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LA TRIBUNA DEL LECTOR Democracia Cristiana, Doctrina Social de la Iglesia y Humanismo Cristiano (IV)

GONZALO IBÁÑEZ SANTA MARÍA, ABOGADO GONZALO IBÁÑEZ SANTA MARÍA, ABOGADO
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El mismo día en que yo respondía los comentarios críticos de Gianni Rivera a mi primera columna sobre el tema que nos ocupa, apareció otra columna, esta vez de Demetrio Infante, también muy crítica de mi posición. No quiero cansar a los lectores repitiendo argumentos. Me remito entonces a lo que ya he sostenido en mis dos columnas anteriores. Solo quiero, en esta ocasión, referirme a un argumento distinto que avanza don Demetrio, cual es el de la novedad de la "moderna" doctrina social de la Iglesia que, según él, "se funda básicamente en tres documentos: la encíclica Rerum Novarum, publicada en mayo de 1891 por el Papa León XIII, la encíclica Quadragesimo Anno, publicada en mayo de 1931 por el Papa Pío XI, y las conclusiones del Concilio Vaticano Segundo convocado por el Papa Juan XXIII en 1962. De ellos se colige una absoluta nueva teoría social de la Iglesia y la versión moderna del humanismo cristiano". Mi parecer es diferente: los principios de la doctrina social de la Iglesia y del humanismo que de ella se colige han sido siempre los mismos. Por eso, la institución que está detrás es la misma Iglesia. Se pueden aplicar esos principios a problemas distintos, pero siguen siendo los mismos. No hay, pues, nueva teoría social de la Iglesia.

Con todo, a pesar de haberse insistido en esta identidad, se desató, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, una ofensiva para desacreditar a la Iglesia anterior, la Iglesia preconciliar, y a mostrar a este Concilio como el inicio de una nueva Iglesia, la Iglesia postconciliar. Fue el punto de partida para que cualquiera se sintiera autorizado para poner en boca del Concilio cuanto disparate andaba suelto por ahí. Hasta el punto de hacer necesaria la advertencia de distinguir entre lo que se decía "acerca" del Concilio, lo que se dijo "en" el Concilio y lo que efectivamente éste dijo y que constaba en las actas respectivas.

La Democracia Cristiana, fundada poco antes, entró resueltamente en este predicamento. Era la década de los años de 1960 en adelante y no demoró nada en oírse cómo el Concilio condenaba las "estructuras de opresión" y llamaba a enfrentarlas para dar paso a la civilización "del amor". La sociedad chilena habría estado viviendo en una situación de "pecado social" del cual solo se saldría mediante un drástico "cambio de estructuras". ¿Y cuál era esta "estructura de pecado"? Simplemente, la que se fundaba en la propiedad privada que, por lo tanto, debía ser definitivamente revocada si queríamos el triunfo "del amor" o, lo que es lo mismo, del socialismo con su estatización masiva; para comenzar, de los medios de producción. Era la misma jerigonza marxista, pero con un vocabulario seudorreligioso. Se inició así, entonces, una competencia entre esa DC y los grupos marxistas para demostrar quién era más leal a estas ideas. En este enfrentamiento la democracia cristiana, Frei M. y Aylwin a la cabeza, fueron ciertamente acompañados por numerosos obispos y clérigos. E, incluso, hubo algunos, los "cristianos por el socialismo", entre otros, que se volcaron más allá aún para apoyar derechamente a partidos marxistas. En manos de estos grupos, y con la anuencia de esos clérigos, la práctica de la religión pasó a ser un ejercicio de acción revolucionaria. ¡Ay del que se acordara del Mes de María, del rezo del Rosario o de la asistencia frecuente a misa! Fue entonces que el cardenal Silva Henríquez entregó a la reforma agraria predios recibidos por la Iglesia a través de herencias que viejos conservadores le habían dejado para que sustentara sus necesidades y pudiera cumplir con su misión evangelizadora. Total, nada le habían costado. ¡Qué fácil era entonces deshacerse de ellos! Con el debido respeto de mis contradictores, actitud muy lejos de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia que, defendiendo la licitud y la conveniencia del derecho de propiedad, impone a los propietarios no abandonar sus predios, sino trabajarlos eficazmente como aporte al bien común.

