Katherine Escalona M.

Finalmente ayer, después de más de dos reagendamientos para dar inicio al juicio oral por el macabro asesinato en la puerta de su casa del empresario de Concón Alejandro Correa, se llevó a cabo la audiencia que da comienzo al proceso para sentenciar a los cuatro implicados en el caso. La instancia estuvo marcada por la exposición que hizo el abogado de la familia Correa, Juan Pablo Hermosilla, quien acusó una "manipulación" al sistema legal por parte de uno de los acusados.

El jurista, en una extensa alegación, dio cuenta de diversos antecedentes y manifestó que entre Víctor Gutiérrez, conocido como el "Parce", quien recibió un presunto pago de $5 millones para ejecutar a Correa el 18 de mayo de 2020; y Renato López, quien habría pagado al sicario, existía una relación delictual más compleja que sería expuesta en el juicio oral que tiene fecha de término programado para el 25 de marzo.

Hermosilla expuso que "en Chile no es común que se ordene o encargue la muerte de una persona". Agregó que "este es un homicidio con ribetes de deslindes", pero - tal como lo analizó con la familia de la víctima- "como están ocurriendo los hechos pareciera que esto tuviera algún vínculo, de alguna forma, con narcotráfico".

En relación a esto, postuló que es "una pelea de deslindes en Quilpué, que había significado el inicio de acciones legales por parte de mi defendido, conlleva al señor López a contratar un sicario, pagarle $5 millones, al parecer, y ordenarle la muerte, y contrata a una persona vinculada al mundo de la droga que ingresa, al parecer, ilegalmente al país".

Gutiérrez - según Hermosilla- viene de Cali, Colombia, y está vinculado a narcotraficantes y al cuidado de plantaciones ilegales de marihuana. En tanto, Renato López "también tiene vínculo con la droga y tampoco creo que sea la primera vez que mate a alguien. (...) nadie encarga por primera vez un homicidio de alguien por un problema de deslindes que significa un comodato precario".

Manipulación

Hermosilla planteó que, dado el escenario de droga en que ambos acusados se mueven, hace pensar que no hay un susto al sistema legal. Tanto así que, según argumentó Hermosilla, López "cuenta con abogados que le han ayudado a manipular el sistema legal (...) en una forma que a pesar de haber sido condenado por narcotráfico en varias oportunidades es capaz de inscribir armas a su nombre, siete armas a su nombre" en su casa.

Argumentó que López, quien podría llegar a tener una pena de 20 años por el asesinato de Correa, tiene "un fusil de asalto" y "tiene contactos con Carabineros, contactos con Gendarmería, ha intentado - como va a aparecer en este juicio- contactos con el sistema de justicia, ha establecido contactos a través de otras personas con fiscales procurando ayuda, él sabe manipular el sistema. De hecho vamos a ver que hay dos causas recientes, una del año 2010 y una del año 2019, en que es sorprendido de forma flagrante, con droga de nuevo, y es absuelto por nuestro tribunal y es mandado a la calle de nuevo".

En el juicio, dijo, "vamos a ver un vacío, unos quiebres, una grieta dentro del sistema de justicia. López, apoyado por sus abogados, ha sabido manipular hasta el punto que él sintió cuando ordena la muerte de mi defendido". De acuerdo a lo postulado por el querellante, López ya tenía a los abogados antes del crimen de Correa y recordó el caso de la cónyuge de López y su desaparición que no fue resuelta. Pide la pena máxima.

Fiscalía y los hechos

Anterior a Hermosilla había presentado sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, el fiscal Stefan Kramar, quien precisó que tras la investigación "aparecen efectivamente distintas derivaciones, distintos antecedentes, distintos datos que en definitiva van a llevar a conectar a Víctor Gutiérrez con otras personas" para comprobar el crimen.

