con todos los insumos cuando los tenemos. Porque ahora, con la cantidad de casos, los insumos se van agotando más rápido. Falta apoyo logístico para actuar oportunamente ante esta nueva variante.

- ¿También tienen una carencia de insumos básicos?

- Más que falta de recursos, me refiero a la continuidad de mantener al día los recursos. Sobre todo en las unidades más grandes se utilizan muchos más insumos. Y estos se van acabando más rápido. Y eso es por lo mismo que hablamos, porque la población contagiada ha ido creciendo, y los funcionarios también. Por ello necesitamos mayor cantidad de recursos para poder evitar el contagio. Básicamente pedimos más guantes, mascarillas, alcohol gel, cosas que son tan importantes porque debemos hacer el recambio diario. No saco nada con usar una mascarilla todo el día. Necesitamos una cantidad suficiente como para cambiarnos, idealmente, cada una o dos horas.

"Sabemos cuáles son nuestras obligaciones para evitar contagios. Pero trabajamos con población penal que en gran parte no cumple protocolos" "Hay algo que estamos omitiendo. La gente se sigue contagiando. Debe venir el Minsal a determinar en qué estamos fallando"

El conflicto desatado en el norte del país generó una rápida promulgación de la Ley de Migraciones que comenzará a operar en Chile para controlar el tema. En este sentido, hay voces que la valoran para funcionamiento y el cuidado que hay que tener en las zonas fronterizas, pero ponen ojo en la fiscalización.

El diputado Andrés Celis, detalló que "el Decreto 296 establece como deber del Estado 'promover una migración regular y ordenada', y considero que eso es lo que demanda abiertamente la ciudadanía. Nadie podría estar 'contra la migración', lo que incomodaba a la gente son las secuelas de una migración irregular y desordenada, que abrió espacios a la violencia, al narcotráfico y otro tipo de delitos".

Precisó que "hay un par de aspectos más que me gustaría resaltar. Uno de ellos es que una frontera vulnerable es permeable no sólo para el tránsito de personas, sino para el contrabando de drogas, armas y todo tipo de artículos que requieren especial control, pero para mí el principal problema, y no exagero con el término, es la situación humana, de carencias, de verdadera miseria, en que se encuentran las personas".

En ese sentido el nuevo reglamento, manifestó, "pone énfasis en la protección de mujeres y niños, claramente los grupos más vulnerables; y creo que es un avance, ya que podremos ayudar a quienes califican como refugiados, y mantener a raya a quienes vienen a delinquir".

"Pero aquí quiero ser categórico -continuó- no podemos meter en un mismo saco a los inmigrantes honrados que vienen a trabajar. Debemos renunciar a todo prejuicio y enfocarnos en la evidencia que establezcan los organismos especializados del Estado para diferenciar entre uno y otro, siendo clave en ello la capacitación de las policías en materia de migración y el nuevo mecanismo de reconducción".

Fiscalización

Mientras que el consejero regional, Manuel Millones, ahondó en que "uno espera que al entrar en vigencia la nueva Ley de Migración, las autoridades ya no tendrán justificaciones para no fiscalizar esta migración desenfrenada que está provocando problemas no solo en el norte, sino en varias zonas del país. La exigencia ahora es catastrar a todos lo migrantes irregulares que están ejerciendo el comercio ambulante, confabulados por distribuidores inescrupulosos".

Desde su perspectiva, "también se debe fiscalizar lo que ocurre con las tomas de terreno constituidas por migrantes", y manifestó que "es urgente analizar cuántos de ellos pueden regularizar su situación en Chile, accediendo a beneficios del Estado, como subsidios de arriendo, habitacionales y sociales, pero siempre y cuando haya ingresado al país de manera legal y no por pasos no autorizados".

Sobre todo, "chequeando que no tengan antecedentes penales desde su país de origen". "Confío que esta nueva Ley permita disminuir los miles de ingresos diarios de extranjeros, ya que la expulsión o reconducción no quedará sujeto al criterio de un tribunal, sino son facultades administrativas de la autoridad de Gobierno. Sino se enfrenta este tema de manera rápida, el escenario se podría volver aún más complejo", advirtió.

"(La ley) pone énfasis en la protección de mujeres y niños, claramente los grupos más vulnerables".

Andrés Celis, Diputado RN