Katherine Escalona M.

A principios de marzo asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso la ministra Carolina Figueroa Chandía, quien reconoce que en su periodo se vienen nuevos desafíos gatillados, principalmente, por los cambios de movilidad producto de la pandemia de covid- 19 y la reactivación que se está dando en las últimas semanas.

El mayor ingreso de casos y la demanda por parte de la comunidad es algo que tiene en vista Figueroa y afirma que, dado el escenario, se deben "redoblar los esfuerzos" y con esto acelerar la administración de la justicia en la región que seguirá con sistema híbrido de funcionamiento por la contingencia sanitaria.

No ajena a los temas de cambios, la magistrada dice que se tomarán medidas para la mejora del sistema y también se pronuncia respecto a las modificaciones que propone la Convención Constitucional que ha planteado un rediseño al Poder Judicial, instaurando el concepto de "pluralismo jurídico".

- ¿Cuáles son los desafíos que asume con el cargo y cuál es la proyección?

- La dirección de una Corte de Apelaciones, y sobre todo de una tan grande como la de Valparaíso, siempre es un enorme desafío. Como ya lo he manifestado, la reactivación de los procesos que se encontraban paralizados o postergados en los tribunales de primera instancia, debido a la emergencia sanitaria, provocará un aumento considerable en el trabajo de esos tribunales y en el volumen de ingreso a la Corte, lo que se traduce, a su vez, en un aumento en el trabajo de todos quienes somos parte de los tribunales de la región. Entonces, dentro de las medidas que se han adoptado para hacer frente a esa reactivación, se han aportado recursos humanos (jueces, juezas y personal) para los tribunales de primera instancia. Lamentablemente, en ello no se contempló a las Cortes de Apelaciones, pensando, quizás, en que el efecto no sería tan inmediato, lo que nos llevará a redoblar los esfuerzos para responder pronta y oportunamente a los requerimientos de los usuarios.

- ¿Ese es el principal desafío?

- Sí. En consecuencia, el principal desafío para este año será hacerse cargo de ese aumento de ingreso que se prevé y adoptar las medidas necesarias para que, paulatinamente, los tribunales de primer grado vayan volviendo a su funcionamiento "normal".

- ¿Cuál cree que es lo más complejo de afrontar, considerando que los últimos años han estado marcados por el estallido social y la pandemia?

- Indudablemente asumir el aumento de la carga de trabajo que implicará la reactivación de los procesos en los tribunales, lo que llevará a realizar un doble esfuerzo para poder acelerar la administración de justicia en la región; y desde el punto de vista humano, adoptar medidas para que el retorno paulatino a las labores presenciales, luego de casi dos años de teletrabajo, provoque el menor impacto en la salud física y mental del personal, puesto que ello significará un esfuerzo grande de readaptación tanto laboral como familiar.

Aumento y pandemia

- El presidente saliente de la Corte reconoció que existe un aumento en el ingreso de causas de un 28% y los recursos de protección son los que tienen mayor representatividad. ¿Cómo ve la situación? ¿Se estudia un plan de acción para evitar un colapso?

- Efectivamente eso es así y ya desde la gestión anterior se han adoptado medidas para hacer frente a esta situación, como lo es el aumento del número de causas que cada día se incluyen para el conocimiento de las cinco salas de la Corte. Actualmente estamos creando equipos de trabajo de personal que se ha ofrecido voluntariamente para formar parte de ellos y así poder abordar el aumento de recursos de protección, sobre todo por medidas de expulsión de extranjeros, demora en la resolución de las solicitudes de visas definitivas y los que se deducen en contra de las Isapres. Pues si bien con la suspensión legal del alza del precio anual de los planes de salud ese ingreso ha bajado, se ha incrementado por otros motivos, como lo son el alza en el precio de los planes de salud por incorporación de una nueva carga o por la aplicación que realizan esas instituciones de la tabla de factores de riesgo, que ya se encuentra derogada. Eso se ha abordado tratando de descomprimir el trabajo de las áreas más críticas y redistribuyendo las labores en forma más equitativa. Además, contamos con una unidad especial que se ha encargado de asumir la tramitación de los recursos de protección en contra de las Isapres. Pero, permanentemente, se está evaluando el resultado de esas medidas y sus posibles modificaciones en pro de una buena gestión.

- ¿Cómo se ha podido visualizar el funcionamiento del sistema judicial en la Región estos últimos meses? ¿Se puede ver una operatividad más normal?