En eso se estaba cuando, como cataclismo, se produjo el triunfo marxista de 1970. Entonces, comenzaron los arrepentimientos. Pero ya era tarde, el mal estaba hecho. Lo que vino a continuación es historia conocida, como para insistir ahora en ella. Entretanto, para el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso queda la tarea pendiente de revisar los conocimientos que bajo el nombre de Humanismo Cristiano y Doctrina Social de la Iglesia se imparten en sus aulas.

Con la esperanza no se juega

POR FRANCISCO ORREGO BAUZÁ, ABOGADO POR FRANCISCO ORREGO BAUZÁ, ABOGADO
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El gobierno del Presidente Boric -y la coalición de izquierda que lo sustenta- ha comenzado lentamente a esbozar lo que será una campaña proactiva por la opción Apruebo en el próximo plebiscito de salida. Tanto los ministros del Comité Político como aquellos convencionales cercanos al Frente Amplio y al Partido Comunista han sostenido que ni el Gobierno ni la Convención pueden ser neutrales frente la referida consulta ciudadana.

La ausencia de neutralidad del Ejecutivo ha generado una legítima preocupación de los partidos de oposición, que solicitaron a la Contraloría General de la República una revisión de sus criterios de prescindencia política de los funcionarios públicos ante este extraordinario proceso constituyente. El Gobierno tiene la obligación de garantizar que el plebiscito de salida cumpla -para ambas opciones, Apruebo y Rechazo- todos los estándares de una consulta libre e informada.

A estas alturas, nadie puede desconocer que hubo un plebiscito en octubre del 2021 que definió una ruta constituyente y en el cual los chilenos optaron, masivamente, por una nueva Constitución. La Convención Constitucional, que surgió como instancia institucional para llevar a cabo dicha tarea, no está respondiendo al mandato que le dieron los chilenos: hacer una Constitución para todos los chilenos y chilenas.

No estamos criticando a los chilenos y chilenas que votaron Apruebo, la crítica es hacia el mal proceder de los constituyentes. Son éstos los que creyeron que tenían un cheque en blanco y se sobregiraron, violando la línea de crédito que le dieron los ciudadanos. Hoy estamos francamente decepcionados y frustrados de su desempeño. ¿Debemos sentirnos sorprendidos? Para nada. Fuimos nosotros quienes nos equivocamos, primero aceptando un sistema de elección de convencionales distorsionado y luego eligiendo a quienes no tenían la competencia e idoneidad para cumplir esta delicada misión.

Es importante insistir en que de lo que somos críticos es de la redacción del texto, no de la idea de nueva Constitución. Los chilenos y chilenas no se equivocaron cuando dieron el vamos a la nueva Constitución, sino que los que se han equivocado son los constituyentes. Éstos han incurrido en las mismas conductas que tanto le criticaban al Congreso: el ejercicio abusivo de sus atribuciones. Si a ello le agregamos el nivel de intolerancia que se observa en la Convención, podemos afirmar -con toda propiedad y evidencia- que dicha instancia se ha convertido en la "casa de algunos". Esto es, de los intolerantes.

Pero ¿estamos obligados a equivocarnos nuevamente en el plebiscito de salida? Por cierto que no. Y por una razón muy simple: ¡así no se hace una Constitución! Es el momento de que los chilenos recuperemos el sentido común y dejemos atrás esta borrachera constituyente.

No debemos temerle a que el proceso constituyente sea sometido a una segunda instancia. Los chilenos queremos una buena Constitución, no una que sea un refrito improvisado de consignas bolivarianas y chavistas. La opción Rechazo nos brinda una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, pues la primera ya se la farreó irresponsablemente la Convención.

Lo importante es asegurarle a la ciudadanía que, de ganar la opción Rechazo en el próximo plebiscito, la esperanza de una nueva Constitución que garantice paz, unidad y prosperidad, sigue totalmente intacta. Porque con la esperanza de la ciudadanía no se juega. No perdamos la esperanza de un buen texto constitucional.