Cualquier revuelo se generó luego de la petición hecha por el alcalde Jorge Sharp, vía judicial a través de su encargado jurídico, Nicolás Guzmán, quien ingresó un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), una vez que este organismo mandatara al municipio porteño a entregar toda la información sobre sumarios por acoso sexual y maltrato laboral que se solicitaron, pero que la administración porteña se ha negado sistemáticamente a transmitir. Cabe destacar que esta solicitud la realizó una mujer que ha pedido mantener en reserva su nombre, pero que no ha dejado de utilizar los mecanismos jurídicos para obtener la información.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por la municipalidad apunta a que "representa una infracción flagrante a la privacidad de los afectados en los sumarios" y que "razonar sobre la base de que el simple tarjado de los antecedentes (...) es suficiente para evitar la determinación de su persona es erróneo, toda vez que los sumarios contienen una serie de elementos que de manera sencilla pueden producir a que pueda determinarse de quiénes se trata".

Todo esto ocurre debido a la gran cantidad de sumarios pendientes y que desde hace mucho tiempo están a la espera de su resultado, llegando incluso a que los afectados -aburriéndose de las eternas esperas- hayan decidido renunciar a sus cargos.

Tal fue el caso de la entonces directora de Cultura de la alcaldía, Isabella Monsó, quien denunció acoso laboral, sin que el municipio separara de sus funciones al supuesto acosador. Es más, ella misma dijo que la persona acusada se enteró y siguió acosándola incluso con mayor fuerza, tras lo cual ella habló nuevamente con el alcalde Sharp, quien le dijo que confiara en el sumario. Pero éste no tuvo movimiento alguno y la dejó a ella con una gran impotencia, lo que terminó acelerando su renuncia.

Otro caso que ha generado mucha expectativa es el sumario que está pendiente desde el año 2018 en contra de Romina Maragaño, quien ejerció al comienzo como directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, pero que una vez que se evidenciaron los casos de mala utilización de los recursos que disponía el estadio O'Higgins, ubicado en el cerro del mismo nombre, terminó saliendo del municipio, siendo contratada por la Cormuval. Con todo, Maragaño presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso debido a la excesiva demora en el sumario en su contra. Este recurso lo presentó hace más de un año y la Corte porteña lo falló en favor suyo, diciendo que éste debía concluir a la brevedad. Pero, una vez más, esto no ha ocurrido. Algunos dicen que es la "maña" que tienen en el municipio para poder mantener bajo presión a la gente, cuando ésta sale de su círculo de confianza.

Otro caso similar es lo ocurrido con Claudio Sepúlveda, quien también se encuentra bajo investigación sumaria, pero sin avances. Recordemos que Sepúlveda era jefe de Inspectoría Urbana, pero "cayó en desgracia" luego de haber apoyado a Marcela Cortés en la última campaña municipal. Ahora Sepúlveda está esperando aún el resultado de su sumario.

Pero lo que más ha llamado la atención es el buen trato que terminó recibiendo el entonces encargado de prensa municipal, Patricio Aeschlimann, debido a una denuncia por acoso sexual que lo llevó a un exilio dorado en las dependencias de la avenida Argentina. La funcionaria que acusó al amigo de Paulo Gómez, siempre se sintió en la misma situación de Isabella Monsó y terminó renunciando al municipio. Al final del día, como dice mi jefe haciéndose el importante, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cómo se completa la oración. Yo solo me remito a dejarles las alternativas a usted, mi más que paciente lector, para que marque su(s) opción(es) a su entero gusto.

Los sumarios en la Municipalidad de Valparaíso son más lentos que:

a) caracol con asma.

b) inyección de paté.

c) reclamo en el Compin.

d) patada de astronauta.

e) corporación para la administración de Sitio Patrimonial.

Sumarios más lentos

que caracol asmático

La historia constitucional de los países es cíclica. Desde 1810 cada generación ha mirado al horizonte sobre hombros de gigantes (J.M. Carrera, O'Higgins, Freire, Portales, Egaña et al) sólo para constatar que el gobierno de turno se inclinaba deliberadamente hacia la opresión, y una y otra vez la respuesta ha sido siempre la misma: organizar un movimiento opositor desde la política no institucional, defenestrar al gobierno corrupto en nombre de "nosotros, el pueblo", y redefinir el futuro constitucional del país.

Así ocurrió con las diversas constituciones que han regido nuestra historia republicana, al menos desde la Carta Fundamental de 1818. En cada ciclo de este péndulo imaginario la consigna ha sido diferente, con el agregado de que no parece existir una continuidad institucional entre las constituciones de 1828, 1833 y 1925, como se ha sugerido por algunos. Lo anterior trae consigo dos consecuencias necesarias: a) no es posible volver al texto de 1925 y desde allí edificar los cambios sustantivos que demanda la sociedad civil; y b) el proceso de reemplazo de la Constitución de 1980 -incluso con las reformas democráticas introducidas el año 2005- es, a estas alturas, irreversible.

Siempre hay numerosos grupos de poder que tratan de introducir sus agendas constitucionales en el debate popular. Normalmente estas facciones no suelen tener éxito, pero la coyuntura pos 18/O es tan excepcional, que en verdad cualquier cosa puede ocurrir. Algunas de estas catervas lograron que instituciones de importancia republicana adoptasen sus agendas particularistas, con lo cual la atención del espectro político se enfocó en esas agendas y su propaganda: el indigenismo, el separatismo, el feminismo, la refundación del país, la nueva "lucha de clases" entre el pueblo y las élites, etc.

Sin embargo, el entusiasmo que provoca el proceso constituyente no debe obnubilar la visión de largo plazo, pues las agendas pasan y las instituciones, si no son sólidas y refrendadas por una amplia mayoría, también. Ninguna Constitución sobrevivirá mucho tiempo si los ciudadanos no se identifican con ella. Como sostiene Joseph Raz "una Constitución debe servir no sólo como ley de los juristas, sino también como la del pueblo", en el contexto de un consenso general que gobierna la vida pública (Raz, On The Authority and Interpretation of Constitutions, 1998, p. 154).

El diálogo genuino no es sólo entre nosotros, sino también con las futuras generaciones. Esto supone abordar el quorum para reformar la Constitución: ¿2/3? ¿4/7? ¿Mayoría simple en ejercicio? La metáfora de Ulises, tan bien empleada por Jon Elster, nos invita a reflexionar sobre las virtudes del equilibrio y la ponderación: ni las férreas amarras de Ulises para resistir los cantos de sirenas, ni Ulises caminando libremente por la calle, sin ataduras de ninguna especie.