La conmoción provocada por el enfrentamiento que dejó varias personas heridas a bala -una de ellas en riesgo vital, el resto ya de alta por lesiones leves- en el Barrio Meiggs de Estación Central derivó en varias declaraciones de personeros de Gobierno sobre la grave situación de violencia que se vive en varias partes del país, aunque ninguno hizo una descripción tan descarnada del tema como el propio Presidente Gabriel Boric, quien en un gesto de sinceridad política -en un tema, la seguridad pública, que suele acomplejar a la izquierda- advirtió que la "naturalización" de hechos delictivos y la posesión de armas es una situación inaceptable a la cual el Estado debe poner atajo lo antes posible.

"No podemos permitir que las armas se sigan naturalizando en la sociedad chilena", dijo el Mandatario, quien agregó que "tenemos que trabajar en conjunto con Carabineros y no vamos a permitir ningún tipo de asociatividad con bandas criminales". Ayer, al anunciar cómo se materializarán estas intenciones, el Gobierno anunció un camino legislativo que pasa por reformular el concepto de crimen organizado para perfeccionar la persecución penal. Agregará a ello cambios a los mecanismos de incautación, con el objetivo de golpear este tipo de entes delictivos directamente en el patrimonio, reduciendo su capacidad operativa y restringiendo su expansión logística, una de las características principales del crimen organizado.

El Congreso debe tomar estas iniciativas con sentido de urgencia y su implementación deberá considerar una asignación de recursos adecuados, porque existe poca consciencia sobre la escala y envergadura que han alcanzado las organizaciones dedicadas a ilícitos asociados al comercio irregular.

Las investigaciones que surjan del incidente, así como las medidas concretas para ajustar la persecución penal de las bandas organizadas deberán tener también un enfoque regional, porque el flagelo ya está ampliamente expandido en vastas zonas del país, con especial profundidad en las grandes metrópolis, como el Gran Valparaíso. En parte por la indolencia de los municipios -que han terminado desbordados por un problema que los excede en sus capacidades y atribuciones-, en parte por la falta de inteligencia policial y la carencia de herramientas penales adecuadas, el dilema social-urbano que planteaban hace quince o veinte años los comerciantes ambulantes ha crecido y se ha complejizado al punto de ser inabarcable para las autoridades de mero alcance local. Sin embargo, también es importante enfatizar que cualquier esfuerzo por desbaratar las grandes bandas de crimen organizado que están detrás del comercio irregular será insuficiente si no cuenta con la acción decidida y resuelta de los alcaldes y sus concejos municipales. La tranquilidad perdida a punta de balaceras se restaurará, en gran medida, con la recuperación del espacio público inutilizado por el copamiento que hacen los ambulantes en las principales veredas por donde transita la gente. Ese trabajo tampoco puede esperar.

El compromiso del Gobierno con las y los trabajadores se ha llevado a cabo en una acción concreta e histórica: nuestras autoridades ministeriales de Hacienda, Trabajo y Economía lograron un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y agrupaciones de pymes para aumentar el sueldo mínimo en un 14,3%, el reajuste más alto de los últimos 30 años.

Se trata de un aumento sustantivo que permitirá a las personas sortear de mejor manera el aumento del costo de la vida y que se materializó en un pacto que contempla tres ejes fundamentales:

El primero es el reajuste al Ingreso Mínimo Mensual (IMM) de $50.000 durante este año para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 años y a partir del 1 de mayo el salario llegará a $380.000 y subirá hasta $400.000 el 1 de agosto.

El segundo punto considera una protección frente a la inflación para resguardar el poder adquisitivo de las familias. Para ello se contempla un aporte compensatorio que se calculará mensualmente y que se otorgará por carga familiar a través del Subsidio Único Familiar (SUF) y la Asignación Familiar, además se creará un observatorio del valor al público de la canasta básica de alimentos.

En tercer lugar está la promoción del Trabajo Decente, la que contempla enviar un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de ingreso al Seguro de Desempleo de la Ley N° 19.728 e incrementa el monto de sus prestaciones. Adicionalmente, se creará una mesa técnica de trabajo con todos los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas, para considerar su diseño y gradualidad.

El escenario económico que enfrentamos hoy es diametralmente distinto al escenario pandémico, entendemos que la situación que están atravesando las familias es apremiante y por eso, mediante "Chile Apoya", plan de recuperación inclusivo que contempla un paquete de 21 medidas, queremos enfocarnos en ser un apoyo para las personas para enfrentar el alza en el costo de la vida, generar más puestos de trabajo con énfasis en la empleabilidad femenina y fortalecer la participación de sectores rezagados.

Como se observa, se trata de un acuerdo único y que abarca varias materias que confluyen en un único objetivo: ayudar a las familias chilenas. Como Gobierno, creemos que esto tiene un gran valor para la ciudadanía, dejando de manifiesto la voluntad del Presidente Gabriel Boric de avanzar a través del diálogo para lograr acuerdos amplios.