Apetición de la nueva administración, la consultora Vegott Contabilidad indagó en la forma que se administraron las platas de la Corporación Municipal de Quilpué entre los años 2013 y 2018, cuando la comuna estaba bajo la gestión de Mauricio Viñambres. Entre otros hallazgos, la investigación contable detectó que en el periodo hubo al menos $2.400 millones aportados por el Ministerio de Educación para financiar programas de excelencia educativa o de fortalecimiento de la educación pública, que no fueron rendidos adecuadamente y, por tanto, no es posible definir en qué fueron gastados. A la luz de esta irregularidad, la actual alcaldesa, Valeria Melipillán, acudió al Ministerio Público, para pedir una profunda investigación sobre el destino final de estos recursos públicos.

El director jurídico de la Corporación, Marcelo Lillo, cree que, de ser confirmados por los fiscales, algunos hechos podría configurar delitos, como malversación de fondos públicos, en tanto que el actual secretario del organismo a cargo de colegios y consultorios, Víctor Ramos, da un paso más y advierte que en el periodo bajo escrutinio funcionó "un diseño de informalidad premeditado", porque pese al tamaño de la organización, con cerca de 2 mil trabajadores, "no existía un área de contabilidad a la altura", capaz de controlar adecuadamente los miles de millones de pesos que ingresaban desde distintas fuentes de financiamiento.

Estas acusaciones son suficientemente graves como para poner en alerta a las autoridades educativas, edilicias y la comunidad en general. ¿Cómo es que un aparato concertado fue capaz de superar todos los controles previos para esquilmar las siempre exiguas arcas del Estado? De haber ocurrido así, es algo que deberá zanjar la Justicia, pero no deja de llamar la atención que el patrón de desvío de recursos que se ha verificado también en otros municipios tiene como punto común el uso de las corporaciones municipales, entidades jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro, constituidas a partir del año 1981 para facilitar el traspaso a los municipios de los colegios públicos y la salud primaria. Posterior a esa fecha, las comunas pueden crearlas para otros fines, como la promoción del arte, el deporte, la cultura y otros servicio. Todo indica que estas entidades tienen una falla en su diseño institucional que impide el control adecuado de sus fondos y las constituye en espacios favorables para el desvío de recursos públicos, pese incluso a los esfuerzos puestos para evitarlo. Esto ha ocurrido en comunas de nuestra región, una y otra vez, y en administraciones de distintos signo político, por tanto la discusión adquiere una transversalidad que ya se la quisieran otros temas. Por tanto, la pregunta es por qué no está sobre la mesa, con igual fuerza que algunas reivindicaciones históricas, la voluntad para reformar a fondo estos organismos municipales que, en las manos equivocadas, causan más daño que beneficio a las comunidades.

La Región de Valparaíso ha representado en los últimos 15 años una de las zonas emblemáticas del país cuando se trata de hablar de sequía en los medios de comunicación, algo que hace unos años era tan lejano para la zona sur de Chile y que, lamentablemente, hoy afecta a casi todo el territorio nacional.

Una de esas postales que uno se acostumbró a ver en televisión y diarios fue lo que ha sucedido y sigue pasando en Petorca desde hace más de 15 años, y que ocurre por la escasez hídrica que enfrenta la cuenca del río Petorca, la cual, según un estudio de la reconocida publicación suiza "Revista Water", no se debe exclusivamente a la megasequía que afecta a nuestra nación desde hace una década, sino que también al uso y manejo del agua amparado en la legislación vigente. Esto último confío que será corregido con el nuevo Código de Aguas, que se aprobó en el Congreso hace unas semanas, y con lo que será incluido en la nueva Constitución, donde este recurso ha sido catalogado como unas de las prioridades de los constituyentes.

La Dirección General de Aguas (DGA) informó hace unos días que el 50% de las comunas de Chile fueron declaradas en sequía y, además, la entidad no descartó un racionamiento del agua en el corto plazo. La situación es crítica en nuestra Región de Valparaíso -como lo comenté anteriormente- y en Coquimbo, O'Higgins, Maule, Los Ríos y Los Lagos, donde en la actualidad los habitantes se encuentran bajo este decreto.

