Dentro de los desafíos que debe enfrentar el nuevo Gobierno está el tema ambiental, que tiene muchos ángulos. Uno de ellos es compatibilizar la calidad de vida con el desarrolló. Sobre ese punto hay una definición del Presidente Boric, que se ha comprometido a terminar con las "zonas de sacrificio". En concreto, acá tenemos una especialmente golpeada, el área Quintero-Puchuncaví, donde a la generación eléctrica, necesaria sin duda, se ha sumado desde hace largo tiempo un proceso de refinación de cobre y, también, una operación portuaria que tiene externalidades contaminantes, pero que cubre importantes necesidades energéticas.

Estos procesos se han ido extendiendo a través de los años y al momento de su radicación no hubo consideraciones ambientales, especialmente aquellas relacionadas con la vida humana.

Ahora existe una institucionalidad más afinada, pero es necesario aplicarla con un sentido regional. En esa dirección, es oportuno el planteamiento del gobernador Rodrigo Mundaca. Expresa que "el Gobierno Regional tiene pronunciamiento, pero no necesariamente es vinculante y esperamos que eso cambie". La idea, compartida por todos los gobernadores afirma Mundaca, es que sea la autoridad regional la que presida la Comisión de Evaluación Ambiental "y así nuestra opinión sea vinculante".

La materia se relaciona directamente con la regionalización, pues es lógico que las decisiones sobre iniciativas que tocan el medioambiente se adopten en la zona correspondiente con conocimiento de terreno y con la opinión de los sectores eventualmente afectados o beneficiados. Dentro del grupo decisorio se deben considerar objetivamente aspectos técnicos en los cuales, en el caso de esta Región, es pertinente la presencia de las universidades locales.

Por otro lado, como el punto ambiental refiere también a inversiones, es importante que las aprobaciones, rechazos u observaciones se evacúen con rapidez. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), Gerald Pugh, planteó la necesidad de "acelerar la tramitación de los proyectos que se encuentran en carpeta en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el fin de fomentar la inversión, la generación de empleo y la productividad a nivel regional". La observación es oportuna, pues la burocracia en las tramitaciones puede terminar desalentando la inversión, con pérdida de oportunidades para el desarrollo.

Acelerar no significa aprobar sin mayor examen. Significa un trabajo continuado y con mayor capacidad técnica y quizás con modernización de la normativa. Entra también en esta agilización la posición del gobernador Mundaca, quien pide dar calidad vinculante a la decisión de la autoridad regional. De este modo se lograría dar señales oportunas a la inversión y, a la vez, se daría más peso a la opinión regional basada en la experiencia directa.

El 8 de marzo de 1857, en Nueva York, se desarrolló la primera protesta por malas condiciones laborales para las mujeres. Este hecho y sus consecuencias fatales inauguran la necesidad de abordar la experiencia de las mujeres en el trabajo y sus derechos laborales. En poco tiempo, en distintas ciudades del mundo se aborda la problemática y, con ello, los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social y privada.

Una de estas problemáticas ha sido la falta de reconocimiento de la igualdad intelectual en la generación de conocimiento, tanto en la academia como en la creación artística, también dentro y fuera del aula. Por ello, abordar la temática de equidad de género en la institución universitaria resulta un objetivo fundamental en la tarea de impulsar agendas que permitan transversalizar una perspectiva de género, desarrollando, por una parte, nuevas políticas internas y, por otra, buscando mejorar las condiciones de quienes integran la comunidad desde un rol activo.

Si bien se han observado avances en el ingreso de las mujeres a la educación formal en todos los niveles -según la Unesco ha sobrepasado el 54%-, aún observamos brechas que derivan del ámbito académico. Las mujeres en STEM (acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics) actualmente tienen una escasa participación que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, es de alrededor de un 30%. Hoy, en Chile, los procesos de transversalización de la perspectiva de género en la academia es una tarea continua.

Según el Observatorio de Equidad de Género del Ministerio de Educación (Mineduc) al 2020, el 70% de las universidades contaba con un departamento o unidad de equidad de género; cinco estaban dirigidas por rectorías femeninas y el 93% de las casas de estudios superiores cuenta con protocolos para casos de acoso sexual, discriminación y violencia de género. Estos avances han sido precedentes para la promulgada Ley 21.369, que regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el Ámbito de la Educación Superior. Actualmente, también se cuenta con una política nacional de igualdad de género en ciencia, tecnología, conocimiento e información, "50/50 para el 2030", que tiene como objetivo acortar el tiempo extendido para el alcance de la igualdad de género en ciencia y tecnología en nuestro país.

Con este mismo tenor, el proyecto InES para la Equidad de Género en I+D+i+e, recientemente lanzado en la Universidad Técnica Federico Santa María, busca desarrollar y aplicar capacidades institucionales para la ejecución de un plan de desarrollo que permita disminuir las brechas de ge´nero en los ámbitos de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento de base científica tecnológica, para así mejorar su contribución al bienestar de la sociedad a partir del conocimiento basado en una participación equitativa de mujeres y hombres.