Anomalías en pago de patentes: directora de Tránsito suspendida
QUILPUÉ. Alcaldesa Melipillán concurrió hasta la Fiscalía local para entregar antecedentes sobre digitadores que adulteraban la tasación fiscal de los vehículos.
Una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables, presentó la Municipalidad de Quilpué tras detectar irregularidades en al menos 76 pagos del permiso de circulación, haciendo perder al municipio sobre los $12 millones 700 mil. Si bien la cifra es mínima en comparación al total de los permisos cancelados durante el actual proceso, que es de 36 mil 810 placas a la fecha, desde la casa consistorial consideran que constituye un hecho grave que involucra a al menos a dos digitadores que fueron apartados de sus funciones.
Durante el proceso de recopilación de datos por parte de la administración municipal, se constató una adulteración de la tasación fiscal de algunos vehículos, generándose una diferencia entre el monto pagado por el contribuyente y el valor establecido por el SII. Así, se hallaron diferencias que van de los $28.253 a $1.560.858, siendo la más grande un permiso de circulación que costaba $1.899.265 y por el que solo se cancelaron $338.407.
Rebaja artificial
"Pudimos determinar, gracias a los mecanismos de control que tenemos establecidos en nuestro Municipio Abierto, que digitadores del proceso realizaron una rebaja artificial de la tasación fiscal de los vehículos y esto terminó en un perjuicio. También detectamos que esto ocurrió en el proceso del año 2021; por lo tanto, y con el compromiso que tenemos con la transparencia y la probidad, decidimos hacer esta denuncia penal para buscar a los responsables y que puedan responder ante la justicia".
Explicó que "los digitadores utilizaban la tasación fiscal, por ejemplo, un vehículo que tenía que pagar cerca de $338 mil por su avalúo fiscal, terminó pagando $27 mil y eso es porque los digitadores adulteraron los datos al momento de ingresar el modelo, el año, y eso hacía que se produjera una rebaja en la tasación".
Se informó, además, que se instruyó un sumario y se determinó la suspensión provisoria de sus funciones de la directora del Departamento de Tránsito, quien ejercía desde la administración anterior.
"Hay que hacer la distinción entre la responsabilidad administrativa y la penal; la responsabilidad administrativa se determinará a través del sumario administrativo que está en curso; eso lo tramita un fiscal nombrado por la alcaldesa, que tiene atribuciones propias determinadas por ley, y por otro lado están los delitos que determine el fiscal (Fiscalía), a través de su investigación, que tiene muchas más herramientas que nosotros para poder investigar, y por eso solicitamos la colaboración del Ministerio Público y la Fiscalía de Quilpué en este caso, para que determine las responsabilidades penales de trabajadores, funcionarios o empresa involucrada", puntualizó Marcelo Figueroa, abogado del Departamento Jurídico del municipio.
Igualmente, se determinó la realización de una auditoría a cargo de una empresa externa para revisar los procesos, sistemas de control, protocolos y eventuales brechas existentes en el sistema de permisos de circulación y licencias de conducir, la que se levantará prontamente en el portal de Mercado Público y será llevado al Concejo Municipal para su votación. Además, la alcaldesa indicó que, para asegurar la transparencia del proceso y el futuro buen funcionamiento del pago del permiso de circulación y en general de la Dirección de Tránsito, se puso en marcha un plan de mejoras de la gestión interna lo que incluye que durante abril se abrirá concurso público de plantas municipales para fortalecer la dirección de Tránsito.
Sanciones penales
El abogado Figueroa explicó que la denuncia tiene que ver con "adulterar el pago final del impuesto que le corresponde al municipio por ley. Habría que distinguir los tipos penales que los va a determinar el Ministerio Público, y la normativa que es propia y se aplica en la municipalidad, en este caso el 192 letra B de la ley de Tránsito y el artículo 50 de la ley de Rentas Municipales".
Añadió que "en relación a las personas involucradas, la Ley de Tránsito establece una sanción de presidio menor en su grado medio o máximo como sanción penal. Para ver lo que pasaría con la empresa, habría que ver las bases de licitación y las cláusulas de los contratos para, eventualmente, sanciones como multa o término anticipado del contrato".
"Digitadores hicieron una rebaja artificial de la tasación fiscal de los vehículos y esto terminó en un perjuicio".
Valeria Melipillán, Alcaldesa de Quilpué
"La Ley de Tránsito establece una sanción de presidio menor en su grado medio o máximo como sanción penal".
Marcelo Figueroa, Abogado Departamento Jurídico