Los integrantes del Segundo Tribunal Ambiental realizaron una visita de inspección a la red de estaciones de monitoreo del área Quintero-Puchuncaví, con el objetivo de constatar el funcionamiento del sistema de detección de la calidad del aire en ese castigado sector. El presidente de la instancia, Alejandro Ruiz, declaró que se analizará la información obtenida en terreno, con el fin de determinar si se está cumpliendo con la normativa o se requieren ajustes. Lo anterior supone un cambio en disposiciones y también el perfeccionamiento de la tecnología que se aplica.

Todo eso está muy bien, pero el castigo ambiental al sector se mantiene en otro frente que no detecta el sistema de monitoreo, como son los reiterados varamientos de carbón en la costa, derivados del desembarque se ese combustible destinado a las plantas termoeléctricas. Aquí no se trata ya de partículas que exigen estaciones de monitoreo, sino que de material que cae a las aguas y llega a la costa, generando contaminación a los suelos y un grave daño a la flora y fauna marina.

Ante esta realidad, y tras recursos judiciales, la Corte Suprema dictó un fallo que obliga a las empresas responsables de esa contaminación a tomar 15 medidas para evitar el problema, estableciendo que sería la Corte de Valparaíso la encargada de controlar el cumplimiento de esa resolución. Sin embargo, han pasado ocho meses y en ese lapso se han registrado 55 varamientos de carbón.

Ante está verdadera burla a la Justicia y especialmente a la población, representantes de los afectados, junto al senador Juan Ignacio Latorre, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigiendo el cumplimiento del fallo. El pedido al tribunal de alzada es que busque fiscalizar e interpelar a los recurridos y también a las autoridades del Medio Ambiente del Gobierno entrante.

Por su parte, la abogada Javiera Tapia, patrocinadora del recurso ante los tribunales, afirmó que "el fallo está listo para cumplirse hace más de ocho meses". Entiende la profesional que "tienen que implementarse ciertas medidas y que no se puede esperar que un cambio tan profundo como el que se plantea en el recurso de protección sea un día para otro". Recuerda, además, que en el auto acordado que regula la tramitación del recurso de protección se establecen algunas sanciones a las autoridades y personas recurridas que no cumplan con lo establecido en el fallo.

Por su parte, el investigador de la Fundación Terram, Hernán Ramírez afirmó que tras de la reiteración del problema "es hora de tomar decisiones drásticas y concretas para que esto no siga ocurriendo".

Es cierto, tras ocho meses ha llegado la hora de adoptar medidas que aseguren el fin de los varamientos y la hora también de fiscalizar y aplicar sanciones, responsabilidades que recaen en la Corte de Apelaciones de Valparaíso según lo estableció en su oportunidad la Corte Suprema.

Durante estos días hemos sido testigos de un inusitado aumento en la violencia escolar. Hemos sido testigos de riñas, agresiones con arma blanca y amenazas de índole sexual. El espacio que nosotros esperamos sea un lugar de protección para nuestros hijos e hijas nos ha levantado más inquietudes que certezas. Escuché a un responsable de convivencia escolar, quien declaraba sentirse viviendo en la posguerra, después de un complejísimo período de pandemia durante el cual nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA) se vieron enfrentados a la carencia de socialización, esencial para el desarrollo de las normas mínimas de convivencia. Urge hacer algo, pero ¿da lo mismo lo que se haga?

Un famoso basquetbolista comentaba que cuando una persona tiene una mala técnica para lanzar al aro y práctica mucho, se puede volver un experto en lanzar mal. De una u otra manera, este ejemplo se aplica a la forma en la que implementamos políticas públicas, muchas veces carentes de la necesaria evidencia para estar seguros de que lo que hacemos aporta al desarrollo y no se trata de una medida iatrogénica. Por supuesto que urge hacer algo, pero también urge que tomemos estas medidas con la mayor responsabilidad posible y que implementemos aquello que ya cuenta con fuertes fundamentos basados en la ciencia. Tomando en cuenta la pandemia, la vacuna contra el covid-19 solo se utilizó cuando existieron los ensayos clínicos que respaldaron su seguridad y su eficacia, y los organismos competentes nos invitaron a evitar soluciones milagrosas sin ningún respaldo científico.

En el ánimo de aportar en este proceso de construcción de una socialización nueva, la Fundación San Carlos de Maipo, creada por la Sociedad del Canal de Maipo, recopiló un conjunto de estrategias o prácticas basadas en evidencia que aportan a la disminución de los factores de riesgo y al aumento de los factores protectores que están a la base de conductas problemáticas tan complejas como la violencia o el consumo de sustancias. Prácticas como saludar a los alumnos en forma personalizada antes de entrar a la sala o priorizar interacciones positivas sobre negativas en una razón de 5 a 1 son estrategias que ya cuentan con evidencia a nivel internacional y que, por lo tanto, nos dan un contexto para saber que lo que implementemos va a tener resultados positivos.

La invitación que queremos dejar como fundación a las diferentes comunidades escolares del país es a incorporar este tipo de prácticas y elegir aquellas que les hagan más sentido. Así esperamos que un nuevo tipo de interrelación aparezca, una que aporte al desarrollo y despliegue de todo el potencial de cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes.