Fiscalía pide registro e incautar pruebas por residencia sanitaria
JUDICIAL. Solicitó nuevas diligencias en causa por fraude del hotel Queen Royal, tras negativa de imputados de dar información. También investigan al O'Higgins y Gala.
La Fiscalía Regional solicitó la autorización para incautar material contable de las dos sucursales del hotel Queen Royal de Viña del Mar, en el marco de la investigación por Fraude al Fisco que realiza desde el año pasado a propósito de que este recinto fue utilizado como residencia sanitaria por el covid-19 contratada por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
En concreto, mediante un oficio elevado al tribunal de Viña del Mar, solicitó la autorización para la entrada y registro de ambas sucursales del hotel, cuyos dueños están formalizados por dicho delito. El objetivo de la diligencia, según el fiscal Claudio Rebeco, es poder incautar material contable que pudiera entregar atisbos sobre la comisión del delito en el que habrían incurrido los imputados Claudio Benavides Paredes y Mauricio Rojas Orellana.
El persecutor explicó que "el Ministerio Público imputa a Claudio Benavides y Mauricio Rojas, socios de la Sociedad Gran Pacífico Spa, el despliegue de maniobras dolosas encaminadas a obtener el pago de un cheque por $ 76.077.890 emitido por Tesorería General de la República (TGR), siendo este pago improcedente por haberse anulado la factura que lo sustentaba mediante una nota de crédito y porque los servicios ya habían sido cancelados mediante otro documento (cheque manual) por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ)".
Añadió: "A pesar de haberse cursado un pago indebido y habérseles requerido la restitución de esos fondos, los imputados se han negado a ello".
En específico, Rebeco detalló que "el delito que se les atribuye es fraude al Fisco, un delito de subvenciones por haber desplegado ciertas acciones defraudatorias con el propósito de hacerse de un doble pago, es decir, se pagaron regularmente servicios al mes de junio y la Tesorería emitió un cheque de los mismos servicios que se cobraron de manera improcedente y ese pago se ha retenido hasta ahora sin que hagan devolución del mismo".
Además, señaló que se buscó tomar declaración de ambos imputados "para conocer su versión de los hechos, pero Benavides se ha negado en dos oportunidades a declarar y Rojas declaró de manera evasiva las preguntas centrales, así que pedimos un aumento de plazo de la investigación para seguir indagando sobre el particular, el paradero de esos fondos, la trazabilidad. Hay algunas diligencias pendientes, y el tribunal debe resolver en estos días la solicitud de incautación de registros contables y estamos esperando esa diligencia".
El fiscal aseguró que "ellos estaban en pleno conocimiento de que esa factura estaba anulada, pero pese a ello, cobraron el cheque en Tesorería", añadiendo que los delitos que se imputan significan posibles penas entre los 541 días a 3 años, aunque por no tener antecedentes anteriores puede que las penas sean remitidas (sin cárcel efectiva).
¿Opción de acuerdo?
Sobre la posibilidad de un acuerdo extrajudicial previo al juicio oral, Rebeco dijo que "podría ocurrir, pero por el silencio de los imputados es difícil saberlo... podría ser una buena salida para el interés fiscal un acuerdo reparatorio, pero nosotros tenemos 90 días más de investigación y al cierre de ésta se hará la acusación, luego la audiencia de preparación de juicio oral, y luego el juicio. Ambos imputados están con arraigo nacional".
De todas formas se investigó la posibilidad de que haya habido dolo desde el Servicio de Salud, pero "lo que ocurrió aquí fue una desinteligencia de los servicios, pero no hay ningún antecedente que indique establecer una concertación y un dolo con los particulares para hacerse de este pago indebido".
Finalmente, Rebeco contó que también investigan "la suscripción de contratos del hotel O'Higgins y Gala, y lo que se reprocha ahí es la incorporación de una cláusula que incluía costos operativos fijos. Esa investigación está en desarrollo y surgió a a partir de observaciones de la Contraloría".
"Estaban en pleno conocimiento de que esa factura estaba anulada, pero pese a ello, cobraron el cheque en Tesorería".
Claudio Rebeco, Fiscal de la causa
$77 millones y fracción es el monto defraudado entre los dos imputados, señala el fiscal Rebeco
2 hoteles más están siendo investigados a partir de las conclusiones de un informe de Contraloría.