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gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas".
Agrega: "La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. El Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación".
Y el artículo 19 señala que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y que es deber del Estado respetarla. "Esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes", y añade que "las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación".
La mirada de los colegios subvencionados
Las organizaciones que reúnen a los colegios particulares subvencionados han sido las primeras en reaccionar y han difundido permanentemente sus planteamientos a través de sus propias plataformas, redes sociales y medios tradicionales de comunicación.
A las declaraciones de Hernán Herrera se suman las de Luis Cañas, presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), quien a propósito del rechazo de la Comisión de Normas Transitorias a la indicación que proponía mantener vigentes las normas relativas al financiamiento de estos planteles por un plazo de 14 años, opinó que "ello viene a ratificar lo que venimos señalando desde hace tiempo: la cadena de rechazos a las iniciativas de norma que patrocinamos ante la Convención es sinónimo de sepultar a la educación particular subvencionada".
Ello, plantea, a pesar de que es 90% gratuita, "acoge al 55% de los alumnos más vulnerables del país, al 91% de los estudiantes con necesidades educativas especiales, y es la educación que funciona y muestra los mejores resultados", como lo demuestra el hecho de que "en el último proceso de selección, SAE, el 69% de las familias tuvo como primera opción" un colegio de esta modalidad.
Por su parte, Felipe Varela, director de Mi Derecho a Educar dice que "es de público conocimiento que el borrador constitucional excluye el derecho de la sociedad civil para crear y mantener establecimientos educacionales distintos a los estatales" con lo que "la educación particular subvencionada pierde así su base constitucional. Cierto, no es eliminada, sino que pasa a ser objeto de ley, pero la Comisión de Normas Transitorias rechazó la indicación que proponía mantener vigentes las normas relativas al financiamiento de los establecimientos particulares subvencionados por un plazo de 14 años. Se descorre el velo del ánimo constituyente".
Derecho a elegir y garantía de calidad
En relación a la postura de las agrupaciones del sector particular subvencionado, el doctor en Educación Jaime Retamal, académico de la USACh, considera "muy importante que se garantice que los padres y apoderados tengan el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos", ofreciendo la posibilidad de que todas las culturas, comunidades, sensibilidades filosóficas o religiosas "y los proyectos educativos que tienen sello particular, territorial, lingüístico, artístico y también democrático tengan un trato igualitario".
"La educación como deber primordial e ineludible del Estado, el deber de los padres de familia de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo, no se contrapone con la nueva propuesta constitucional. En esta se plantea que las organizaciones educativas tendrán un carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, y tendrán prohibida toda forma de lucro", observa por su parte Giselle Escarpentier, directora de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Playa Ancha.
La académica opina que no considerar el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales con financiamiento del Estado, "pone en tela de juicio a los establecimientos particulares subvencionados, que bajo el Estado subsidiario reciben aportes del mismo Estado que no garantizan el libre acceso, libertad de enseñanza o una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes".
Una nueva Constitución, agrega, "debe asegurar un sistema público de calidad, una nueva institucionalidad que vele por el cumplimiento de los estándares de calidad" en todos los niveles, de modo que la escuela pública sea garantía del derecho a la educación, a la vez que "debiese respetar la libertad de los particulares para fundar y gestionar proyectos educativos, que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios, respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación y cumplimiento de las condiciones que se establezcan por ley".
Igualdad de oportunidades
Los académicos de la UPLA y de la USACh también opinan sobre las consideraciones de José Joaquín Brunner, para quien la propuesta constitucional equivale a instaurar "un sistema nacional compuesto por dos subsistemas. Uno estatal, gratuito, estratégico, que debe crecer y fortalecerse y dispone para ello de financiamiento fiscal suficiente y asegurado. Y otro subsistema, en la práctica no estatal, sin financiamiento asegurado, ni trato igualitario, supeditado a la cambiante voluntad del legislador", con lo que "la igualdad de oportunidades desaparece del horizonte constitucional que, en vez, crea una educación estamentalmente dividida en dos clases de alumnos".
La profesora Escarpentier no considera que el nuevo sistema público que propone la Convención vaya a ser una "sociedad de castas favorecidas en educación" y sostiene que "en la actualidad, el panorama no es favorecedor".
Dice que el 93% del estudiantado se encuentra bajo la figura de "un gran paraguas estatal que cubre establecimientos educacionales de dependencia municipal o SLEP y particulares subvencionados", sector este último "que ha crecido a costa de la educación pública" porque "existe la percepción que este tipo de establecimiento es el que asegura la calidad de la educación".
Sería ideal que el 100% de los estudiantes en Chile, desde la educación parvularia hasta la educación superior, pudiese contar con un sistema gratuito y de calidad, que dé a todos y todas las mismas garantías, plantea, "pero ante el actual estado de la educación chilena se debe buscar cómo reducir el altísimo nivel de segregación existente", para lo cual "hay que potenciar la escuela pública para elevar la calidad y disminuir las brechas, en todo sentido".
"En la medida que los establecimientos educacionales dependientes del Estado alcancen un alto nivel de logros que permita cambiar la realidad actual, sin duda las familias postularán al sistema de educación pública", afirma.
Por su parte, Jaime Retamal se plantea "de acuerdo con las conclusiones del profesor Brunner, aunque no necesariamente en su estructura de razonamiento". Subraya que "no es posible anular los sellos, visiones y misiones de una amplia diversidad de comunidades educativas que además están orientadas por los valores de una democracia abierta, plural, respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente, porque de un día para otro el Estado decide otra forma de distribución de los recursos".
El académico califica lo anterior como "muy grave" y señala que en la práctica "hoy tenemos tres tipos de niños pre-escolares, porque hay tres tipos de instituciones que reciben tres tipos de financiamiento muy distintos". Se pregunta si son o no todos los niños iguales. "Claro que sí, pero el Estado no lo reconoce así en los hechos porque el aporte a JUNJI, INTEGRA y VTF es muy distinto e injusto. No es una buena práctica estatal y las consecuencias de segregación y estratificación son profundas", concluye. 2
No es posible anular la diversidad de sellos, visiones y misiones porque el Estado decide otra forma de distribución de los recursos".
En el último proceso de selección, SAE, el 69% de las familias tuvo como primera opción un colegio del área particular subvencionada".
En la medida que alcancen un alto nivel de logros que permita cambiar la realidad actual, las familias postularán a establecimientos del Estado".
Es un retroceso en el derecho preferente de los padres, y para la estabilidad e igualdad de trato hacia los colegios particulares subvencionados".
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