Avances significativos en políticas de reducción del riesgo de desastres, en especial en sistemas de monitoreo y de alerta a la población, así como de preparación de capital humano experto en temas relacionados con las catástrofes, identifican dos científicos de las universidades Federico Santa María y de Concepción como elementos centrales del aprendizaje logrado en los últimos años, al recordarse el próximo domingo el décimo segundo aniversario del devastador 27F.

Patricio Catalán, máster en ingeniería oceánica y doctor en ingeniería civil en la Universidad de Oregon, docente USM e investigador del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), destaca asimismo una mayor preparación de la ciudadanía sobre la forma de actuar ante ese tipo de emergencias. Y en lo que respecta al debe, apunta en especial a los vacíos existentes para aplicar una efectiva evacuación vertical -utilizando edificios de altura- en caso de tsunamis.

Marcos Moreno, geólogo, doctor en Ciencias menciones Geodesia y Tectónica en la Universidad de Berlín, académico UDEC e investigador de CIGIDEN, señala que es clave instalar equipos sísmicos y geodésicos en el fondo marino, ya que los grandes terremotos en zonas de subducción como en Chile ocurren varios kilómetros bajo el suelo del mar, para poder monitorear cambios del nivel de superficie del fondo marino.

Tres cuartas partes de la población

Son algunas de las consideraciones vinculadas al "cambio de switch" que comenzó a verificarse en el país luego de la tragedia que se desató a las 3.34 horas del 27 de febrero de 2010 y que afectó a casi 13 millones de chilenos.

Con magnitud 8,8 Richter, el quinto mayor terremoto registrado en la historia de la humanidad -el récord mundial lo mantiene Valdivia 1960 con 9,5- alteró el eje del planeta y generó un devastador tsunami en conjunto con el cual afectó a un territorio de más de 800 kilómetros de extensión donde vive tres cuartas partes de la población nacional.

Un total de 526 muertos y 27 desaparecidos, más de 900 pueblos y comunidades rurales y costeras afectadas, 370 mil viviendas total o parcialmente destruidas, 6.168 establecimientos educacionales y 133 hospitales dañados, 211 puentes derrumbados o averiados y 29.663 millones de dólares en pérdidas para el país -cerca del 18% del Producto Interno Bruto- fue el balance del desastre, según el informe complementario al Plan de Reconstrucción elaborado por los ministerios del Interior, Planificación, Obras Públicas, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia en agosto de 2010.

De hecho, la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONEMI señala que "el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 se configuró como una oportunidad para que el Estado se replanteara sobre la importancia de esta gestión como un tema prioritario en la agenda pública".

Importante cantidad de aprendizajes

"Desde el punto de vista del conocimiento de lo que son los tsunamis, su relación con los terremotos y cómo se comportan a lo largo de la costa de Chile, en los últimos 12 años hemos tenido una importante cantidad de aprendizajes, y con mucho desarrollo de capital humano, especialistas en distintos niveles y áreas asociados a la gestión del riesgo de desastre", refiere Patricio Catalán, quien indica que ese avance no se limita a las ciencias físicas o la ingeniería, sino que se extiende a las ciencias sociales, y que centros como CIGIDEN han tenido un rol relevante en ello.

Lo anterior, señala, se ha traducido en una efectiva contribución a la gestión del riesgo de desastres, y ejemplifica con "nuestro sistema de alerta de tsunamis que fue reconocido por UNESCO entre los cinco mejores del mundo". Se trata, agrega, "de una herramienta técnica que en conjunto con los protocolos, la difusión de la alerta a través de ONEMI y, por sobre todo, una mejor educación de la población, ha permitido que en algunos eventos recientes hayamos tenido resultados bastante satisfactorios".

