Ignorar que las tomas de terreno son el resultado de la crónica crisis habitacional del país sería como intentar tapar el sol con un dedo. Pero desconocer que tras ese problema social hay una explotación, a veces con alcance criminal, sería una ingenuidad.

El caso del homicidio en Concón del empresario Alejandro Correa, propietario de un terreno ilegalmente ocupado, es una prueba lamentable de los ribetes delictuales que existen tras estas situaciones.

Es procedente insistir en lo señalado tras una nueva ocupación ilegal de un predio que se presenta en Placilla y que afecta directamente a un grupo que promueve la construcción de 160 viviendas sociales en ese terreno. Los afectados, agrupados en el comité Ñi Ruka Pewma, con el fin de llamar la atención sobre su problema y ante la espera de dos años en la solución a su demanda habitacional, han realizado manifestaciones y barricadas en la Ruta 68, que, lógicamente, alteran el tránsito en esa vía, una de las más importantes del país. El delegado presidencial, Jorge Martínez, ha rechazado esas manifestaciones, calificándolas de violentas, lo que fue desestimado por Cecilia Leiva, presidenta del mencionado comité.

Pero más allá de declaraciones y de acciones que afectan a terceros como es el corte de una ruta, el problema de las tomas se ha extendido, afectando a quienes por la vía legal luchan por la vivienda propia y digna. Así, al caso de Placilla, más notorio por el mencionado corte, se suma otro en Quilpué, donde grupos migrantes amenazan un predio destinado a soluciones habitacionales en curso.

La reiteración de esos casos, la sistematización de las acciones con la utilización incluso de maquinaria pesada y parcelación de los predios, evidencia organización y la destinación de recursos. ¿Son esos recursos, esos gastos en arriendo de equipos y contratación de profesionales una inversión, una especulación con un problema social?

En el caso de Placilla, donde se ocupó un terreno privado que sería adquirido por el Serviu para levantar las 160 viviendas señaladas, se hizo una denuncia ingresada el martes a la Fiscalía. Se informó al respecto que "la causa tiene ya diligencias decretadas, en concreto, una orden de investigar amplia a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Valparaíso, por el plazo de 30 días".

Es oportuna esta investigación ante una denuncia concreta, pero tendría mejores resultados la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para indagar la reiteración de estas tomas, buscando el hilo conductor de organización que las uniría.

Por otro lado, los revelaciones del juicio oral por el caso del homicidio de Concón, cuya causa basal parece estar también en una ocupación ilegal, pueden dar importantes antecedentes sobre la orgánica que existe tras esas bien estructuradas tomas de terrenos.

Quienes firmamos esta carta pública compartimos la esperanza de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas: ver como Chile escribe por primera vez en su historia una Constitución de manera democrática, paritaria, con participación de pueblos originarios.

Desde nuestras diversas trayectorias e ideas hemos observado con ilusión el avance de la Convención Constitucional, en la cual están representados, como nunca, los sueños y aspiraciones de todos los pueblos y territorios de Chile. Apreciamos con admiración cómo ésta ha definido sus reglas y sorteado los obstáculos, en base a un trabajo arduo y un espíritu colectivo que no siempre es bien comprendido.

En estos días la Convención ha entrado a su etapa decisiva. El pleno ha comenzado a deliberar y votar las normas que, respetando la heterogeneidad y la libertad, encauzarán las energías y la convivencia de las generaciones actuales y venideras.

Se trata de un momento histórico. El momento de hacer converger los factores del pasado y sus tradiciones, con toda su carga de experiencias y claroscuros, y las demandas de un futuro que exige nuevas respuestas e instituciones. Es la manera de conseguir que Chile siga adelante como un todo ante los desafíos del siglo XXI.

Desde nuestro andar por los diversos caminos de la vida hemos aprendido que no cabe tener miedo al entendimiento, más aún cuando se trata de crear la ley de leyes, aquella destinada a acoger, en toda su rica diversidad, a las y los chilenos de ayer, de hoy y de mañana.

En estas horas cruciales nos dirigimos a las conciudadanas y conciudadanos a quienes elegimos para integrar la Convención a fin de implorarles que busquen sin descanso los entendimientos necesarios para generar un todo normativo que permita procesar las diferencias y fundamentar políticas por las cuales avanzar unidos hacia el bien común y la convivencia justa. Esto demanda una visión amplia que debemos desarrollar superando prejuicios. Nos permitirá mirar más allá de la coyuntura política que dio origen a este proceso, poniendo la vista en el todo y no exclusivamente en los intereses o visiones de grupos particulares. Si es preciso tener más tiempo para madurar acuerdos más amplios y mejores entre los convencionales que todos elegimos, nos parece una idea que se debiera considerar.

Les imploramos que concuerden un texto con una base de acuerdo muy amplia, como para hacer del plebiscito de salida un momento de unidad nacional y no un momento de polarización con resultados inciertos. Esto es fundamental para evitar que Chile caiga en una espiral de enfrentamientos y divisiones que impida alcanzar lo que todos queremos: una sociedad justa, solidaria, creativa, ecológica, armónica y libertaria.