Caso Correa y nuevas ocupaciones ilegales
Reciente resolución judicial que dispone un desalojo limitado encierra un reconocimiento del ilícito que encierra una toma de terrenos. Hay tras este y otros hechos una especulación con las necesidades de vivienda de muchas familias a las cuales se les incita a acciones ilegales que tienen un trasfondo criminal.
Apocos días de la iniciación del juicio oral por el homicidio en Concón del empresario Alejandro Correa, se dicta una resolución judicial relativa a la ocupación ilegal de los terrenos que aparecen como causa basal del asesinato.
La jueza de garantía de Quilpué, Paula Millón, dispuso que Luis Alarcón, quien levantaba una vivienda en el predio ocupado, debe desalojarlo.
Alarcón es dirigente de la toma y está en condición de imputado en el proceso por usurpación ilegal. La abogada querellante en representación de la familia de Correa había solicitado la restitución total del terreno inicialmente ocupado por 43 familias, hoy suman 300, pero solo se dio lugar a la expulsión de Alarcón.
La complejidad del caso está en que ese dirigente tenía relaciones con Renato López Fuentes, imputado como autor intelectual del homicidio de Correa, quien contrató al sicario colombiano que ultimó al empresario. López tiene, además, antecedentes policiales por tráfico de drogas.
Insistiendo en el entramado delictual que rodea a este caso, Juan Pablo Hermosilla, abogado querellante de la familia Correa afirmó que "hay que recordar que esta toma y esta persona (Alarcón) están vinculadas a hechos que originan un homicidio calificado que está a punto de ir juicio. Alejandro Correa, dueño del terreno, murió por estas disputas".
Pese a ser limitada esta resolución, es valiosa al reconocer la ilegalidad de la ocupación y la responsabilidad de una persona que, de acuerdo a lo expresado por Hermosilla, estaría en tratos con el autor intelectual del crimen.
Por lo señalado, es importante que, efectivamente, se inicie el día 28 el juicio por homicidio, largamente dilatado, en que se escucharán decenas de declaraciones que permitirían llegar hasta la raíz misma del caso.
Hay tras este y otros hechos una especulación con las necesidades de vivienda de muchas familias a las cuales se les incita a acciones ilegales que tienen un trasfondo criminal y, sin duda, resultados lucrativos para sus promotores.
En este caso, pese a denuncias iniciales de usurpación de terrenos, se dejó actuar y la ocupación se extendió. Nadie quiso quemarse.
Y sin tener el alcance criminal del caso Correa, en las cercanías de la toma denunciada aparece la amenaza de otra usurpación, que esta vez afecta a 256 familias que han obtenido subsidio y que trabajan desde hace 5 años, legalmente, por tener sus viviendas. El proyecto está amenazado, llegan ocupantes y los dirigentes han solicitado la intervención de la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, sin lograr hasta ahora una solución.
El dramático ejemplo del caso Correa obliga a una actuación rápida en defensa de esas familias que ven amenazado su esfuerzo por quienes desprecian el estado de derecho, amenaza que se extiende a otros grupos que luchan por la vivienda a través de la vía legal.