Los últimos casos policiales ocurridos en la región, como el despiadado homicidio de un padre que defendió a su hijo ante un robo, agregan un sentido de urgencia a la discusión y definición de nuevas medidas de resguardo para garantizar la seguridad pública. Por ello llama la atención que en su presentación el lunes del trabajo que realizará para avanzar en una nueva Estrategia Regional de Seguridad, la delegada presidencial, Sofía González,no esbozó acciones inmediatas, pese a la serie de diagnósticos que existen en los estamentos vinculados al tema. Sin ir tan lejos, hace diez días la Fiscalía Regional publicó un completo compendio del incremento de delitos durante el primer trimestre de este año. Destacaba allí el robo con intimidación, tal como le ocurrió a un oficial de Carabineros la semana pasada, quien sufrió varias puñaladas al defender su celular. Carabineros tiene una plataforma interna que permite la georreferenciación precisa de los casos de mayor connotación social y la Subsecretaría de Prevención del Delito posee fondos, estadísticas y un mapeo sobre las reparticiones pertinentes a las cuales acudir según la ocurrencia de un caso. En este escenario, nadie puede argumentar falta de información para ajustar con rapidez los procedimientos policiales.

Sí, es cierto que el proceso anunciado por la delegada González es relevante y necesario, porque incluye un trabajo con organizaciones sociales y gobiernos locales, en un esfuerzo por identificar directamente las urgencias que plantea la propia comunidad, pero como todo levantamiento de información, el esfuerzo representa un duro desafío de recopilación y sistematización de las opiniones recabadas, para luego de ello recién iniciar el análisis de las medidas solicitadas. La delegada González explicó que espera tener un plan regional más definitivo en mayo de este año, luego de realizar jornadas de trabajo con los municipios y las juntas de vecinos de las distintas provincias.

La velocidad de respuesta podría -debería- cambiar hoy, cuando González encabece un comité policial extraordinario para analizar los últimos hechos. Quien no está para esperas largas es el diputado por el Distrito 7 Tomás Lagomarsino, quien ante un tiroteo ocurrido en las inmediaciones del Colegio Leonardo Murialdo, en Valparaíso, escribió en su Twitter un mensaje directo a la delegada presidencial: "Esto no resiste más! Necesitamos el Plan Regional de Seguridad Pública y acciones concretas YA!".

El tiempo apremia, además, porque en sus resultados se juega buena parte de la evaluación que pueda haber del gobierno de Gabriel Boric en la zona. A fin de cuentas, la función de coordinar a las policías y definir las prioridades en seguridad pública es exclusiva de la representante del Mandatario en la Región.

Los recientes sucesos de conflictividad y violencia a nivel país y, particularmente, en espacios educativos, que han generado conmoción pública, evidencian la necesidad de desarrollar procesos de fortalecimiento de la convivencia y la paz. Es preciso considerar, entre otros, la influencia de algunos medios de comunicación y tecnológicos que relevan imágenes asociadas a la violencia, la falta de respeto y el atropello a la dignidad de las personas, configurando una cultura que no considera los derechos de los otros.

Para abordar esta temática es necesario el reconocimiento de las voces de niños, niñas, jóvenes y adultos, elevando los niveles de participación que favorezcan condiciones de bienestar en el contexto de escuelas y comunidades, apuntando al desarrollo humano, socioemocional y educativo, a través de la construcción colectiva del conocimiento, la comunicación y la formación integral.

La existencia de una política nacional de convivencia escolar, actualizada en 2019, tiene como propósito el aprendizaje de modos de convivir que posibiliten relaciones de respeto, de inclusión y de participación democrática, base de la participación ciudadana y del desarrollo integral de los estudiantes, que debe plasmarse en un plan de gestión de la convivencia, liderado por el encargado del área con el que todo establecimiento debe contar. Lo anterior, articulado desde el plan anual de orientación de cada establecimiento, que debe fortalecer el desarrollo de propósitos formativos y preventivos en beneficio del estudiantado y de su crecimiento como seres individuales y sociales, que están disponibles a través de la propuesta ministerial con los ejes temáticos de la orientación.

En este sentido, las políticas públicas, entre ellas las educativas, no pueden apuntar solo al fin de la violencia o pretender la erradicación de los conflictos. Se requiere un trabajo sistemático de prevención de la violencia y construcción de paz, a través de programas, propuestas e iniciativas que otorguen reconocimiento y legitimidad a los(as) participantes, movilizando potenciales humanos, reconstruyendo confianzas básicas, haciendo visibles y audibles las situaciones de la realidad, que usualmente se han mantenido ocultas bajo el manto de la naturalización, para resignificarlas desde la perspectiva de la existencia común.

Como institución formadora relevamos el rol de una educación centrada en el desarrollo humano y en la consideración de las diferencias individuales como una riqueza y un potencial para la construcción de una sociedad más justa y participativa.