La pandemia, que lleva casi dos años, profundizó esta crisis hídrica, ya que el agua es un elemento fundamental para una mínima higiene que busca evitar el contagio con el covid-19. Si no podemos desinfectar nuestras manos, ¿cómo combatimos a este virus? Se estima que en Chile casi un millón de sus habitantes vive en zonas rurales sin abastecimiento formal de agua potable. El Censo de 2017 reportó que existen 383.204 viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable, concentradas principalmente en el mundo rural y en los sectores más pobres del país. Esto lo ratifica el estudio de la Fundación Amulen en 2019, llamado "Pobres de Agua", que afirmó que las comunidades que no cuentan con servicios de este vital elemento ven afectado su desarrollo en áreas como economía, salud, educación y equidad de género. Este es un círculo vicioso que no queremos seguir repitiendo a futuro, sobre todo en Valparaíso.

Este complejo escenario le tocará abordar a la nueva administración del Presidente electo Gabriel Boric a contar del 11 de marzo, quien durante su campaña tuvo como bandera de lucha la sequía y el cambio climático y la intención de convertir a Chile en una economía más verde y sustentable, siendo muy crítico con lo que ha hecho el actual gobierno en esta materia.

Con su gabinete ya conformado, las carteras de Obras Públicas -en mayor medida-, Agricultura y Medio Ambiente jugarán un rol clave para que busquemos en conjunto con los alcaldes, Gobierno Regional, comunidades, parlamentarios, universidades y científicos las soluciones a este problema que aqueja a todo el mundo, debido al calentamiento global.

Por mi parte, como diputada, siempre contarán con mi respaldo para apoyar todas las políticas públicas que con acciones concretas beneficien a las personas y el ecosistema (que tan al debe se encuentra en Valparaíso con la zona de sacrificio más extensa y contaminante de Chile en la bahía de Quintero, Puchuncaví y Ventanas), pero seré una férrea opositora a todas aquellas iniciativas que le hagan mal al país y, claramente, a la región que represento con tanto orgullo.

Conforme avanza el tiempo, el virus sigue causando estragos en el continente y en nuestro país. Las playas parecen no saberlo, los veraneantes tampoco. La Convención Constitucional, en tanto, continúa con su trabajo diario contra el tiempo. Instalada la segunda mesa, ha comenzado el difícil y esperanzador trabajo deliberativo, con una debilidad importante: la comunicación del proceso.

La renuncia de la directora de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención desató una serie de rumores, generando desinformación, desconcierto y la activación, finalmente, de los agoreros del Rechazo, quienes buscan permanentemente formas de exagerar opiniones para, finalmente, atemorizar y confundir a la ciudadanía.

Entre esas opiniones, que son destacadas hasta la saciedad por los medios de comunicación, podemos encontrar grandilocuentes titulares sobre una eventual nacionalización de la minería en el lapso de un año. O la norma que no solo deroga el actual Código de Aguas, sino que establece la caducidad de todos los derechos, esto en el plazo de dos años, o la revisión de los tratados comerciales, o que un Estado Regional generaría más incertidumbres que certezas, como si la certidumbre fuese el signo de estos tiempos. Así podríamos mencionar muchísimos otros tópicos más. Sobre lo que casi no se da a conocer es que estas posibles normas aprobadas en general solo han dado el primer paso y que luego deben discutirse en el pleno, de manera que no necesariamente quedarán plasmadas en la Constitución. Y que de ser aprobadas, deberán cumplir con los necesarios e importantísimos 2/3.

En cuanto a la minería, ¿es muy descabellado plantear que las concesiones mineras cuenten con un tiempo definido y cumplan con los estándares actuales? En el caso del agua, ¿es una locura que el agua sea un bien nacional de uso público y esté destinada en primera prioridad al consumo humano? En lo referido a los tratados internacionales, nadie ha puesto en cuestión la seguridad jurídica del comercio exterior, como dice la futura canciller Urrejola (el actual abandonó el barco), "la inversión extranjera es necesaria en Chile, pero esta inversión se debe adecuar al nuevo modelo de desarrollo, donde el desarrollo sostenible y el comercio justo son fundamentales".

Se debe restar dramatismo a las propuestas y valorar el proceso participativo.

Conforme avanza el tiempo, el desafío es enorme, especialmente por el tiempo que resta, julio de 2022. También es grande la diversidad y heterogeneidad de los y las constituyentes, pero esa es justamente la mayor riqueza, las visiones de todas y todos estarán representadas en nuestro nuevo texto, por lo que es un deber de nuestros constituyentes lograr resolver la ecuación orientada a aunar mayorías, incluyendo, sin dudas, a la minoría.