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El experto en seguridad, para quien faltan medidas más concretas y a corto plazo, plantea que "a esta altura lo que habría que hacer es una especie de fuerza de tarea entre las policías, juntar a los oficiales con más experiencia y relevantes en materia de investigación criminal -tanto de Carabineros como la PDI-, colocarlos bajo el mando de un juez o fiscal para que esa fuerza de tarea se encargue en el plazo razonable de mostrar resultados muy efectivos en el desarme y encarcelamiento de las bandas criminales que están operando en el país".
Una postura similar es que la transparenta Jorge Burgos. El histórico militante DC, quien fuera tanto subsecretario (2000-2001) como ministro (2015-2016) de la cartera de Interior, estima que antes de que Gabriel Boric asumiera como Presidente "el plan de gobierno estaba más vinculado a temas de reformas, que son muy indispensables, pero paralelamente con eso, hay que reforzar el rol de las policías en las calles, con los instrumentos que tenemos hoy día. Creo que su respuesta ha sido más reactiva, pero lo bueno es que han reaccionado".
Por otra parte y si bien valora las propuestas gubernamentales -sin conocerlas en detalle-, puntualiza que lo más importante es que el gobierno "se convenza, absolutamente, de que el establecer el orden público, la seguridad jurídica, la eficacia del derecho, es una tarea prioritaria y eso podrá requerir más leyes, pero con las actuales hay que dar señales categóricas en ese sentido y eso es fundamental. Hay una historia reciente, de muchas personas en cargos de gobierno vinculados al orden público, entre otros, que da cuenta de una cierta aceptación de actos violentos, y me parece bien que al otro lado del mostrador, asuman un rol categórico de que es esencial para Chile".
Objetivos claros
"Hay propuestas que son interesantes y la mayoría sí van a colaborar, pero pensar que con esas medidas se va a resolver el problema de violencia que estamos viendo en el país, no", advierte Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, quien considera que varias de las medidas que se están proponiendo requieren necesariamente de un complemento, "porque se suele pensar que una norma puede solucionar el problema, pero en su aplicación, muchas veces requiere de otras modificaciones o instrumentos legales y capacidad de gestión de las instituciones para ir mejorando el desempeño de todo el sistema".
Por lo mismo, explica que no necesariamente porque estas ideas asomen como razonables "van a ser suficientes para disminuir la condición de violencia que hay en el país". En ese sentido, toma como ejemplo el ya mencionado plan de distribución policial, detallando que si no se toma en cuenta que los efectivos "deben cumplir un rol preventivo, de patrullaje, que se hace en ciertas condiciones, en determinados momentos del día, en pareja, a una velocidad determinada, no va a funcionar, porque los funcionarios policiales hoy tienen tantas funciones, que no tienen ni un minuto para hacer un patrullaje preventivo; y tampoco vamos a poder medir los resultados, si no definimos los objetivos que queremos que se cumplan con estos patrullajes".
Sobre este mismo tema, el senador por la Región de Arica y Parinacota y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Miguel Insulza (PS), expone sus dudas respecto de esta planificación, haciendo énfasis en que "como esos policías no están guardados en ningún lado, es evidente que los sacan de alguna parte. Entonces, no sé de qué función de las que actualmente cumple Carabineros están saliendo esos 700 efectivos".
En la misma línea, quien ejerciera como ministro del Interior entre los años 2004 y 2005 asevera que "si se está dejando de entregar notificaciones, cuidar partidos de fútbol, estaría de acuerdo; pero quiero saber de dónde estan saliendo los carabineros. (…) Insisto, solo estoy llamando la atención con que estos policías no salen de la nada, en alguna parte están. Por lo tanto, están dejando de servir en una parte y empezando en otra".
La duda del exsecretario general de la OEA es compartida por el diputado del Distrito 6, Andrés Longton (RN), quien apunta que "sería interesante ver los criterios que se aplicaron ya que en nuestra región, donde existe un incremento importante en los niveles de delincuencia, se destinaron 100 carabineros solo para una de las comunas. Tenemos casos como Catemu, Quilpué y Villa Alemana y en otras comunas del interior, donde una de las principales demandas ciudadanas es la seguridad, por lo que me gustaría saber qué plan tienen para ellos".
Acción militar "moderada"
Otro de los puntos que se ha tomado la agenda en materia de seguridad, dice relación con el conflicto en La Araucanía, que en las últimas semanas ha ido subiendo de tono, ya no solo con quemas de vehículos y predios forestales, sino también con la ocupación ilegal de carreteras. Ante este foco de conflicto, fue el mismo Presidente Boric que en entrevista con radio Cooperativa deslizó el martes que estaban trabajando en una propuesta de "estados intermedios", con el fin de que las Fuerzas Armadas puedan resguardar, precisamente, las autopistas y otras vías; una idea que fue confirmada con el paso de los días.
Al respecto, el senador Insulza señala que si bien no es partidario del Estado de Excepción Constitucional, se muestra llano a "otras formas de control, que significan un uso de Fuerzas Armadas si es necesario, pero de manera más moderada y bajo dirección civil", remarcando que estos mecanismos legales tienen dos problemas: "primero, que es una operación propiamente militar; y segundo, que tiene un plazo breve".
"En el fondo, los que están haciendo actos subversivos en La Araucanía son generalmente locales y basta con guardarse por un tiempo hasta que se vaya el Ejército y ahí entran de nuevo. Eso no tiene ninguna utilidad, es como un espejismo. La idea nuestra es que debemos tener medidas menos estruendosas, como la ley que tenemos sobre infraestructura crítica, más que estar lanzando un Estado de Emergencia que no ha tenido ningún efecto por lo demás", sostiene el parlamentario, quien complementa que "el plan legislativo está muy bien, pero tenemos que ganar algún tiempo para hacer todas esas cosas y la situación crítica que se vive en el país es complicada".
Discrepancias con estado de excepción
Una consideración distinta es la que muestra el diputado Longton. "El Presidente Boric por razones ideológicas no quiere un Estado de Emergencia en la Macrozona Sur y ofrece una alternativa menor para una crisis de seguridad. Y más cuando el mismo votó en contra el proyecto de protección de infraestructura crítica. El llamado primero es a poner a las familias mapuche y no mapuche como prioridad y todas las herramientas del Estado para su protección", remarca el también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Para el exministro Burgos, existía la idea dentro del gobierno de que habría una disminución de la violencia en la zona, "más todavía si el discurso público era de diálogo con todos, para evitar que el único instrumento sea lo policial". "Lo cierto es que la conflictividad, la comisión de delitos por grupos que reivindican la violencia y las armas, no solo no ha disminuido, sino que ha crecido y la situación de los habitantes es cada vez más insegura", agrega.
Al otrora diputado por Ñuñoa y Providencia, tomando en consideración la reticencia que ha tenido el gobierno respecto de los estados de excepción, le parece correcto "que el Presidente se abra a un estado más tenue, para lo cual habría que modificar la Constitución. Si ese es el camino, que se haga rápidamente, pero se le otorguen atribuciones claras y precisas a las Fuerzas Armadas para controlar las carreteras. Ya está claro que la sola presencia no basta y en consecuencia, tiene que ser claro qué se puede hacer ante la toma de carreteras o el incendio de camiones". 2