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Impugnan licitación para auditoría forense ante el Tribunal de Compras Públicas

VIÑA DEL MAR. Instancia acogió el reclamo y fijó puntos a resolver. Oferente que perdió reclama falta de experiencia e incumplimiento de bases en concurso.
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Pamela Boltei

El Tribunal de Compras Públicas (TCP) acogió una demanda de impugnación por acto arbitrario e ilegal en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, presentada por la empresa Fortunato, a propósito de la adjudicación del concurso público para realizar una auditoría forense a las arcas municipales desde 2016 a 2021.

Apenas llegó a la casa consistorial, la alcaldesa Macarena Ripamonti prometió hacer esta investigación detallada, que busca ahondar en posibles delitos cometidos en la administración municipal anterior de Virginia Reginato, en vista del grave déficit que dejó en las finanzas municipales, los antecedentes que se conocen respecto al pago de horas extra y el complejo estado económico en el que se encuentra la Corporación Municipal.

"Equivocó su accionar"

El contrato con la empresa "Centro de profesionales para el desarrollo de la gestión en innovación SpA" fue firmado el 23 de diciembre del año pasado y el decreto alcaldicio que lo aprueba fue firmado el 27 del mismo mes. Consiste en un pago de $59 millones para la revisión de las arcas municipales desde el 1 de enero de 2016 hasta el 27 de junio de 2021, para lo cual tendrán 210 días corridos desde la firma del decreto.

La indagatoria ya se inició en la casa consistorial y, de hecho, desde enero el equipo auditor se comenzó a instalar en una oficina en el subterráneo para revisar los antecedentes. Sin embargo, dichos servicios fueron cuestionados por una de las otras tres empresas que competían para adjudicárselos: Fortunato y Asociados, cuya oferta económica fue la más baja ($53.000.000).

En la demanda que presentaron el 28 de diciembre del año pasado, y sobre la cual el tribunal decidió recibir la causa a prueba el 8 de este mes, se expresa que la Comisión Evaluadora "equivocó su accionar, desconociendo el texto expreso de las bases de licitación y por errores de hecho que incidieron en haber otorgado el mayor puntaje y adjudicado los servicios a la empresa 'Centro de Profesionales para el desarrollo de la gestión e innovación SpA'", añadiendo que "es del caso que la experiencia como oferente de la empresa adjudicada no reúne los requisitos para acreditar los antecedentes que sirven a este criterio objetivo en el proceso de evaluación. Así, se transgrede las bases administrativas de la licitación en lo que dice relación con lo que ésta entiende por proyectos de similar naturaleza, toda vez que el texto expreso anota que comprende: 'Auditorías (forenses, financieras, contables, análisis de ejecución presupuestaria), evaluaciones, estudios de gestión pública', considerando la amplitud y naturaleza distinta -pero complementaria- de los tres objetivos generales del servicio".

"No reúne los requisitos"

En la demanda se insiste que "es un hecho cierto que la empresa adjudicada no reúne los requisitos de experiencia mínima como oferente en el ámbito de auditoría de estados financieros en el área pública en general y municipal en especial, de características y naturaleza requeridas por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar en esta propuesta pública", y además indica que "los profesionales propuestos por la adjudicada en este criterio objetivo de ponderación de las ofertas no presentan experiencias verificables en auditorías financieras, de control interno o levantamiento de procesos en instituciones públicas en general o municipalidades en especial, todo lo cual importa que dicha oferta es inconveniente a los intereses de la Municipalidad".

A su vez, suman que "a lo menos dos profesionales abogadas presentadas como integrantes del equipo de trabajo de la empresa adjudicada, actualmente son funcionarias dependientes de la Ilustre Municipalidad de Estación Central", por lo que, señalan, "la dedicación que se espera de estas personas en las actividades relativas al desarrollo de la auditoría que pretende la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, se verá debilitada por la dependencia en tiempo y funciones para la Municipalidad que es su empleadora".

Por lo anterior piden suspender el proceso administrativo que da paso a la auditoría, hasta que se resuelva la controversia.

"Cumple con lo solictado"

Sobre esto, y en la misma causa, la directora del Departamento de Asesoría Jurídica, Hiam Ayllach, explicó que se recibieron antecedentes de parte de la empresa adjudicada respecto de su experiencia en auditorías en la Municipalidad de Rancagua, asesorías al Ministerio de Justicia, al Sename, evaluación a tribunales aduaneros, auditorías a Fundación Maltes, Comunidad Le Club, Colegio Internacional de Dentistas, Dirección de Presupuestos, una evaluación al Poder Judicial, a la Subdere, y una auditoría a Dermolife, por lo que "se puede determinar que la empresa adjudicada cumple con lo solicitado, siendo evaluada de forma correcta, tal como se evaluó conforme a derecho a los demás oferentes".

