Todo parece indicar que el proyecto de tren rápido entre Santiago y Valparaíso -o Tren Valparaíso-Santiago, como prefiere llamarlo el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García- se prepara para entrar a las salas de radiografía y escáner, donde se medirá exhaustivamente su costo/beneficio, de lo cual dependería si se construye o no.

Eso, si no se utiliza la fórmula "Prioridad Presidencial", que se ha usado muchas veces en proyectos de esta envergadura e impacto regional que no califican en términos de rentabilidad social, como recuerda el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz. O como hizo la Presidenta Bachelet con la Línea 6 del Metro, contra la opinión de los técnicos que dudaban de los beneficios de esa obra, agrega el urbanista Iván Poduje.

El artículo 22 de la Ley 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), señala que los estudios de preinversión y los proyectos de inversión a ejecutarse mediante concesión deben contar con un informe de esa cartera "fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad social".

Los informes "formarán parte del Banco Integrado de Proyectos de Inversión administrado por el MDSF". Mientras no se cuente con este documento, "no se podrá iniciar el proceso de licitación".

Qué evalúan y quiénes

La metodología de evaluación para concesiones es la misma que se aplica a los proyectos que postulan a fondos públicos y que son desarrollados al alero del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), expone la subsecretaria de Evaluación Social del MDSF, Paula Poblete.

La diferencia, agrega, radica en dos aspectos: en el caso de las concesiones se requiere la evaluación para iniciar el proceso de licitación, mientras que en la obra pública tradicional se necesita para la asignación de presupuesto público. Y en las primeras se evalúa un nivel de desarrollo de anteproyecto, que es más básico en comparación con el proyecto de inversión pública, el cual debe contener todo el detalle para que la iniciativa se pueda llevar a cabo, incluidas las obras complementarias.

Los aspectos que deberían evaluarse en este caso son numerosos y diversos, y van desde los estudios del trazado óptimo hasta costos de inversión, operación y mantenimiento, pasando por el modelo de negocio con la carga y los requerimientos de las comunidades (ver información en página 9), detalla la subsecretaria Poblete.

También indica que deben participar en esta evaluación la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda y el MDSF, sin perjuicio de que se pueda requerir la opinión de otros organismos públicos, como por ejemplo EFE o Ministerio de Transportes, entre otros. ¿Quién recibe el informe técnico-económico del MDSF que permite que un proyecto siga en carrera? Se le remite a la Dipres y a la Dirección General de Concesiones del MOP.

La última prefactibilidad

No es primera vez que un proyecto de tren Santiago-Valparaíso está sobre el tapete. Iván Poduje, sin ir más lejos, participó en uno en el año 1996. Y la subsecretaria de Evaluación Social refiere que en el 2014 EFE postuló a etapa de prefactibilidad al SNI un estudio a nivel de perfil sobre un tren entre Santiago y Valparaíso.

"En tal instancia, y con información muy preliminar, entregaba resultados de rentabilidad social positivos. A partir de tal recomendación, EFE estudió el proyecto de tren Santiago-Valparaíso a nivel de prefactibilidad, cuyo estudio finalizó en 2016, no presentándose al MDSF sus resultados", detalla.

Un prolongado silencio sobre el tema que interrumpió en los últimos meses Pedro Pablo Errázuriz, exministro de Transportes y expresidente de EFE durante los gobiernos de Sebastián Piñera, para señalar que el tren -hay dos consorcios interesados- carece de rentabilidad social suficiente y requiere un subsidio gigantesco.

Pero también entró después al terreno de las grandes definiciones el titular del MOP, Juan Carlos García, quien declaró que en este periodo se generarán todas las condiciones para licitar las obras de lo que sería el mayor proyecto en la historia de la Dirección de Concesiones -por alrededor de 3 mil millones de dólares- que estaría en operaciones hacia 2030, mientras en su cuenta pública del miércoles 1 el Presidente Boric anunció que el Gobierno comenzó a trabajar en la planificación del tren.

si bien la metodología de evaluación permite incorporar la reducción de emisiones de carbono que puede generar el proyecto, no incluye efecto descentralizador o impacto en actividades.

Rosa Zamora Cabrera

rosazamor@mercuriovalpo.cl