Sebastián Mejías O.

Luego que la Contraloría General de la República (CGR) insistiera, a través de un instructivo, en la prescindencia de los funcionarios públicos de cara al plebiscito de salida por la nueva Constitución, se han dado varios reclamos e intenciones de denuncias, principalmente, por parte de algunos sectores de la oposición, en contra de funcionarios de gobierno o autoridades comunales oficialistas.

Si esta semana comenzó con la denuncia en la Contraloría del diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, en contra de la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, a raíz de la creación de una oficina municipal constituyente; más tarde fue el turno de la diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, quien reclamó por un video protagonizado por la delegada presidencial regional, Sofía González, acompañada por el seremi de Salud, Mario Parada, quienes recalcaron, en un evento en la Municipalidad de Quintero, la necesidad de que gane el Apruebo para fortalecer la labor de este gobierno.

Ahora es la alcaldesa de Calle Larga, Dina González (PS), la que está en el punto de mira. El pasado viernes 29 de abril, en medio del acto público que daba cuenta de su gestión 2021, la jefa comunal pidió abiertamente a los vecinos que se decidieran por el Apruebo, exponiendo todos los beneficios y transformaciones que la nueva Constitución traería no solo al país, sino que a la propia comuna de Calle Larga.

El tema lo puso encima de la mesa la diputada de Renovación Nacional por el Distrito 6, Camila Flores, quien fue hasta la Contraloría General de la República a pedirle "que aplique todas las sanciones, según corresponda a la gravedad de los acontecimientos".

Llamado a aprobar

Textualmente, la alcaldesa planteó que "el 4 de septiembre vamos a tener la elección para aprobar o rechazar esta Convención Constitucional, por lo que quiero invitarlos a todos a que aprobemos esta nueva Constitución". "Esa es la base- continuó- donde estamos generando los cambios que todos como sociedad hemos deseado y por lo que hemos solicitado gritando en las calles, redes sociales o por distintas vías, pidiendo más dignidad y más justicia para nuestro país".

La diputada Flores cree que lo de la alcaldesa Dina González se trata de "hechos absolutamente prohibidos por la legislación, ya que no puede de ninguna forma usar los recursos fiscales de todos los chilenos que se utilizaron para este evento público, con el objetivo de hacer campaña hacia una postura política que, directamente, llama a votar por el Apruebo para ratificar la nueva Carta Magna".

La legisladora piensa que es un acto "abiertamente ilegal y que va contra todo lo que se encuentra defendiendo la Contraloría General de la República, en favor de exigir a los funcionarios del Estado que no manifiesten su posición política en la jornada laboral y menos utilizando caudales fiscales".

Desde la Municipalidad de Calle Larga, el equipo de la alcaldesa González prefirió no declarar luego de la denuncia interpuesta en la Contraloría por la diputada de Renovación Nacional.

Reclamo de la oposición

A raíz de los reclamos reiterados, los jefes de bancada de los partidos de la oposición se reunieron con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, para hacerle ver lo que ellos consideran como "presuntas irregularidades que estamos viendo a diario en las regiones y en el Gobierno, manifestando una determinada opción en el plebiscito con recursos públicos".

El diputado Andrés Longton cree que cuando estos últimos se utilizan para satisfacer los resultados de una determinada opción en el plebiscito "hay una ilegalidad y un atentado al principio de probidad". De ahí que exigió al contralor Bermúdez "sancionar e impartir justicia, ante todas estas faltas cometidas".

"El 4 de septiembre vamos a tener la elección, (…) por lo que quiero invitarlos a todos a que aprobemos esta nueva Constitución".

Dina González, Alcaldesa de Calle Larga (PS)

"Lo de la alcaldesa está absolutamente prohibido, ya que no puede de ninguna forma usar los recursos fiscales para hacer campaña".

Camila Flores, Diputada (RN)

Sobre los reclamos presentados por la oposición, la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, demarcó los límites entre el intervencionismo y la libertad de expresión, asegurando que las autoridades respetarán y se ceñirán "a lo señalado por la Contraloría, pues no es posible ni ahora ni en ningún otro proceso que se utilicen recursos públicos para hacer campaña". Sin embargo, la seremi también aclaró que la "prescindencia y neutralidad exime a los funcionarios de Gobierno de tener una opinión política. De ahí que su llamado fue a que las autoridades políticas "sean responsables a la hora de generar falsas polémicas en torno a esta materia, con el fin de no empañar un hito clave para nuestra democracia".

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió el recurso de protección interpuesto por la Fundación Tunquén Sustentable en favor de los vecinos del sector y de dos comunidades de pueblos originarios de Algarrobo y El Quisco, que buscaban protección legal del ecosistema frente al avance inmobiliario en una zona pendiente de declararse Santuario de la Naturaleza y Humedal Urbano.

Al respecto, el abogado de la fundación Tunquén Sustentable, Christian Lucero, explicó que "la Corte Suprema confirmó la sentencia que establece que las obras que se están ejecutando en el campo dunar de Tunquén por las inmobiliarias deben detenerse inmediatamente y, además, someterse a un Estudio de Impacto Ambiental en forma previa a continuar cualquier obra y cualquier proyecto, porque este lugar requiere de un tratamiento prioritario, ya que está siendo materia de estudio para una eventual declaración de Santuario de la Naturaleza y también para obtener el reconocimiento oficial de Humedal Urbano".

Traspaso al gobierno

El jurista precisó que dicha protección "quedó como tarea pendiente del gobierno anterior, que le traspasó la responsabilidad a este gobierno por razones bastante discutibles, pues obedecen a que las inmobiliarias reclamaron fuertemente".

Para que el Gobierno materialice la protección de la zona en disputa, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, debe llevar el caso al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, frente a lo cual albergan esperanzas, ya que la secretaria de Estado ya ha expresado su disposición a hacerlo y concretar la declaratoria, destacó Lucero, a diferencia de la exministra de esa cartera, Carolina Schmidt.

Proyectos a la espera

No obstante, el abogado puntualizó que "no basta con que la ministra Rojas lo diga, sino que tiene que subirlo al Consejo de Ministros", y advirtió que se requiere celeridad, ya que hay otros 25 proyectos inmobiliarios ingresados para el sector.

Por su parte, el presidente de la fundación Tunquén Sustentable, José Fliman, agregó que "en una acción inexplicable, protegiendo los intereses inmobiliarios, la exministra de Medio Ambiente cortó en dos el Santuario de la Naturaleza, dejando para una segunda etapa algo que tendría que haber sido cumplido en la primera, así que esperamos que el actual gobierno corrija aquello y vamos a insistir".

"Deben detenerse inmediatamente y, además, someterse a un Estudio de Impacto Ambiental".

Christian Lucero, Abogado Tunquén Sustentable