Katherine Escalona M.

En un contundente informe, de un total de 28 páginas, la Corte Suprema revocó el fallo en primera instancia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió la apelación del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar en contra de la Seremi Minvu de la Región de Valparaíso, que rechazó el 4 de mayo de 2021 la solicitud de demolición del Hotel Punta Piqueros, en Concón.

El máximo tribunal estableció que "se deja sin efecto el Ordinario N° 1.062, emitido por la recurrida el 4 de mayo de 2021" y precisó que "se acoge la solicitud presentada por la actora el 14 de marzo de 2021 y, en su virtud, se ordena a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la demolición de las obras del proyecto".

Esto, "conforme a las circunstancias de hecho y de derecho a la fecha de la solicitud, previo informe de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón", a quien la autoridad no solicitó, según redactó la Suprema en el fallo, el citado informe cuando emitió el pronunciamiento en 2021, mediante el cual rechazó la demolición de la estructura bajo la causal de que este acto podría causar un daño mayor a la naturaleza del sector. La resolución fue de la Tercera Sala con voto en contra del ministro Jean Pierre Matus.

Acto "impreciso"

En el documento, la Suprema deja en evidencia que el actuar de la Seremi Minvu fue "impreciso" e "infundado". La Seremi Minvu no solicitó informe a la DOM de Concón respecto a la demolición y no requirió apoyo técnico, según estipula la ley, para la determinación de no demoler amparada en afectación a la naturaleza.

El fallo afirma que "de concurrir riesgos de esta naturaleza, (...) exige a la Secretaría actuar en unidad con los órganos administrativos competentes" y da a conocer que "la inexistencia de una evaluación ambiental afinada respecto de la construcción del edificio impide, por ahora, analizar comparativamente el impacto que producirá la demolición, de manera tal que el argumento contenido en el acto recurrido resulta impreciso".

La Suprema concluyó que la autoridad regional "no ha fundado debidamente la decisión de rechazar la solicitud de la Corporación Pro-Defensa" de demolición, pese a que la obra carece de permisos de edificación "resultando manifiestamente insuficientes los motivos, (...) incurriendo, con ello, en ilegalidad".

Reacciones

El abogado de la Corporación, Gabriel Muñoz, valoró el fallo de la Corte y dijo que el máximo tribunal "por quinta vez ratifica los argumentos propuestos por la Corporación. Es un fallo histórico e inédito porque se hace cargo de todas las antojadizas interpretaciones que ha hecho la Inmobiliaria Punta Piqueros- del grupo Urenda, Said, Eluchans y Bolocco- durante 10 años en esta región".

Afirmó que "lo más claro es que reitera que, desde el año 2013, la construcción no tiene un permiso de edificación válido ni vigente, que se debería atener a lo ratificado en el Plan Regulador de Concón del 2017 que no han hecho, y que el acto de la Seremi de Valparaíso del Gobierno de Piñera fue un acto ilegal, por lo que ordena un nuevo procedimiento para desmantelar la construcción".

A través de un comunicado, la actual seremi Minvu, Belén Paredes, afirmó que cumplirán con lo mandatado por la Suprema "a fin de retrotraer el procedimiento al estado de presentación de la solicitud realizada por el Comité de Defensa del Borde Costero, lo que implica solicitar un informe al director de Obras Municipales de Concón que nos permita fundar una nueva resolución". "Creemos que la sentencia es concordante con el plan y visión de nuestro Gobierno", sostuvo.

En tanto, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, puntualizó que "como municipio vamos a acatar el fallo en su totalidad y lo que nos queda desde el análisis jurídico que estamos desarrollando, a propósito de este fallo, es el pronunciamiento que el tribunal más alto del país le ha pedido a la seremi de Vivienda y Urbanismo".

"Es fallo histórico e inédito, porque se hace cargo de todas las antojadizas interpretaciones que ha hecho la Inmobiliaria".

Gabriel Muñoz, Abogado Comité Pro, Defensa del Patrimonio

Ayer, ante la Corte Suprema, se realizaron los alegatos de apelación del recurso de amparo, rechazado en primera instancia en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que pretende revertir la prisión preventiva del cineasta Nicolás López, por ser considerada -según la defensa- como "ilegal e inconstitucional".

La defensora de López, Paula Vial, argumentó que busca la libertad de su representado bajo otras medidas cautelares, porque la forma en que está redactada la medida de la prisión preventiva no estaría bajo derecho y fue solo tres semanas después que el mismo tribunal no acogiera la prisión preventiva por no estimarla necesaria.

Manifestó que "no se fundamenta el cambio de criterio, que en solo tres semanas llevó al Tribunal Oral de considerar en el veredicto que las medidas cautelares que existían eran suficientes y proporcionales, poniéndose en ese momento el Tribunal incluso en el evento de que se le condenara a una pena efectiva para luego considerar en la lectura de sentencia que procedía la prisión preventiva". La decisión, argumentó, no habría estado fundamentada.

Los supuestos presentados por la defensa de López fueron refutados por el Ministerio Público. La fiscal Pamela Valdés precisó que "sí existieron antecedentes nuevos, como es la condena por dos delitos de abuso sexual con circunstancia de violación, de fuerza, en contra del condenado". La causa quedó en acuerdo por lo que se espera resolución.

"Sí existieron antecedentes nuevos, como es la condena por dos delitos de abuso sexual".

Pamela Valdés, Fiscal

A casi dos años del impactante crimen ocurrido en el cerro Los Placeres, el 6 de junio de 2020, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a 15 años de cárcel al ciudadano boliviano Eliezer Chipunavi Orbe, acusado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio calificado.

Según la investigación de Fiscalía, el hecho se produjo en horas de la madrugada al interior de un departamento en la población Juan Pablo Segundo, donde el condenado atacó con un arma cortopunzante a Mario Martínez Marihuen, quien falleció en el lugar producto de las más de 30 puñaladas recibidas.

El fiscal Pablo Avendaño detalló que se archivó la investigación de la muerte de la primera víctima ocurrida esa madrugada, Claudio Retamal, al no poder establecerse con certeza las circunstancias de la muerte y la persona del autor de la misma.

Tras conocerse las ganancias que ha obtenido la empresa Metrogas al aumentar en un 20% el valor de su producto mediante la creación de una empresa intermediaria y un subterfugio legal, la denominada Bancada del Gas de la Cámara, compuesto por parlamentarios de distintos partidos, anunció que presentarán las firmas para citar a una sesión especial por este tema.

El diputado Hotuiti Teao sostuvo que "no queremos más abusos contra la ciudadanía, que dañan la confianza en nuestras instituciones y afectan especialmente a los más vulnerables del país. Es indignante enterarnos que se ha aumentado artificialmente los precios del gas natural hasta en un 20%, un producto que es esencial en cada casa y para cada familia chilena".

Camila Flores (RN) afirmó que invitarán a esta sesión especial al fiscal nacional Económico "para que nos explique en detalle cuales son los pasos a seguir luego del informe que ellos mismos han elaborado y que deja evidentemente claro cómo estos empresarios inescrupulosos se han aprovechado de cobrarle demás a los chilenos y tener ganancias adulteradas". También al ministro de Energía de la época, Máximo Pacheco, "para que nos comente cual era el espíritu de esta norma que le permitió actuar así a esta empresa".