Sebastián Mejías O.

El asentamiento ilegal de alrededor de cincuenta personas que se formó en la parcela número 164 de Placilla de Peñuelas abrió un severo conflicto, principalmente con los integrantes del comité habitacional "Ñi Ruka Peuma".

Más de un centenar de familias se vieron afectadas, ya que desde hace un tiempo esperaban una solución habitacional en el sector por medio de la construcción de viviendas sociales. El otro foco de conflicto es con uno de los propietarios del terreno, quien posee alrededor de diez mil metros cuadrados y que inició acciones legales interponiendo una demanda en el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, en contra de todos quienes usurparon el terreno.

Alejandro Jofré, abogado del propietario, aseguró que, además, la acción judicial apunta en contra de un cabecilla que está detrás de la toma, quien hace las veces de corredor de propiedades de todos los que pretenden instalarse en el sector.

El objetivo de la demanda es que se acelere el proceso de desalojo y que, mientras dura el desarrollo de la demanda, el tribunal ordene la implementación de algunas medidas que impidan la llegada de nuevas personas al asentamiento. "Tenemos copias de los mensajes de texto y las fotografías del auto que maneja el responsable de todo esto, que espero contribuyan a la recuperación del terreno", aseguró el abogado.

Si bien contó que el propietario prefiere no hacer declaraciones por temor a las consecuencias, su abogado aseguró que no se encuentra en estado de desesperación, sino más bien está preocupado, aunque confiado en que será la vía legal la que se encargará de solucionar su problema.

Aun así, no se trata de un juicio rápido que pueda darles una respuesta en el corto plazo; sin embargo, Jofré pedirá la implementación de medidas precautorias, cuyo objetivo es evitar que sigan llegando personas y que construyan mucho más de lo que ya se ha avanzado.

"Queremos que el lanzamiento o desalojo no sea más complejo de lo que sería hoy día", aseguró. A Jofré, además, le preocupa que, a través de las redes sociales, ya se están ofertando algunos de los lotes tomados. "Es probable que haya un negocio, porque en Facebook los terrenos los ofrece una constructora", agregó.

Radicalizar medidas

Por su parte, la presidenta del comité "Ñi Ruka Pewma", Cecilia Leiva, no vio ningún tipo de avance luego de las reuniones que a comienzos de esta semana sostuvo con el delegado presidencial regional, Jorge Martínez. De ahí que junto a los afectados por esta toma, y al ver que el sueño de su casa propia corre peligro, estén analizando radicalizar sus acciones de protesta.

"Estoy molesta porque entre las autoridades se tiran la pelota, mientras que ellos siguen gobernando a través de redes sociales, sin conocer realmente los problemas que tenemos", planteó.

Además, la presidenta del comité "Ñi Ruka Pewma" arremetió contra la Fiscalía, asegurando que "tardan demasiado, por lo que la única solución que nos queda es presionar de cualquier otra forma". En este momento están conversando en el comité, ya que entienden que no solo ellos son los perjudicados, sino que también hay vecinos que se vieron afectados y quieren unirlos a sus demandas.

Por otra parte, Leiva insistió en que el dueño del terreno es importante para que ellos, como comité de vivienda, puedan conseguir su objetivo. Sostuvo que "muchas veces se dijo, y repitió, que este terreno no tenía dueños, pero quiero decir que el propietario está e interpuso una demanda en contra de todos quienes resulten responsables".

"No nos vamos a dar por vencidos tan fácilmente", sentenció.

"Queremos que el lanzamiento o desalojo no sea más complejo de lo que sería hoy día".

Alejandro Jofré, Abogado del propietario, del terreno en Placilla

"Entre las autoridades se tiran la pelota, mientras que ellos siguen gobernando a través de redes sociales".

Cecilia Leiva, Presidenta comité habitacional

Funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de la comuna de Quillota lograron la detención de tres personas, dos ciudadanos chilenos y uno de nacionalidad haitiana, por el delito de infracción a la ley de propiedad industrial e intelectual.

Acorde con la información entregada por el jefe de la Bicrim de Quillota, subprefecto Wladimir Benavides, lo requisado por los funcionarios "se trata de aproximadamente 2 mil prendas de vestuario con un avalúo de $30 millones y de distintas marcas internacionales", entre las que se puede identificar Adidas, Disney y Puma, entre otras.

A raíz de esto, los representantes legales de las marcas afectadas ya interpusieron las denuncias respectivas por este delito.

Las prendas, entre las que había pantalones, poleras y zapatillas estaban falsificadas en forma y fondo con imágenes y logos estampados de las distintas marcas anteriormente mencionadas y eran comercializadas en distintos locales comerciales de Quillota.

Después de este procedimiento, el fiscal de turno instruyó que los tres imputados por el delito de Infracción a la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual fueran puestos en libertad en espera de una citación.

Por su parte, todas las prendas incautadas fueron derivadas al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) regional con el fin de pasar por el proceso de peritajes correspondientes en este tipo de delitos.