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Incluso, Cerda recordó ante el tribunal que "en el caso de la escuela a mi cargo, Escuela Uruguay, se me instruyó que debía comprar al esposo de doña Silvana Sáez (Mario Díaz), director del Liceo Técnico Femenino".
Mario Díaz, en su declaración ante el TER, asegura que las acusaciones no son efectivas, "producto de que toda acción que se realiza en talleres de producción pedagógica de los estudiantes se realiza bajo un modelaje que viene desde el mismo Ministerio de Educación y que no tiene ninguna diferencia con lo que hacen los estudiantes en su prepráctica, práctica, actividades dual o alternancias", que son mecanismos curriculares que contempla el propio Mineduc para la formación técnico-profesional.
"Al realizar talleres productivos con vinculación pedagógica con los estudiantes, ejemplo, en gráfica, imprenta, se diseñaban agendas las que eran solicitada por colegios que eran externos a la Corporación Municipal así como liceos de la Corporación. Esto ocurría porque el establecimiento tenía facultades delegadas, que le da la connotación de tener producción y de alguna manera, invertir lo que se realiza en mejorar la calidad de educación dentro del establecimiento", añade.
Otro punto de prueba vinculado a la Cormuval, tiene relación con demostrar si los liceos prestaron servicios de coctelería a la Corporación y a privados, con alumnos menores de edad, sin autorización de sus padres y que habrían recibido pagos por labores de garzonería y cocinería.
Según Juan Cerda, alumnos y alumnas del Liceo Técnico trabajaron en la despedida a los octavos básicos de la Escuela República de Uruguay en diciembre de 2017, en la que recibieron un pago de $7.000 por movilización; como también en el festejo que organizó el Colegio de Profesores, presidido por Mario Díaz, por el Día del Profesor ese mismo año: "Esa fiesta se realizó en dependencias del Liceo Técnico e incluyó el trabajo de coctelería y garzonería por parte de los estudiantes de la propia institución".
Gianni Rivera, exdirector de la Cormuval, dijo por su parte que "se lo dije personalmente al alcalde -la situación- y él nos dijo que estaba todo en orden, porque era una práctica que se venía haciendo desde mucho tiempo y él la iba a mantener, porque a su juicio estaba todo en regla. Le insistí que estábamos frente a un posible trabajo infantil y vulneración de derechos, pero él lo desestimó diciendo que había una motivación política en mi denuncia".
En tanto, desde la vereda del alcalde porteño, Allyson Puebla, asistente social a cargo del área de convivencia escolar del Liceo Técnico, dice que todas las actividades con estudiantes tenían un fundamento pedagógico, vinculado a su especialidad.
"Había una actividad en específico en que los estudiantes trabajaban una semana para preparar un evento que está relacionado con su carrera, donde tenían la oportunidad de preparar alimentos o insumos con materia prima con la que no tenía acceso siempre", plantea en su declaración.
Agrega que "en relación a que hayan trabajado menores de edad, casi siempre los estudiantes eran alumnos de cuarto medio de 18 o 19 años". Y respecto de la acusación de "explotación infantil", señala: "Me sentí ofendida porque hay pasos y protocolos, un trabajo previo para ayudar a los estudiantes, señalar que es trabajo de menores de edad es dañino para la comunidad escolar y por mi trabajo, que velo por los estudiantes. Se pasó a llevar nuestro trabajo con ellos".
En tanto, Alejandra Videla, profesora del mismo establecimiento es tajante en su declaración: "El alcalde no tuvo participación en esto. En cuanto al tiempo que se realizan estas actividades, son desde siempre, no solamente en el nuestro, sino que en todos los liceos técnicos"
Control al comercio ambulante
El hecho de prueba 27 busca establecer si hubo falta de fiscalización respecto del comercio ambulante. La parte acusadora llamó a declarar al abogado Rodrigo Díaz Yubero, conocido por denunciar la proliferación del comercio ilegal en el eje de la plaza Aníbal Pinto, calle Bellavista, Condell y el eje de las avenidas Pedro Montt y Uruguay, en el plan de Valparaíso, razón por la que ha presentado recursos de protección ante la Corte de Apelaciones, el primero de ellos en 2018 "por situaciones vinculadas con la inseguridad, ruidos molestos y comercio ilegal".
