Los comerciantes de la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente de Viña del Mar esperaban tener un diálogo fluido con la alcaldesa Macarena Ripamonti, pero hasta ahora no lo han logrado. Es la queja de Javier Álvarez, presidente de esa agrupación, que reúne a 70 locatarios del sector.

Esperaban los comerciantes comprensión a los problemas que han debido afrontar por largo tiempo, pero hasta ahora lo único con que se han encontrado es con una campaña de fiscalización en la cual se les ha notificado infracciones por el tema de las terrazas, instalación de mesas para atender público en algunas aceras.

Afirma el dirigente que algunos comerciantes han hecho inversiones de hasta 4 millones de pesos para adaptar esos espacios, con barreras para proteger a los clientes de la delincuencia y para reparar aceras peligrosas para los peatones. Denuncia que el fin de semana pasado, con un gran movimiento de público, escenario propicio para los emprendedores que vienen soportando graves pérdidas, hubo reiteración de fiscalizaciones y multas.

En un hecho que algunas de las instalaciones en las aceras no cumplen las normas vigentes, materia conversable, pero es cierto también que el comercio del sector y de la ciudad en general enfrenta la competencia de ambulantes que hasta venden alimentos preparados y la amenaza siempre presente de la delincuencia. A ello se suman fallas en el servicio de aseo, que no retira desperdicios los fines de semana y las muchas veces agresiva presencia de "cuidadores de autos".

El dirigente recuerda, además, el endeudamiento que pesa sobre los comerciantes y el esfuerzo que han realizado para mantener su personal. En algunos casos, afirma que "hay locatarios que están siendo empujados a trabajar en la informalidad. Te conviene vender los productos desde tu casa, sin pagar arriendos, sin resolución sanitaria".

Ante esta situación, el diputado RN Andrés Celis, exconcejal viñamarino, estima que la distancia entre la alcaldía y el comercio se debe a una "cuestión ideológica", una noción de que "todo aquello instalado en el plan no requiere ayuda y menos apoyo, que son personas con recursos y que incluso abusan del sistema". Contrasta el mutismo municipal con la actitud de parlamentarios locales, de todos los sectores, que han escuchado la queja del comercio. Insistiendo en la necesidad de diálogo, que se predica pero no se práctica desde la vereda municipal, Álvarez descarta que los comerciantes tengan una posición política.

Lo cierto es que este cierre municipal a conversar no se puede mantener; hay que derrotar la consigna que frena el diálogo. Hay problemas graves que resolver, la terrazas uno de ellos, pero lo más urgente es sumar esfuerzos, públicos y privados, asumiendo que los comerciantes son el motor de la oferta turística de la ciudad y, a la vez, importante fuente de empleo.

En las últimas semanas han recrudecido los ataques en la Araucanía, lo que ha dejado en evidencia que los terroristas buscan convencer a la opinión pública de que ese es el único camino que representa al pueblo mapuche. En realidad, los violentistas pertenecen a agrupaciones menores que se han alejado de la cultura y desvinculado del mundo indígena.

Esto no es sorpresa para quienes llevamos años en estrecho contacto con indígenas que viven en zonas rurales y urbanas de todo Chile. Grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) actúan generando miedo y buscando alto impacto mediático, matando sin excepción, incluso a miembros de las propias comunidades mapuches.

La viabilidad de un acercamiento con ellos es imposible. No podemos sentarnos a la mesa con el fusil en la mano, más aún cuando se exige como moneda de cambio, entre otras cosas, la liberación de los "presos políticos mapuches". Seamos claros: ellos no están en la cárcel por motivos políticos, sino por sembrar el terror, la muerte y el miedo.

El triunfo de la violencia es el fracaso de la política. Por eso es que el aumento de las medidas de seguridad en la Macrozona Sur debe ir aparejado del diálogo, el que solo es posible con organizaciones con vocación pacífica, como la mayoría de las que defendemos los derechos de nuestro pueblo, aunque algunos nos califiquen de "traidores".

Hoy lo más urgente es recobrar las confianzas, rotas por décadas, e incluso por siglos. El Estado tiene que dar señales políticas y avanzar con la mayor celeridad en la postergada entrega de tierras a la comunidades que cumplen con las condiciones establecidas en la Ley Indígena y en la oficialización del mapudungún, a lo menos, a nivel regional. La Convención Constitucional ha trazado el camino correcto al respecto. Ahora debemos respaldar lo consignado en los primeros artículos, que nos reconocen como cultura.

Lo que haga el gobierno del Presidente Gabriel Boric y lo que avancemos en materia constitucional permitirá tender y reconstruir puentes y disipar las sospechas. Con esa condición, la presencia policial en los territorios mapuches debería ser permanente, lo que tiene que ir de la mano del cumplimiento de los compromisos del Estado, porque buena parte de las protestas son causadas por los temas pospuestos.

Ante la urgente necesidad de acercamientos, es muy importante que iniciativas como las mesas de diálogo y los acuerdos a nivel local y nacional se hagan con buena fe y humildad, con la intención de cumplir con los compromisos internacionales alcanzados en distintos organismos internacionales. Este es el único camino posible para acercar posiciones entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

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