La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró ayer que su visita a la región noroccidental china de Xinjiang no se trató de una "investigación" sobre los supuestos abusos y atropellos contra minorías musulmanas de la zona como la uigur.

En una rueda de prensa virtual con motivo del final de su viaje, que comenzó el pasado lunes, la expresidenta aclaró que una visita de "alto nivel" como la suya no permite la "metodología detallada" de un "trabajo de naturaleza de investigación".

"La visita fue una oportunidad para mantener un diálogo directo con los principales líderes de China sobre derechos humanos para escucharnos mutuamente, plantear nuestras preocupaciones y allanar el camino para que haya interacciones trascendentes de forma más regular en el futuro", dijo.

Bachelet aseguró que los seis días que pasó en el gigante asiático le sirvieron no solo para "entender mejor la situación en China", sino también para que las autoridades "entiendan mejor nuestras preocupaciones y, potencialmente, se replanteen políticas que creemos que pueden tener un impacto negativo sobre los derechos humanos".

Tras negar su existencia en un primer momento, la versión oficial china pasó a ser que no son sino centros de "formación profesional" y que quienes están en ellos lo hacen voluntariamente, pero recientes filtraciones mostrarían incluso un discurso de un jefe local del Partido Comunista en el que insta a los guardias a disparar a matar contra todo detenido que intente alejarse de ellos.

Bachelet reveló que las autoridades locales le aseguraron que el sistema de estos denominados "campos de internamiento para formación profesional" ya ha sido "desmantelado".

Aunque prefirió no dar detalles sobre sus identidades para "no hacer daño", Bachelet afirmó haberse reunido antes de su viaje con "muchas familias" que no saben qué ha sido de sus seres queridos en Xinjiang: "Tratamos (con China) muchos casos importantes y estaremos atentos por posibles presiones o discriminaciones que puedan surgir tras mi visita".

"En mis conversaciones con las autoridades les he reclamado que tomen medidas para dar información a esas familias como asunto prioritario", prosiguió.

Asimismo, la alta comisionada indicó que comparte las preocupaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU sobre las "penas bajo el marco de la seguridad nacional" a abogados o activistas pro derechos humanos a pesar de que sus actividades sean "legítimas".