"Estando acogida la sentencia, sin embargo, las consecuencias del fallo que entre otras cosas ordenó el cumplimiento del deber del municipio de fiscalizar las actividades del comercio ilegal nunca fue cumplido suficientemente, y todo lo contrario, la situación se mantiene al día de hoy", atestiguó ante el TER, asegurando además que presentó un segundo recurso este año.
El jurista estimó en su declaratoria que "la municipalidad, de manera reiterada ha señalado sus dificultades para cumplir porque no tendría el número de fiscalizadores adecuados, ni habrá contado eventualmente con la colaboración de otras instituciones que los acompañaran en las labores de fiscalización, como Carabineros", lo que a su juicio y el de la Corte de Apelaciones asegura, es demostrativo "de la falta de coordinación adecuada, y además de un razonamiento que pretende traspasarle a las personas que vivimos en la ciudad los costos de la insuficiencia de recursos, siendo deber del municipio dotarse de forma adecuada".
Por contraparte, Ezio Pasadore, director de emergencias de la Municipalidad, en su declaración expresa que "desde que asumí la dirección de operaciones de la Municipalidad de Valparaíso y en consecuencia la jefatura mayor del departamento de inspectoría urbana y durante los 16 meses que estuve en dicho cargo, el alcalde me solicitó en reiteradas ocasiones que yo efectuara trabajos de limpieza, orden y retiro de infraestructura de comercio ambulante en el único lugar de la ciudad en el cual, durante esos meses, marzo de 2020 a agosto de 2021, se efectuaba comercio ambulante, que era el sector de Mercado El Cardonal". Además, indicó que inspectores municipales y Carabineros fiscalizaban en dicho sector.
Una postura similar manifiesta la concejala Gilda Llorente. La exdirigente vecinal explicó ante el TER que "se han realizado fiscalizaciones permanentes al comercio informal, yo recuerdo siendo consejera comunal que se propuso un estudio para poder mitigar las situaciones de este comercio informal y solucionarlo. El concejo anterior votó en contra, por lo cual no se pudo realizar y lo que sí se realizó fue un ordenamiento a través de un empadronamiento de los comerciantes que tenían permisos para saber quiénes eran y su ubicación".
Las audiencias de los testigos se retomarán este martes 29 de marzo. Se avecinan jornadas clave en este proceso, por lo que ambas partes han optado por la cautela y la reserva en los comentarios. La defensa del alcalde Jorge Sharp se excusó de participar en este reportaje, mientras que hasta el cierre de esta edición, el abogado Rodrigo Flores no respondió los llamados y mensajes de este Diario para conocer las impresiones de los requirentes. 2
Debíamos dejar de comprar colaciones y alimentos a Sabores Porteños y todas las compras debían realizarse respecto de cuatro establecimientos".
Toda acción que se realiza en talleres de producción pedagógica de los estudiantes se realiza bajo un modelaje que viene desde el mismo Ministerio de Educación".
El 15 de marzo comenzaron a declarar los testigos de los requirentes. Luego declararon los testigos de la defensa de Sharp.
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(El fallo que) ordenó el cumplimiento del deber del municipio de fiscalizar las actividades del comercio ilegal nunca fue cumplido suficientemente".
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Recuerdo (...) que se propuso un estudio para poder mitigar las situaciones de este comercio informal y solucionarlo. El concejo anterior votó en contra".
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Me sentí ofendida porque hay pasos y protocolos, un trabajo previo para apoyar a los estudiantes, señalar que es trabajo de menores de edad es dañino para la comunidad escolar".
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