La crisis ambiental que viven las comunidades en Quintero y Puchuncaví se está transformando en una prueba desafiante, tanto para el Ejecutivo a nivel nacional, que planteó metas ambiciosas para las llamadas "zonas de sacrificio", como para los liderazgos regionales, que por años pelearon por un rol protagónico, decisivo, en la solución de las causas de este tipo. En reuniones oficiales, declaraciones a la prensa y encuentros con los vecinos, todas las autoridades involucradas han planteado su voluntad de llevar adelante las medidas definitivas para terminar con los episodios de contaminación o, al menos, reducir al máximo el riesgo de vivir en una zona de intensa actividad industrial, donde se recibe, almacena y distribuye gran parte del combustible y las sustancias derivadas que permiten el funcionamiento de la maquinaria económica del país.

Debido a los episodios ocurridos el año 2018, el entonces Gobierno del Presidente Sebastián Piñera elaboró un extenso plan de descontaminación: congeló el parque industrial, prohibiendo la llegada de nuevas empresas de alto riesgo; subió los estándares de funcionamiento a las plantas con mayores emisiones; activó una red de monitoreo en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente para que hubiera mayor transparencia en sus resultados; elaboró nuevas normas y comprometió inversiones relevantes para la reactivación económica del alicaído turismo de la zona. Hubo un largo trabajo que duró varios años, pero la historia es cíclica. Cada episodio gatilla nuevas medidas y compromisos que, a poco andar, se convierten en nudos difíciles de resolver. Las responsabilidades políticas se disuelven en el cambio de autoridad y los planes a medio hacer quedan muy pronto en evidencia: son soluciones parciales e insuficientes ante la magnitud del problema.

Según una historia que tiene mucho de leyenda, Alejandro Magno pasaba por la zona de Frigia, camino al Asia, cuando se topó con el desafío planteado por el rey Gordias, quien había hecho un nudo tan fuerte y retorcido que nadie podía desarmarlo, pese a que el Oráculo había predicho la conquista de todo Oriente para quien lo hiciera. Alejandro trató por horas -días, en otras versiones-, pero ya impaciente por la complejidad del problema, sacó su espada y de un golpe cortó el nudo en dos. Muchos dicen que su muerte prematura a los 33 años, en el camino para conquistar las naciones de Oriente, se debe a que no respetó la solución adecuada del nudo gordiano.

El macroproblema ambiental que aqueja a Quintero-Puchuncaví y Concón es el nudo gordiano más difícil que deben resolver las autoridades regionales -con Rodrigo Mundaca a la cabeza- y uno de los más relevantes para el Gobierno del Presidente Boric. El dilema es, justamente, si la mejor opción es avanzar en una solución tan profunda y lenta que el nudo parece no desatarse nunca o tomar un camino más drástico y brutal, como lo hizo Alejandro, cuyas consecuencias, imprevisibles muchas de ellas, pueden ser peores que el problema que solucionan.

Según la OIT y la Unicef (2021), se estima que existen 160 millones de niños que trabajan a nivel mundial; y de ellos, 73 millones se encuentran realizando trabajos precarizados, es decir, uno de cada 10 niños a nivel mundial efectúa trabajos peligrosos y de alto riesgo para sus vidas. Esta situación se repite en América Latina y el Caribe, donde se estima que 8,2 millones de niños entre 5 a 17 años realiza trabajos y más del 50% de ellos son peligrosos para su salud, educación y bienestar.

Debido a las alarmantes cifras, la OIT ha decidido conmemorar el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el fin de recordarnos que millones de niños deambulan de manera invisible por nuestras ciudades en condiciones de vulnerabilidad producto de trabajos informales e ilegales, empobrecidos y marginales, lo que atenta directamente con los principios de supervivencia, desarrollo y protección de la infancia. Sin duda, estas experiencias para cientos de niños es más dramática porque deben salir de sus casas producto del debilitamiento de sus redes protectoras o la pérdida de empleo de los adultos responsables, causando en la mayoría de los casos la deserción del sistema educacional, donde no les queda más que desplegar estas estrategias de sobrevivencia para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.

La proliferación del trabajo infantil expone a los niños a la obtención de recursos económicos a través de trabajos altamente vulnerables, de explotación y maltrato, destacando el trabajo doméstico, el comercio ambulante, pedir dinero en la calle, el trabajo como cargadores en ferias y mercados libres; además de otras formas de trabajo infantil tipificadas como intolerables, donde son utilizados para desempeñar actividades ilícitas (robos, soldados del narcotráfico), explotación y comercio sexual, que atentan directamente con el pleno desarrollo físico, psicológico y de salud. En este sentido, debemos reconocer duramente que estos niños son víctimas de un sistema que ha fracasado en todas sus dimensiones, vulnerando el privilegio a la protección y al ser niño.

Según lo expresado por Heritta Fore, directora ejecutiva de Unicef en el año 2021, estamos perdiendo terreno en este tema y nos encontramos en una crisis profunda producto de la pandemia, la economía y los ajustes en los presupuestos nacionales. Por esto, la Unicef insta a los gobiernos y bancos internacionales a dar prioridad a esta problemática, permitiendo a los niños a retornar a las escuelas y a programas de protección social, promoviendo el trabajo decente para los adultos, con el objetivo que las familias no deban recurrir a sus hijos para generar ingresos familiares.