Asimismo, precisa sobre la falta de tiempo que alude el demandante respecto a dos abogadas que trabajan en otra municipalidad, que "no es un requisito de las bases administrativas y/o técnicas la exclusividad de los profesionales que deberán efectuar la auditoría forense contratada, razón por la cual la alegación de la demandante debe ser interpretada únicamente como una especulación o conjetura, un querer o sentir subjetivo de los representantes de la sociedad demandante que esperan que dichas profesionales no puedan desempeñar el servicio para el cual fueron contratadas".

"La experiencia como oferente de la empresa adjudicada no reúne los requisitos".

Fortunato y Asociados, Extracto de demanda ante el Tribunal de Compras Públicas

"Se puede determinar que la empresa adjudicada cumple con lo solicitado, siendo evaluada de forma correcta".

Hiam Ayllach, Directora del Departamento de Asesoría Jurídica municipal

28 de diciembre de 2021, la empresa Fortunato y Asociados presentó la demanda ente el TCP.

Exfiscal Claudio Uribe asume la defensa de Renato López

CASO CORREA. Si bien esperará leer la sentencia de este lunes, no descarta presentar un recurso de nulidad.
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El exfiscal de la Fiscalía local de Valparaíso y expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, asumió la defensa de Renato López Fuentes, condenado el pasado 30 de marzo por el delito de homicidio calificado, en calidad de autor inductor, en contra del ingeniero Alejandro Correa, quien fue asesinado el 18 de mayo de 2020 en el frontis de su casa, ubicada en Bosques de Montemar, en Concón, por Víctor Gutiérrez Londoño, sicario que fue contratado por López para terminar con la vida del empresario, según consta en el veredicto condenatorio del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

De acuerdo a lo precisado por el expersecutor, López, quien durante el juicio oral fue representado por el abogado Héctor Petit, "decidió, entiendo con su familia, buscar alternativas de defensa y me contactaron y yo acepté; y esto, obviamente, ocurrió después del juicio, después del veredicto condenatorio".

"es un caso complejo"

Sobre los motivos que tuvo para aceptar la representación legal de López en este caso que conmocionó al país por estar presente la figura del sicariato, Uribe aseveró que "yo soy abogado, me dedico a defender personas y Renato López es una persona. (…) Obviamente, es un caso complejo y él, como cualquier persona, tiene derecho a la mejor defensa posible y yo creo que estoy en condiciones de brindársela".

Consultado sobre eventuales reparos a la indagación y al desarrollo del juicio oral, respondió que "la visión que nosotros tengamos de la investigación y el juicio la vamos a plasmar en los recursos que eventualmente presentemos y, obviamente, prefiero reservar mi opinión para eso antes de darlo a conocer por la prensa".

Sostiene su inocencia

Cabe consignar que la Fiscalía solicitó al tribunal una pena de 20 años de presidio para Renato López por el asesinato del empresario Alejandro Correa, pena que finalmente se conocerá este lunes 18 de abril, a las 13.00 horas, en audiencia telemática. Sobre sus expectativas en relación a la sentencia, Claudio Uribe prefirió "no elucubrar sobre eso, vamos a revisar la sentencia, la vamos a leer y después de eso plasmaremos lo que opinemos de ello en los eventuales recursos que podamos interponer".

En este sentido, explicó que la acción legal "más evidente es un recurso de nulidad, pero para eso habrá primero que leer la sentencia, revisarla en su mérito". No obstante ello, el abogado manifestó de forma enfática que su representado "sostiene, de forma decidida, su absoluta y total inocencia respecto de estos hechos".

Además de López, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó veredicto condenatorio contra Víctor Gutiérrez Londoño, por los delitos de homicidio calificado contra Alejandro Correa, homicidio en grado de tentado contra Claudio Muzio (que acompañaba a al empresario el día del asesinato) y porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones; Claudio Riveros Canales, por los delitos de homicidio y porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones; y Melissa Palma Valdés, condenada por homicidio, perpetrado en calidad de cómplice.

"Es un caso complejo y él, como cualquier persona, tiene derecho a la mejor defensa posible y yo creo que estoy en condiciones de brindársela".

Claudio Uribe, Abogado

18 Este 18 de abril, a las 13.00 horas, se conocerá la sentencia para los cuatro implicados en el asesinato del ingeniero Alejandro Correa.