Cumpliendo con el rol fiscalizador que le corresponde, el diputado Tomás Lagomarsino anunció una denuncia por irregularidades en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ), la cual concretó ingresando los antecedentes en la Contraloría el viernes pasado, pero despertó urticaria en el ambiente político.

Ante el solo anuncio de que haría esa presentación, desde un sector político que no identificó le solicitaron "insistentemente" información sobre los antecedentes que entregaría al fiscalizador. Con posterioridad a la presentación, el sábado pasado, a través de su cuenta de Twitter, el parlamentario afirmó que "llamaron a mi equipo de forma amenazante para que no me metiera en las eventuales irregularidades del @SSVinaQuillota que denuncié en @Contraloriacl", agregando que "yo he visto las falencias en salud como médico y este amedrentamiento no impedirá que haga mi trabajo como diputado fiscalizando!".

El parlamentario, independiente elegido en cupo del Partido Radical Social Demócrata, acusó de esta amenaza a una "personera política de la región", sin identificarla, pero implícitamente involucrando al Partido Socialista, reconocido controlador de la dirección en cuestión.

La denuncia de Lagomarsino refiere a irregularidades en las obras del nuevo edificio del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, precisando que trabajó en el hospital durante su instalación y fue médico residente en el Servicio Covid-19. Añade que "me contagié y estuve hospitalizado, de modo que no me pueden decir que no vi lo que vi. Y si es que hay responsabilidades, ya sea administrativa o reñidas con la probidad, por supuesto se sancionen como corresponde". Anuncia que sumará a su presentación nuevos antecedentes.

Las denuncias parlamentarias no son novedad, pero esta tiene el valor de provenir de quien conoció en terreno, como protagonista, situaciones que podrían ser irregulares. Desde el Servicio aludido, en tanto, respondieron a las afirmaciones del médico y legislador, declarando que "un proceso constructivo de un recinto asistencial de gran envergadura presenta observaciones en su implementación". No obstante, agregan que "han sido subsanadas de manera progresiva desde su entrega anticipada producto de la pandemia el año 2020". A su vez, añadieron que "las observaciones pendientes en la recepción de obras se trata de observaciones no estructurales que están siendo abordadas y resueltas de maneras progresiva". Como sea, la denuncia del parlamentario debe ser estudiada por la Contraloría, que tendrá que emitir un informe.

Queda pendiente, sin embargo, la cuestión de las amenazas contra el parlamentario, materia que resulta especialmente grave en el ambiente de intolerancia y violencia que estamos viviendo. La amenaza, particularmente a una autoridad, debe ser investigada y corresponde en este caso que el diputado denuncie, pues, según sus dichos, puede identificar a quien la formuló.

Omitir la denuncia, como lo hizo la ministra Izkia Siches, alienta la impunidad, estimula nuevos amedrentamientos e impide la acción de la justicia.

El reconocimiento del impacto que ha generado el covid-19 en la vida de mujeres, jóvenes y niñas requiere de una mirada diagnóstica de su situación en la región. Cuando hablamos de trabajo, también es necesaria la revisión de las labores domésticas y el trabajo de cuidados que ha sostenido el sistema económico a lo largo del tiempo.

Según el Informe de la Fundación Sol (2020) llamado "No es amor, es trabajo no pagado: Un análisis del trabajo de las mujeres en el Chile actual", el 50,7% de la población a nivel nacional que se encuentra en edad de trabajar somos mujeres. No obstante, tan solo un 43% del total de personas con un empleo remunerado son mujeres, según las últimas cifras del INE.

El informe de la Fundación Sol demuestra plenamente cómo la necesidad de sostener a las familias chilenas genera que miles de mujeres, más de la mitad de todo el país, deban dedicar sus vidas a los cuidados. Y es que, según las cifras del Banco Central a junio del 2020, este trabajo invisibilizado aportó en un 25,6% al PIB económico, siendo el 17% desarrollado por mujeres, lo que les otorga una doble jornada laboral, con 5 horas diarias más de trabajo según cifras de la ENUT (2015).

El patriarcado ha naturalizado el trabajo tanto doméstico como de cuidados en las mujeres y, al invisibilizarse, desconocen el aporte económico del mismo e imposibilitan en general la inclusión de las mujeres a solventar sus vidas con plena autonomía económica. A nivel país, del total de personas que se encuentran inactivas por tener que realizar quehaceres en el hogar, un 96,6% son mujeres y solo un 3,4% hombres.

Bajo estas cifras se encuentra el predominio de cuestiones relevantes, como las brechas de género, así como los roles naturalizados socialmente respecto del trabajo de cuidados. La violencia económica que se gesta en los hogares del país se efectúa por el condicionamiento y/o impedimento de factores que influyen en el acceso a la autonomía económica de las mujeres, relegándonos, una vez más, al ámbito privado.

Es por esto que medidas como el fortalecimiento del Programa "De 4 a 7", del Plan Chile Apoya, se hacen fundamentales, pues llegará a 189 comunas y a más de 300 colegios del país, permitiendo que las mujeres estén seguras y tranquilas en sus lugares de trabajo, mientras que sus hijos e hijas están siendo cuidados y aprendiendo diversas actividades. Además, debemos contemplar la urgencia por reforzar que los espacios de trabajo sean espacios de seguridad, poniendo énfasis en la implementación de buenas prácticas laborales donde el maltrato, abuso u acoso laboral, sexual o de género no estén permitidos.

Para nuestra secretaría regional ministerial el desafío está en considerar que todas somos trabajadoras y que en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos también está la visibilización de las múltiples labores que realizamos de manera cotidiana.