Un duro diagnóstico realizó el entrenador de la selección nacional de remo, Bienvenido Front, sobre el futuro de la actividad en el tranque La Luz por la baja constante en el nivel de sus aguas, debido al uso que realiza la empresa sanitaria Esval para la producción de agua potable. El head coach de la Federación advirtió que los Juegos Panamericanos de 2023, que se realizarán en nuestro país, no podrán utilizar la laguna ubicada en Curauma para las competencias de boga; incluso, aseguró que este deporte tendrá dificultades para seguir desarrollándose en la región, tras más de 100 años de prácticas competitivas.

La respuesta que entrega la empresa, cuyo mayor accionista es el Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario, es simple: es verdad que la capacidad del tranque ha bajado en un 23%, pero esa merma es un costo inevitable del bien común superior que es entregar agua potable a los sectores altos de Valparaíso. De no ser por el uso de dicho espejo de agua, expone la sanitaria, un eventual racionamiento del vital elemento habría sido inevitable debido a la conjunción de dos hechos: la falta de lluvias y nieve capaces de alimentar los afluentes que ocupa Esval para abastecer sus plantas de tratamiento y el crecimiento acelerado de la población de Curauma-Placilla en los últimos quince años.

La sequía, instalada en la zona desde hace una década sin dar luces de que amainará pronto, sino todo lo contrario, pone a las autoridades ante decisiones difíciles en toda la Región de Valparaíso. ¿Debe perseverar la práctica del remo o el suministro de agua a la población? ¿Debe primar el riego de extensos campos de cultivo por sobre la disponibilidad de agua potable para los habitantes de comunas donde hoy existe racionamiento? La elección es inevitable, pero tiene costos asociados, efectos secundarios, actividades perjudicadas. El escenario hacia el futuro no es demasiado alentador cuando se trata de la crisis hídrica. Todo indica que la falta de lluvias se transformará en una condición estructural de la zona central debido al cambio climático y eso solo permite prever que los conflictos asociados al suministro de agua se agudizarán. Por ello urge que exista una gobernanza adecuada, con reglas de propiedad, uso y conservación que permitan un trabajo seguro en el largo plazo -no 15 o 20 años, sino que 40 o 50 años-, que además tome en consideración otros procesos sociales en marcha, como el crecimiento demográfico en zonas específicas o el desarrollo de labores productivas con uso intenso de este elemento. ¿Surgirá esta nueva gobernanza del proceso constitucional en marcha? La duda viene por algunas iniciativas que plantean eliminar las concesiones para que se haga cargo el Estado del suministro de agua potable y la construcción de alcantarillado. El gremio de empresas ya calculó que al Fisco podría costarle hasta US$ 9 mil millones la estatización del sector sanitario, pero los costos que debería asumir no terminarían allí. Esval ha invertido cerca de $ 100 mil millones en los últimos años para garantizar su servicio en el área de concesión pese a la sequía. La proyección de dicho escenario nos lleva, una vez más, al ciclo interminable de las decisiones difíciles.

En julio de 2020, cuando la pandemia arreciaba en Chile y el mundo, nos sumamos como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) a una serie de organizaciones que propusieron al Ministerio de Obras Pública (MOP), como encargado del plan Paso a Paso de contención y reactivación, una serie de iniciativas para hacerse cargo de los problemas de empleo que afectaban a la construcción. A pesar de no haber tenido una interlocución permanente respecto de estas propuestas, hemos podido constatar, a partir de los resultados alcanzados en materias de inversión pública durante los últimos 18 meses, que logramos una plena coincidencia con las autoridades en estos aspectos.

En efecto, el aumento de los contratos de obras tradicionales que ha suscrito el MOP durante este período, los avances en la ejecución de proyectos de EFE y Metro, el destrabamiento de mejoras sustantivas en algunas concesiones que mostraban restricciones como consecuencia de una mayor demanda y el empuje que se le ha dado a otras, han tenido un efecto importante, al punto que hoy el sector de la construcción cuenta con un nivel de empleo similar al de antes de la pandemia.

Este impulso a la infraestructura debiera ser la tónica que se mantenga durante los próximos años, de modo de contribuir desde esta actividad a nuestro desarrollo.

En el entendido que los recursos públicos serán escasos, es claro que existen las disponibilidades en el sector privado para contribuir con este propósito. Esto queda en evidencia por el interés mostrado por parte de inversionistas extranjeros de participar en las últimas licitaciones y por las declaraciones de importantes directivos de las principales empresas que operan en este rubro. Su mirada de Chile en una perspectiva de futuro les permite soslayar las incertezas del corto plazo y proyectar sus inversiones, en el convencimiento de que seguiremos siendo confiables, independientemente de quién nos gobierne durante el próximo periodo presidencial.

Esto no nos exime de avanzar en nuevas exigencias para la inversión en infraestructura. Por lo pronto, hay que asumir que esta debe constituirse en un aporte para progresar sostenidamente en el proceso de descarbonización y no en un factor adicional de emisiones. De igual forma, las inversiones sectoriales deben contar con la aceptación ciudadana para llevarse a cabo; es la comunidad la que debe valorar el esfuerzo que se hace para dotar al país de mejoras sustantivas en nuestra capacidad de prestar servicios. Por último, es necesario insistir en que inversiones de esta naturaleza deben estar disponibles para someterse al escrutinio público en todas sus fases. Una adecuada gobernanza para el sector es fundamental para contar con la confianza necesaria que facilite el pleno despliegue de los recursos disponibles para mejorar nuestra habitabilidad.