Emplazamiento que exige una respuesta
El Presidente de la República debe reaccionar ante la peligrosa indiferencia del ministro de la Vivienda en el caso de la ocupación de un predio que culminó en homicidio. Valentina Correa, hija del propietario asesinado, declaró que lamenta "la indolencia del ministro Montes. Él representa a un Estado que se supone representa a todos los chilenos".
El emplazamiento que hace Valentina Correa al Presidente Gabriel Boric sobre la ilegalidad de las tomas de terrenos tiene el dramático peso de provenir de quien ha sido víctima directa de una de esas ocupaciones. El padre de Valentina, Alejandro Correa, fue fríamente asesinado por orden dc los promotores de la toma de un terreno de su propiedad situado en Quilpué.
"Confío que su gobierno estará junto a las víctimas", escribió Valentina en Twitter, esto tras declaraciones del ministro de la Vivienda, Carlos Montes (PS), que en relación a las ocupaciones de terrenos privados afirmó que debían ser los propietarios quienes tendrían que reaccionar sin contar con apoyo del Estado. La hija del propietario asesinado declaró ante esta afirmación que "lamento la indolencia del ministro Montes. Él representa a un Estado que se supone representa a todos los chilenos". Advirtió que para ellos, su familia, el uso de herramientas que entrega el derecho ha sido peligroso, lo que se comprueba con la muerte de su padre.
Es cierto que existe un alto déficit habitacional, pero también es una realidad que ese hecho ha comenzado a ser explotado por grupos criminales que organizan tomas de terrenos y al enfrentarse a recursos legales del propietario, caso Correa, no dudan en ordenar su muerte contratando a un sicario. ¿Puede el Estado permanecer indiferente ante un caso como este? ¿Puede eludir la aplicación de la ley para devolver el bien usurpado?
De acuerdo al pensamiento del ministro Carlos Montes, el privado se las debe arreglar como pueda. Ir a los tribunales como particular, sin que el Estado se haga parte o, lo que sería grave, actuar con violencia contra promotores y ocupantes. En suma, el ministro socialista está dando luz verde tanto a las ocupaciones ilegales de terrenos privados como a reacciones desesperadas de sus propietarios. Esta misma licencia ministerial sería válida para ocupaciones de terrenos agrícolas o de inmuebles urbanos en construcción o recién terminados.
En un cómodo copy paste de los dichos de Montes, el consejero regional PPD Manuel Murillo sostuvo que las tomas de terrenos privados se deben dejar en "manos de los dueños". En esta posición de figuras importantes del oficialismo hay un golpe más al Estado de derecho, a la confianza en las instituciones que deben proteger a las víctimas, en este caso a los herederos de quien fuera asesinado por intentar recuperar por la vía legal un bien que le fue usurpado.
El emplazamiento al Presidente de la República queda planteado y exige un pronunciamiento teniendo en cuenta que tras el abandono de las víctimas y la velada incitación a nuevas tomas se están deslegitimando acciones de saneamiento de campamentos, los esfuerzos personales de ahorro para la vivienda y también las inversiones privadas en el rubro habitacional amagadas por ocupaciones ilegales.