Tarea pendiente tras fallo en el caso Correa
La restitución de los terrenos de la víctima es una acción ineludible tras el fallo condenatorio a los responsables del brutal homicidio. Valentina Correa, hija de la víctima, declaró que "desde que mataron a nuestro papá hemos atravesado un camino muy complejo, muy duro. Enfrentarnos a los detalles del crimen nos ha horrorizado y causado mucho dolor".
Finalmente, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpables a los cuatro implicados en la muerte del empresario Alejandro Correa, hecho ocurrido hace casi dos años. El ingeniero fue ultimado a tiros en la puerta de su residencia de Concón por el sicario colombiano Víctor Gutiérrez, contratado para la letal operación por Renato López, quien había sido demandado civilmente por la víctima. La acción judicial estaba originada en la ocupación ilegal de terrenos de Correa que habría hecho López.
El veredicto, pronunciado por la magistrada Mónica López, redactora del fallo, establece en su parte medular que "estando vigente la causa civil, el acusado Renato López Fuentes decidió dar muerte a Alejandro Correa, para cuya planificación y posterior materialización se contactó con el acusado Víctor Gutiérrez Londoño".
El fallo condena a López como autor de homicidio calificado y al sicario colombiano como autor de homicidio calificado y también en grado de tentado contra Claudio Muzzio, amigo de la víctima, que se encontraba en el lugar de los hechos. Además, fueron condenados, por homicidio Claudio Riveros, quien llevó en su vehículo a Gutiérrez, y por homicidio en calidad de cómplice a Melissa Palma, pareja del sicario. La sentencia contra los condenados será pronunciada el 18 de este mes.
Valentina Correa, hija de la víctima, en representación de la familia, junto con valorar la sentencia declaró que "desde que mataron a nuestro papá hemos atravesado un camino muy complejo, muy duro. Enfrentarnos a los detalles del crimen nos ha horrorizado y causado mucho dolor". Reconoció que aún quedan etapas por recorrer, entre las cuales se encuentra la recuperación de los terrenos ocupados ilegalmente, hoy habitados, propiedad de Correa.
Un severo castigo a los culpables es necesario, pero desde el punto de la seguridad de la sociedad misma, queda dando vuelta el caso del homicidio cometido por encargo. La ocurrencia de este tipo de ilícitos es nuevo en nuestro país y es la réplica de casos que vienen ocurriendo en el extranjero, en conflictos generalmente ligados a la droga.
La comisión de estas acciones demuestra que se pierde de vista el valor de la vida humana y que si una persona se muestra como un obstáculo, simplemente, se elimina. Aquí Correa, con su mencionada acción civil, fue un tropiezo para una lucrativa ocupación ilegal y había que eliminarlo.
Así, tras la condena de los culpables en primera instancia y los recursos que posiblemente aparezcan, es necesario hacer justicia en forma integral y restituir el bien secuestrado, tarea pendiente que puede resultar compleja, pero que no puede ser eludida. Eludir ese aspecto del caso sería favorecer esa "sensación de impunidad" con que actuó el homicida López, como acusa Juan Pablo Hermosilla, abogado de la familia Correa.