LA REGIÓN MÁS TRANSPARENTE Detrás de la hojarasca: el incipiente cogobierno regional de los gremios
Han sido días rudos, de despidos y renuncias no voluntarias como hace rato no veíamos por la Región de Valparaíso. Todo comenzó con la turbulenta salida del seremi de Transportes, Enrique Vinet Huerta -militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS)- tras un inesperado ataque de rebeldía autonómica que terminó con su sobre azul, la visita del subsecretario Cristóbal Pineda a Valparaíso para poner orden, la ira de un supuestamente ofendido Reinaldo Sánchez, la confesión del exseremi José Emilio Guzmán de no haber visto nada raro, los gremios incendiando la pradera y el silencio de los dos principales involucrados en esta historia: el nunca oficializado jefe de gabinete Javier Mancilla y el encargado del Departamento de Transporte Público Regional, Pablo Ulloa.
Pareciera que a don Enrique le hicieron pisar el palito, tanto las organizaciones sociales como los gremios de conductores y empresarios. En un ministerio en el cual el 75% de su presupuesto se va en subsidios al transporte público, ponerse a pedir orden, hablar de auditorías o cuestionar las preferencias de asignación o la falta de transparencia en la fiscalización de frecuencias y recorridos es francamente un suicidio. Sabido es que el seremi de Transportes en esta región está solo para firmar sin chistar y no meterse en líos, tal como lo hicieron todos sus antecesores, los que, obviamente, no pasaron a la historia por su gran desempeño en el servicio público.
Después de Vinet llegaría la caída del director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ), el oficial de Ejército, MBA en Salud y exdirector del Hospital Mario Sánchez de La Calera, Alfredo Molina Naves, después de que trece gremios le hicieran la vida imposible ("un gran logro producto de la unión", se congratuló el presidente de la Fenpruss de Peñablanca) y el conflicto escalara hasta la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Todo ello, en coincidencia con las graves denuncias hechas por el diputado Tomás Lagomarsino sobre eventuales irregularidades, mal uso de recursos públicos y faltas a la probidad en el proceso licitatorio de construcción del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, parte de lo cual fue objetado en el informe final de Contraloría sobre el proceso.
Nombrado a través del Sistema de Alta Dirección Pública en noviembre de 2020, Molina venía de un breve paso por el Hospital Doctor Mario Sánchez de La Calera, para reemplazar a Solene Naudon, despedida en abril de 2020 por el entonces todopoderoso ministro de Salud, Jaime Mañalich, tras una seguidilla de irregularidades y falencias, además de un evidente desorden de plazos y diseño del Hospital de Marga Marga, postergaciones en las etapas del Fricke y un imperdonable desabastecimiento que interrumpió terapias, cirugías y renovación de marcapasos.
Algunos responsabilizan de este entuerto administrativo -hoy bajo la tuición de la Subsecretaría de Redes Asistenciales- a su poco programado origen de inicios de la década de los 80 del siglo pasado, cuando se decidió que la nueva jurisdicción sanitaria Viña del Mar-Quillota abarcaría 18 comunas y la administración de 11 hospitales, 19 consultorios de atención primaria y 29 postas rurales, lo que obviamente fue creciendo exponencialmente, llegando hoy a más de cien dispositivos sanitarios, tales como Centros de Salud Familiar, Centros de Salud, Postas de Salud Rural, Centros Comunitarios de Salud Familiar, Servicios de Atención Primaria de Urgencia, Servicios de Urgencia Rural y los mismos once hospitales de entonces, con la también obvia y creciente demanda no solo de mayor población, sino de un perfil epidemiológico cada vez más complejo y poco escalable.
A todo esto, en lugar del zamarreado exdirector Molina quedó el director (s) del Hospital San Martín de Quillota, Haroldo Faúndez. Y no es todo si hablamos de Salud: los gremios también arreciaron en contra de la directora del Hospital Eduardo Pereira (dependiente del SSVSA), después de que ésta se querellara por injurias y calumnias contra una dirigenta de Fenpruss y el caso saliera a la luz pública.
Pero si de protestas callejeras se trata, los mil y un paros y manifestaciones de alumnos, apoderados, profesores, el Colegio regional profesional de la orden y parvularias terminó por desestabilizar finalmente al director ejecutivo del nuevo Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, Manuel Pérez Pastén, a quien se le atribuye "toda la responsabilidad político-institucional por las diferentes negligencias de gestión en las distintas áreas, malos tratos hacia trabajadores, problemas salariales, dotación, persecución político-gremial, abandono de escuelas…".
La seremi de Educación, Romina Maragaño, sentenció su suerte diciendo que los elementos son de gestión institucional y responsabilidad del director ejecutivo. Solo la Asociación de Docentes Directivos de Valparaíso (Asodival) salió en su defensa, asegurando que Pérez les daba "confianza y garantías" sobre la continuidad del proceso educativo, pese a las dificultades económicas y presupuestarias.
No hay que ser muy despierto para darse cuenta de que estamos en presencia de un marcado renacer de las organizaciones gremiales del sector público después del largo oscurantismo en el cual cayeron a fines de los años noventa y comienzos del presente siglo. La supuesta desmovilización durante los gobiernos de Bachelet II y Piñera II respondió más a la falta de atención de las autoridades que a un efectivo repliegue o una baja en las tasas de participación.
Así, el fenómeno al cual debemos estar atentos es el de un escenario en el cual los encargados de turno (Vinet, Molina, Pastén) deben hacer frente a problemas de larga data y jamás enfrentados (obligatoriedad de subsidios al transporte público, evidente implosión de los servicios de salud, compleja desmunicipalización educacional), con asociaciones de trabajadores politizadas, organizaciones gremiales sobreempoderadas y una administración central que no solo las valida sin cuestionamientos, sino que a la vez les permite un peligroso cogobierno administrativo que poco espacio deja a las decisiones tanto del Ejecutivo como de sus ministerios sectoriales.