Mañana se vivirá una jornada clave en la causa por daño ambiental en el parque industrial de Quintero-Puchuncaví. El caso se remonta al año 2016, con la demanda presentada por el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Horcón y el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Ventanas, en contra de las empresas instaladas desde hace varias décadas en el lugar y del Estado de Chile, representado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Este lunes, la escena estará concentrada en el Segundo Tribunal Ambiental, lugar al que están citados los alcaldes de Quintero, Mauricio Carrasco, y Puchuncaví, Marcos Morales, para participar en reuniones bilaterales que abordarán un inédito acuerdo de conciliación, que busca dar solución integral al conflicto que enfrenta a los trabajadores del mar y activistas ambientales con las empresas del barrio industrial y el Estado, por los reiterados episodios de contaminación. El objetivo es ambicioso, pero en la perspectiva del propio presidente del tribunal, Alejandro Ruiz, es también una oportunidad para zanjar un problema que tensiona desde hace décadas a las comunidades del sector.

En el marco de estas acciones, los ministros del organismo visitaron la bahía de Quintero-Puchuncaví en enero del presente año. Recorrieron los barrios, entraron a las empresas y hablaron con los vecinos, en un esfuerzo por conocer en terreno el impacto de las faenas industriales. "Sabemos que estamos frente a un conflicto social que surge de situaciones de contaminación ambiental. Es por ello que durante todo este tiempo hemos estado buscando un acercamiento entre las partes, logrando una conversación de buena fe entre ellas", detalla el ministro Alejandro Ruiz.

"Ya hemos oído a actores locales relevantes, como los presidentes de caletas de pescadores, entre otros. En esta oportunidad el Tribunal ha determinado escuchar a las máximas autoridades municipales, a fin de conocer su visión y diagnóstico del conflicto. Ello permitirá proponer unas bases de arreglo que apunten al corazón del mismo", complementa el jurista.

Si bien reconoce que los alcaldes no son partes directas en el proceso -es decir, no son demandantes ni demandados-, es relevante tener su visión, ya que "de alcanzarse un acuerdo, éste se materializará en el territorio correspondiente a sus respectivas comunas, teniendo repercusiones en sus habitantes".

Respecto de estas diligencias más recientes, Ruiz sostiene que desde el Tribunal están trabajando "en una propuesta final de conciliación que no sólo sea aceptable por las partes, sino que sea duradera en el tiempo y que logre traer progresivamente paz social a todos los actores involucrados". Un objetivo que podría sentar un precedente inédito en la región, al ser el primer acuerdo macro con participación de la comunidad y tratar de paliar un problema que para los habitantes de la zona se arrastra desde hace varias décadas.

Mira con distancia

Alejandra Donoso, abogada ambientalista y una de las partes querellantes en la causa, reconoce que la búsqueda de un acuerdo representa un esfuerzo importante por parte del Tribunal, aunque observar con cierta distancia la solución a la que se pueda llegar en un proceso que, admite, "dimos por frustrada la posibilidad de llegar a algún acuerdo, porque dada la magnitud del daño que se ha ocasionado y la falta de voluntad por parte de las demandadas de hacerse cargo realmente de la situación, eso se dio por descartado. Esto, sin perjuicio de que el Tribunal, actuando como amigable componedor, se dio la tarea de hacer un estudio para proponer bases de acuerdo".

la acción por daño ambiental presentada hace seis años por pescadores de la zona, podría llegar a buen puerto próximamente, generando un precedente relevante para la región.

Nicolás Reyes Acevedo

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