- Desde fines del año recién pasado y durante el presente año ha aumentado la posibilidad de agilizar el trabajo judicial, con un mayor número de audiencias en materia penal, laboral y de familia; y con el término, en el mes de noviembre, de la suspensión de las causas en estado de prueba en materia civil, lo que ha significado un avance. En materia de medidas sanitarias se han modificado las instrucciones en torno al ingreso de intervinientes a los tribunales, flexibilizándolo, por ejemplo, la exigencia de pase de movilidad. A ello ha contribuido el hecho de que la nueva cepa del covid, si bien es más contagiosa, es menos agresiva, lo que implica que, no obstante tener aún un número importante de personal contagiado, su gravedad es menor y, consecuentemente, su ausencia también. A lo anterior se une la posibilidad del teletrabajo, que ha permitido seguir trabajando desde los hogares durante los períodos de cuarentena, disminuyendo así el número de licencias médicas.

- Si siguen mejorando las medidas sanitarias en relación con la pandemia, el sistema ¿podría comenzar a operar como antes?

- La posible llegada de la normalidad a los tribunales, como en toda institución del país, está ligada a otras variables como la mantención del estado de emergencia sanitaria, el efecto que el covid pueda provocar en el personal y las instrucciones que al efecto disponga la Excelentísima Corte Suprema, que, como dije, en ocasiones les permite seguir trabajando desde sus hogares a través del teletrabajo (...). Por ejemplo, en el caso de los alegatos frente a las Cortes de Apelaciones en que no se exige la presencia de las partes, las alegaciones de los abogados por Zoom han significado la posibilidad de que los colegas puedan ejercer ese derecho independientemente del lugar en que se encuentren.

- Entonces, ¿no se podría hablar aún de un retorno total?

- La vuelta a la normalidad como la conocíamos antes de la pandemia resulta aún incierta, y quizás sea posible mantener algunas de las actividades judiciales en la forma que se realizan hoy en día y que aparecen más acordes con los tiempos y con los medios tecnológicos con que contamos.

Rediseño del P. JUDICIAL

- A nivel nacional existen propuestas en la Convención y se ha hablado de un rediseño al Poder Judicial e incluso se ha instaurado el concepto de "pluralismo jurídico". ¿Cómo ve la situación?, ¿está de acuerdo con el cambio de concepto?

- Desde luego, todo sistema es perfectible. En cuanto al pluralismo jurídico, tal como lo señaló el señor presidente de la Excelentísima Corte Suprema, queda por definir el sistema orgánico, es decir, quiénes serán los que tendrán a su cargo la jurisdicción indígena, cómo y cuáles serán los procedimientos respectivos y qué normas se aplicarán a casos en que se encuentre involucrado un miembro de una comunidad indígena. Además, debemos recordar que ya existen leyes como la 16.441, conocida como Ley Pascua, que contempla un trato más acorde con los principios y costumbres reconocidos y aceptados por el pueblo rapa nui; o la Ley 19.253 que, además de crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, establece normas sobre la Protección y Fomento de las Comunidades Indígenas, cuya aplicación puede servir de guía para la decisión de asuntos que afecten a miembros de esas comunidades; o la 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos originarios. Toda esta normativa debería obligar al juez, cualquiera sea su etnia, a cumplir con el imperativo establecido por el Estado a todas sus instituciones a reconocer esa diversidad y actuar en consecuencia.

- ¿Qué se debería potenciar?

- En cuanto a la mejor solución de los conflictos, creo que debería potenciarse más los sistemas alternativos de resolución de conflictos como la mediación. La incorporación de las soluciones colaborativas frente a un conflicto jurídico puede satisfacer de mejor manera las necesidades de las partes. Existen avances de esta naturaleza en materia escolar, comunal y, por ejemplo, en materia de familia, que, además de descomprimir el sistema judicial, logra satisfacer en mejor medida los intereses de las partes, en cuanto la solución proviene desde ellas mismas y no es impuesta por un tercero, como es el caso de una sentencia judicial.

"En cuanto a la mejor solución de los conflictos, creo que debería potenciarse más los sistemas alternativos de resolución de conflictos como la mediación".

"Estamos creando equipos de trabajo de personal que se ha ofrecido voluntariamente para formar parte de ellos y así poder abordar el aumento de recursos de protección".