El científico indica asimismo que se ha incrementado de manera importante el conocimiento acerca de cómo se comportan los tsunamis "y eso nos ha permitido identificar ciertas áreas donde aún tenemos espacios de mejora", la principal de las cuales es en su opinión "la posibilidad de contar con evacuación vertical, es decir, no solamente tratar de alcanzar una cota de 30 metros, sino que, si esto no es posible, tratar de acceder a edificaciones en altura". La factibilidad, no obstante, enfrenta varias barreras, desde que el diseño de los edificios no considera esa función hasta las implicancias legales que conlleva la propiedad privada de esas construcciones.

Monitoreo en el suelo marino

Para Marcos Moreno, el 27F marca un antes y un después en el ámbito científico. Recuerda que "cuando ocurrió, el país no contaba con un gran número de estaciones sismológicas ni geodésicas, por lo que se cometieron algunos errores en la estimación rápida de la magnitud del evento", pero hoy el Centro Sismológico Nacional opera con una densa red de estaciones a nivel nacional, "lo que nos hace estar mucho más preparados para el monitoreo y dar alerta temprana de eventos sísmicos".

También destaca que el 27F "hizo que muchos estudiantes se motivaran a estudiar geofísica y un gran número fue a hacer postgrados en destacadas universidades en distintas partes del mundo. Muchos han vuelto, por lo que hoy Chile cuenta con varios expertos destacados en sismología". Asimismo, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ha financiado en los últimos años importantes iniciativas científicas, como el Proyecto ANILLO Precursor y el Núcleo Milenio CYCLO, "que no solo aportan a seguir avanzando en el conocimiento de los terremotos, sino que también dan la oportunidad de desarrollo de científicos jóvenes."

Refiere que "la gran red de estaciones de GPS en el margen chileno permite hoy monitorear cómo evolucionan los desplazamientos de la superficie terrestre y así determinar zonas donde se está acumulando energía para un próximo terremoto, aunque todavía es imposible saber cuándo sucederá".

Sí se ha logrado detectar movimientos anómalos antes de la ocurrencia de los terremotos del 2010 en Maule y 2014 en Iquique, agrega, subrayando que "monitorearlos y detectarlos a tiempo es clave para mejorar la comprensión de la génesis de terremotos".

En ese marco se inscribe el desafío de instalar equipos sísmicos y geodésicos en el fondo marino. "ANID ha financiado el Proyecto FONDEQUIP IDOOS -Sistema Integrado de Observación del Océano Profundo- en el cual se desplegará una red de sensores geodésicos que nos permitirán monitorear los cambios del nivel de superficie del suelo marino y así observar cómo se deforma la zona más cercana a donde ocurren estos grandes terremotos".

Generar una cultura transversal

Patricio Catalán sostiene que si bien ha habido progresos en materia de educación a la población, "todavía necesitamos ser mucho más consistentes y generar una cultura transversal a nivel nacional", ya que los tsunamis "son eventos complejos que nos pueden afectar a cualquiera en cualquier momento en nuestras costas, y no solamente son una ola, sino que pueden durar varias horas".

"Tenemos que mejorar aún nuestros mapas de peligro cuyo diseño es apropiado para la evacuación, pero no para el diseño de infraestructuras. Hay que aumentar su cobertura y tratar de entender los fenómenos en cascada: en caso de terremoto y tsunami, qué pasa con los servicios básicos, hospitales y otras instalaciones. Lo más importante en todo esto es reconocer que estos fenómenos son recurrentes y que en la medida que dejemos pasar el tiempo y no hagamos nada solamente vamos a estar haciéndonos daño. Debemos seguir trabajando constantemente, mejorando en todos los aspectos que sea necesario, no solo desde la ciencia o del gobierno, sino que con la participación de todos". 2

"Un desafío clave es instalar equipos sísmicos y geodésicos en el fondo marino".

Estos fenómenos son recurrentes y si no hacemos nada solo nos causaremos daño".

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl

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el terremoto y tsunami del maule y del biobío afectó a casi 13 millones de chilenos, de los cuales 526 perdieron la vida.

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