El objetivo central del municipio de Viña del Mar es recuperar el equilibrio financiero en un período estimado de 18 meses, dijo la alcaldesa Macarena Ripamonti, en el marco de su cuenta pública 2022. Para ello, detalló la jefa comunal, se constituyó un comité financiero que permitió reorganizar la administración de las platas municipales, dirigir de mejor manera el enfoque de los recursos y abordar el grave déficit que heredó de la gestión anterior. Según los dichos de la propia mandamás viñamarina, militante de Revolución Democrática (RD), el manejo presupuestario de la ciudad debe tener como norte la transparencia y su aplicación debe cumplir siempre con las exigencias más altas de probidad. Un compromiso de tal envergadura requiere de evidencia permanente.

De allí que se multipliquen las dudas asociadas al manejo de los recursos históricamente destinados al funcionamiento de las juntas vecinales. En total se trata de $362 millones que debieron ser destinados a distintas entidades de la comuna, luego que 57 lo solicitaran. Usualmente las postulaciones son entre noviembre y diciembre, y los dirigentes recibían los dineros al poco tiempo de solicitarlo, pero el año se acerca a su mitad y aún no hay recursos para los vecinos, quienes advirtieron ya que el problema plantea una amenaza a la sobrevivencia de muchas organizaciones.

No es posible pensar que las unidades vecinales saldrán perjudicadas por las medidas de ajuste financiero que ha aplicado el municipio viñamarino, pero sí llama la atención la falta de transparencia -o al menos claridad en la explicación- que existe en torno al proceso que está detrás de este atraso.

Algunos concejales se hicieron eco del tema y emplazaron públicamente a la alcaldesa Ripamonti para que entregue el detalle de las subvenciones que se aprobarán una semana antes -es decir, hoy a más tardar-que se realice el Concejo Municipal del martes 7 de junio, día en que quieren votar estas asignaciones. El edil Pablo González, presidente de la Comisión Social, que está a cargo de analizar el tema, reconoció que como concejales no tienen las facultades para manejar los plazos de aprobación.

Por tanto, la iniciativa, la potestad y la responsabilidad en el atraso recaen en la actual administración municipal, cuyos directivos deberían precisar las razones asociadas a este problema y rectificar los procedimientos que se transforman en un obstáculo para el financiamiento de las organizaciones de base. Más aún. El problema también revela una preocupante falta de coordinación con los concejales integrantes de la comisión que analiza estos temas, quienes deberían ser un canal expedito e informado sobre los manejos que realiza la administración viñamarina.

La redacción de la nueva Constitución ofrece la oportunidad de incorporar entre sus disposiciones los derechos de los niños, niñas y adolescentes, una de las iniciativas populares de norma constitucional que ha tenido más adhesiones por parte de la ciudadanía, con casi 19 mil firmas.

Recientemente, en el consolidado de normas aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional se consagran ocho normas que refieren a niños, niñas y adolescentes. El artículo 20, relativo a la ciudadanía, que promueve la participación de los niños a través de distintos mecanismos. El artículo 10, sobre el derecho al cuidado, otorgándole prioridad al cuidado de los niños entre otros grupos vulnerables. El artículo 22, que se refiere al derecho al deporte, y el artículo 12, que asegura el derecho de los niños al resguardo de su identidad. El artículo 8 consagra el deber del Estado de otorgar asistencia jurídica especializada a niños, niñas y adolescentes. A su vez, el artículo 23 consagra el derecho de los niños y otros colectivos vulnerables a participar en entornos digitales libres de violencia. El artículo 29 eleva a rango constitucional la Defensoría de los Derechos de la Niñez, lo que constituye un gran logro para los derechos de los niños.

Sin embargo, el gran avance en esta materia lo constituye el artículo 11, que por primera vez consagra en la Constitución derechos específicos para niños, niñas y adolescentes. En este apartado se reconoce al niño como titular de derechos contenidos en la Constitución y tratados internacionales, como asimismo recoge los principios guía de la Convención sobre derechos del niño, esto es, derecho a la igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído en asuntos de su interés, a su autonomía progresiva y el derecho a su desarrollo integral. Del mismo modo, se establece el derecho de ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. Este artículo también recoge la necesidad de contar con un sistema de protección integral de garantías de la niñez que asegure la promoción y protección efectiva de los derechos de los niños, como asimismo la existencia de mecanismos para su restitución, sanción y reparación.

Estas normas recogen el anhelo de la población respecto de este grupo, que es uno de los más vulnerables; y de aprobarse, por primera vez en la historia de Chile una Constitución reconocería los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y establecería garantías específicas para asegurar su cumplimiento.