Afirmó que para esto existe "multiplicidad de prueba" de carácter testimonial, fotografías, audios y videos que dan cuenta de "las vinculaciones de unos con otros van dando forma a lo que la Fiscalía estima un crimen por encargo y que, en definitiva, transforma este juicio en uno de particulares especiales o excepcionales en lo que ha tenido la vista el país en relación con la muerte o el fallecimiento de personas en acciones violentas".

El magistrado, Claudio Espinoza, en tanto, dio a conocer los hechos y señaló que en septiembre del 2019 la víctima junto a otras personas "presentó en el Juzgado Civil de Quilpué una demanda de comodato precario en contra del acusado Renato López Fuentes, representante legal de la sociedad 'Rellenos Controlados RA Spa', dado que se habían ocupado por parte de Renato López y personas a su cargo distintos terrenos de la propiedad".

La causa estaba en trámite cuando López habría decidido matar a Correa, para lo que habría acordado un pago de $5 millones con Gutiérrez Londoño. Según los antecedentes, hizo la planificación y "le entregó la información necesaria para dicho fin, incluso con una nota de puño que tenía la dirección completa de Alejandro Correa", detalló el juez.

Tras esto, Gutiérrez hizo sus coordinaciones con Claudio Riveros, quien fue el conductor que lo llevó a casa de Correa y con Melissa Palma, que lo acompañó un día antes a reconocer el domicilio de la víctima, ultimado por el colombiano con un impacto en la cabeza el 18 de mayo del 2020, con un arma Arminius 9 milímetros.

La Fiscalía solicita 20 años de prisión para López por el homicidio calificado contra Correa; 38 años contra Gutiérrez por el homicidio calificado contra Correa, homicidio simple contra Muzio -amigo de Correa que estaba en el lugar del homicidio- por el porte y tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones, y por receptación; 18 años contra Claudio Riveros por el homicidio simple contra Correa, porte y tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones y receptación; y 15 años para Melissa Palma por el delito de homicidio calificado contra Correa.

Defensas de acusados

Las defensas de Melissa Palma, Víctor Gutiérrez y Renato López pidieron la absolución de su representados argumentando que no había prueba suficiente por parte del Ministerio Público. El abogado de Palma, Andrés Roldán, expuso que su representada ni siquiera estaba en el lugar el día del crimen y el defensor privado de Gutiérrez, Carlos Oliva, argumentó que se han hecho declaraciones contra su representado sin ser fundamentadas por lo que la prueba estaría contaminada.

Más extenso fue el abogado Héctor Petit, defensor privado de Renato López, quien precisó que lo más complejo del juicio es "la presión mediática" en donde se establece - a su parecer- que "no importa si es culpable ni inocente", pero se debe condenar. Esto, dijo, se tenía que argumentar con pruebas y por eso discutió la participación de López en el caso.

Aclaró que López no está confeso y que no tiene antecedentes penales. Manifestó que "aquí se ha señalado por parte de mi colega querellante que mi representado ha sido condenado por narcotráfico en varias oportunidades, en circunstancias que reconoce la irreprochable conducta anterior de mi representado (...), hay que saber cuál es la presunción de inocencia". También cuestionó lo postulado por Hermosilla, quien acusó que no sería primera vez que López mata a una persona, pero reconoció que "incluso mi representado respecto de un hecho, él eliminó totalmente sus antecedentes penales para todos los efectos legales", lo cual permite la ley.

El abogado de Riveros, en tanto, Cristián Sandoval, se basó en los principios de "arrepentimiento, temor y colaboración" y argumentó que "está arrepentido de lo que hizo, tiene miedo en relación a lo que le puede pasar y prestó declaraciones", por lo que describió una colaboración que se debe reconocer dentro del proceso. Ayer declaró Renato López, pero este Diario no tuvo acceso a lo vertido, sólo los alegatos, por decisión del tribunal.

"Las vinculaciones de unos con otros van dando forma a lo que la Fiscalía estima un crimen por encargo".

Stefan Kramar, Fiscal

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