Redacción /Efe

En el primer día de los alegatos orales del juicio entre Chile y Bolivia por el estatus y uso de las aguas del Río Silala, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), la agente y subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, afirmó que "existen estudios geológicos y geomorfológicos que indican, de forma concluyente, que el río ha fluido desde lo que hoy es Bolivia a lo que hoy es Chile a lo largo de al menos 8.400 años".

Chile aseguró que Bolivia se ha retractado de la mayoría de las posiciones mantenidas al principio del litigio, en 2016, cuando el país vecino presentó estudios que "vienen a confirmar lo dicho durante años, que el Silala fluye de forma natural" hacia la Región de Antofagasta.

Hay "documentos, mapas y declaraciones explícitas de autoridades bolivianas", agregó la representante de la Cancillería, destacando que "existen estudios geológicos y geomorfológicos que indican, de forma concluyente, que un río ha fluido desde lo que hoy es Bolivia a lo que hoy es Chile a lo largo de al menos 8.400 años".

Bolivia, además, "incluso ha reconocido que el uso pasado y actual que hace Chile del Silala es razonable y equitativo", agregó Fuentes, por lo que Bolivia habría aceptado uno de los argumentos chilenos.

Para la subsecretaria, al reconocer el estatus del Silala como río internacional, La Paz "ha abandonado la reivindicación de deuda histórica", es decir, el reclamo de un pago por el uso de las aguas durante los últimos 100 años. Debido a esto, la autoridad aseguró ante los jueces que, por el cambio de la posición de Bolivia durante la fase de alegatos escritos, se le ofreció al país vecino un acuerdo que evitara el pronunciamiento de la corte de La Haya.

La representante de la Cancillería dijo luego ante los jueces que el pacto "resultó ser imposible", por lo que será el alto tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el que determine el uso y estatus del Silala.

Una de las pruebas que Chile presentó fue un mapa anexo al Tratado de Paz y Amistad de 1904, que puso fin a la Guerra del Pacífico, en 1879. El documento está firmado por los ministros de RR.EE. de ambos países, y en el aparece el actual flujo del Silala cruzando la frontera, por lo que ya en ese momento Bolivia habría aceptado el estatus del recurso hídrico como río internacional, por lo que cada uno tiene derecho al uso "razonable y equitativo" de sus aguas.

"flujo artificial"

Para Bolivia, el origen subterráneo del caudal del Silala en su territorio lo convierte en un "recurso inmovilizado no renovable", no en un río, por lo que eventualmente podría cobrar a Chile una compensación por el uso de sus aguas. Junto a ello, el país vecino señala que obras realizadas en 1908 por Antofagasta-Bolivia Railway Company, desviaron el curso de agua.

La Paz, por esto, reclama "la soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala que se encuentran en su territorio", y asegura que "Chile no tiene ningún derecho a ese flujo artificial" (ver recuadro).

Uno de los abogados del equipo chileno, Alan Boyle, señaló que el término "flujo artificial" se refiere a un presunto aumento del caudal producido por las obras, pero "no hay base jurídica para que Bolivia reclame derechos de soberanía exclusiva" sobre ese porcentaje mayor de agua porque "se trata del mismo caudal".

Fuentes agregó que esta afirmación "carece de cualquier base objetiva coherente", y "no fue Chile quien autorizó la construcción de los canales".

Tras conocer la caída de la actividad económica de 0,7% en febrero con respecto al mes anterior (creció 6,8% interanual), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer los ejes de un plan de seis puntos para una "recuperación inclusiva".

Tras una reunión del Comité Interministerial de Respuesta Pandémica, Marcel indicó que el plan está dirigido a "ciertos sectores que se han ido rezagando o que mantienen un rezago importante respecto de otros que han liderado la recuperación, tipos de empresas que han sufrido más las consecuencias de la crisis; y también tenemos desafíos futuro, como la recuperación de la inversión.

El primer eje, dijo Marcel, tiene relación con la reincorporación al trabajo remunerado, pues "todavía hay una fracción significativa de trabajadores en particular que salieron del mercado durante la crisis y que todavía no han regresado", lo cual afecta especialmente "a muchas mujeres que dejaron sus actividades para poder dedicarse al cuidado de los niños".

Es por ello que habrá "incentivos económicos a la contratación y programas para fortalecer capacidades y posibilidades de obtener un trabajo remunerado y formal en el futuro inmediato".

En inversión pública, se buscará incrementarla para impulsar la creación de empleo y "también porque este 2022 va a ser un año relativamente débil en inversión privada", agregó.

Tercero, habrá apoyo "a sectores rezagados, principalmente servicios, actividades ligadas a la cultura, hotelería y turismo", entre otros.

Un cuarto eje es buscar una solución a a las pymes que han ido acumulando deudas, "particularmente tributarias", y brindar un impulso a aquellas mipymes que "no han tenido acceso al crédito".

En los últimos dos ejes, anunció el ministro, habrá medidas para mejorar los ingresos y moderar el costo de vida; y se buscará además institucionalizar medidas de protección económica y social para enfrentar un eventual "shock importante sobre la economía" a futuro.

En su análisis, el Banco Central señaló que la producción de bienes cayó 4,5% e incidió fuertemente en la baja, y que es un resultado que se explica por el desempeño de la minería, que registró una disminución de 6,4% y de 2,6% de la industria manufacturera. Esta última, en términos desestacionalizados, determinó que "la producción de bienes" cayera "0,5% respecto del mes anterior".

El ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quedó en calidad de detenido por orden de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, luego de concurrir como inculpado ante la jueza en los Tribunales de Justicia, donde eligió su derecho a guardar silencio.

La diligencia se realizó como parte de la investigación por "fraude" al interior del Ejército.

La prisión preventiva fue decretada como medida cautelar por cinco días, junto con orden de arraigo nacional.

Según Juan Carlos Manríquez, abogado defensor del militar en retiro, "el tribunal ha decidido no procesarlo aún, en espera de estos cinco días, ha decretado este arraigo provisorio y la detención provisoria, en principio hasta el próximo martes", aunque "puede resolverse antes".

Sobre el silencio de Martínez, el jurista explicó que el Tribunal Constitucional aún no resuelve sobre el recurso de inaplicabilidad que presentaron y también solicitaron resolución con las "sospechas claras" contra el exuniformado.