Problemas en la corporación municipal
La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, entregó a la Fiscalía local algunos antecedentes que revelarían irregularidades en la rendición de recursos. Las corporaciones municipales se han transformado en el hilo común de varios casos de desvío de recursos públicos. Sin embargo, no se aprecia voluntad real de someterlas a una reforma.
Apetición de la nueva administración, la consultora Vegott Contabilidad indagó en la forma que se administraron las platas de la Corporación Municipal de Quilpué entre los años 2013 y 2018, cuando la comuna estaba bajo la gestión de Mauricio Viñambres. Entre otros hallazgos, la investigación contable detectó que en el periodo hubo al menos $2.400 millones aportados por el Ministerio de Educación para financiar programas de excelencia educativa o de fortalecimiento de la educación pública, que no fueron rendidos adecuadamente y, por tanto, no es posible definir en qué fueron gastados. A la luz de esta irregularidad, la actual alcaldesa, Valeria Melipillán, acudió al Ministerio Público, para pedir una profunda investigación sobre el destino final de estos recursos públicos.
El director jurídico de la Corporación, Marcelo Lillo, cree que, de ser confirmados por los fiscales, algunos hechos podría configurar delitos, como malversación de fondos públicos, en tanto que el actual secretario del organismo a cargo de colegios y consultorios, Víctor Ramos, da un paso más y advierte que en el periodo bajo escrutinio funcionó "un diseño de informalidad premeditado", porque pese al tamaño de la organización, con cerca de 2 mil trabajadores, "no existía un área de contabilidad a la altura", capaz de controlar adecuadamente los miles de millones de pesos que ingresaban desde distintas fuentes de financiamiento.
Estas acusaciones son suficientemente graves como para poner en alerta a las autoridades educativas, edilicias y la comunidad en general. ¿Cómo es que un aparato concertado fue capaz de superar todos los controles previos para esquilmar las siempre exiguas arcas del Estado? De haber ocurrido así, es algo que deberá zanjar la Justicia, pero no deja de llamar la atención que el patrón de desvío de recursos que se ha verificado también en otros municipios tiene como punto común el uso de las corporaciones municipales, entidades jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro, constituidas a partir del año 1981 para facilitar el traspaso a los municipios de los colegios públicos y la salud primaria. Posterior a esa fecha, las comunas pueden crearlas para otros fines, como la promoción del arte, el deporte, la cultura y otros servicio. Todo indica que estas entidades tienen una falla en su diseño institucional que impide el control adecuado de sus fondos y las constituye en espacios favorables para el desvío de recursos públicos, pese incluso a los esfuerzos puestos para evitarlo. Esto ha ocurrido en comunas de nuestra región, una y otra vez, y en administraciones de distintos signo político, por tanto la discusión adquiere una transversalidad que ya se la quisieran otros temas. Por tanto, la pregunta es por qué no está sobre la mesa, con igual fuerza que algunas reivindicaciones históricas, la voluntad para reformar a fondo estos organismos municipales que, en las manos equivocadas, causan más daño que beneficio a las comunidades.