"El Presidente quería poner fin a las Zonas de Sacrificio y hasta ahora solo hace diagnósticos"
La emanación de ácido sulfhídrico que ayer dejó a más de 60 personas afectadas en Quintero y obligó a cerrar tres establecimientos educacionales, reafirma que desde los episodios de intoxicaciones masiva de 2018 hasta ahora, y luego de un sinfín de discursos políticos y proyectos, el panorama para la ciudadanía que habita la llamada "zona de sacrificio" sigue siendo el mismo.
Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, en entrevista con este Diario, la senadora Isabel Allende (PS) fue crítica de la herencia del gobierno anterior en estos temas, pero también plantea que las acciones tomadas por el actual están siendo demasiado livianas. A su juicio, hay que pasar del sobrediagnóstico a la acción.
- ¿Por qué pareciera que se avanzó poco desde 2018, año en que se dieron las primeras intoxicaciones masivas, hasta ahora?
- Hay que entender que el gobierno anterior fracasó en su intento de proyectar una imagen comprometida con un desarrollo sostenible. De hecho, durante el gobierno anterior, el entonces Presidente Piñera se comprometió ante la ONU a un nuevo trato con las zonas de sacrificio, pero luego se dio el gusto de no firmar el acuerdo de Escazú. Por lo tanto, la crisis del año 2018 solo nos dejó un nuevo plan de descontaminación que solo pide planes operacionales a las empresas y una norma de azufre muy insuficiente. Todo eso dista mucho de poder materializar una real mejora en la zona.
- ¿Qué opina de las acciones que tomó el Gobierno de Gabriel Boric en esta última semana tan compleja para Quintero y Puchuncaví?
- Las medidas que se tomaron son un avance, pero totalmente insuficientes, ya que de ninguna manera solucionan los problemas de fondo. De todas formas, lo primordial debe ser el cuidado de la salud de las personas. Sin ir más lejos, ahora vimos cómo tuvieron que volver a suspenderse las clases en jardines infantiles de Quintero por presencia de contaminantes, estando activas las medidas preventivas del Gobierno. Algunas de ellas, incluso, corresponden a medidas de carácter voluntario, como la paralización de las actividades en Codelco. Sin embargo, sabemos que varias actividades que se desarrollan en estas comunas no han podido ser evaluadas por ser anteriores a la creación de nuestra institucionalidad ambiental o, sencillamente, por tratarse de contaminantes no normados en nuestro país.
- ¿Qué cree que le ha faltado al Gobierno?
- En su programa, el Presidente Boric quería poner fin a las zonas de sacrificio, pero al contrario de eso, solo está haciendo diagnósticos. Las zonas de sacrificio son un territorio sobre-diagnosticado y por ello creo que se requiere un mayor compromiso y voluntad política para realmente ponerles fin.
- ¿Cómo se puede dar un golpe de timón desde ya en este tema, desde el Gobierno y el Congreso?
- Desde el Senado hemos venido trabajando en varias opciones que mejorarían nuestros estándares y fortalecerían nuestra institucionalidad ambiental. Por ejemplo, promovimos la iniciativa que se encarga de regular la instalación de nuevos proyectos en las zonas declaradas saturadas, principalmente por la demora del Estado en dictar los planes de descontaminación. Junto con eso, adherí a una iniciativa legal que busca que los proyectos anteriores a nuestra institucionalidad ambiental sean sometidos, al igual que el resto, a la evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- ¿Por qué era necesario esto último?
- Porque hoy se produce el absurdo de que un fiscalizador que se encarga de una chimenea en alguna empresa puede hacerse cargo de ella, pero al lado tiene otra chimenea que, evidentemente, contamina más, pero que no puede fiscalizar porque es anterior al SEIA.
- En la Comisión de Medio Ambiente del Senado se impulsó el proyecto de ley de Delitos Ambientales. ¿Es una solución?
- Por supuesto. En Chile tenemos delitos ambientales, pero estos tienen una muy precaria regulación. Por esto, desde el año 2013 que vengo impulsando un proyecto de ley de mi autoría sobre delitos ambientales. Después del año 2018 el proyecto recibió un impulso legislativo, pero en la Comisión de Constitución aún no hemos logrado que avance. Esperamos que ahora el Gobierno le pueda poner la urgencia que merece y sacarlo adelante a la brevedad.
- ¿Qué avances concretos ve, relacionados a lo medioambiental, en el borrador de nueva Constitución?
- Estamos convencidas de que el proyecto de nueva Constitución ya aspira a ser mucho más ambicioso en estas materias. Por ejemplo, dota a la naturaleza de derechos, reconoce la crisis ambiental y ecológica, junto con mandatar al Estado a proteger la biodiversidad. De aprobarse la nueva Constitución, nuestro país avanzará, también, en la consagración de un Estado ecológico, asegurando el derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, en conjunto con asegurar la educación y la justicia ambiental.
- ¿Qué tipo de transición pide, considerando la aplicación de todas esas normas?
- Todos estos artículos, sin duda alguna, nos dejan en una mejor posición para avanzar en una transición que sea ordenada y responsable con nuestro medioambiente, pero también con nuestra economía. No se trata de imponer una visión o de no estar atentos con el desarrollo que necesita nuestro país. Más bien, estamos incorporando nuevos elementos y características que hoy no están presentes en nuestra legislación.
- El lunes se promulgó la Ley de Cambio Climático. ¿Incidirá en algo la vida cotidiana para los vecinos de Quintero y Puchuncaví?
- La ley de Cambio Climático es una ley que está enfocada en mitigación. Muchos de los contaminantes presentes en las zonas de sacrificio son, además, causantes del cambio climático, tal como el dióxido de azufre y el carbono negro, el cual se produce en la combustión del carbón en las termoeléctricas. Por lo tanto, sería absurdo que una ley de cambio climático no considerara las particularidades que ocurren en las zonas de sacrificio. Por eso, esta ley impulsa el bajar de 5 a 4 años el plazo legal para que el Ministerio del Medio Ambiente revise las normas de calidad y emisión ambiental. Además, logramos que se aprobara la idea de que los planes de descontaminación se dictaran en un plazo máximo de 4 años y no en 10 como ocurre normalmente.
- Por último, y ya que previamente defendió el proyecto de nueva Constitución, ¿qué le parece la idea de la DC, apoyada por Chile Vamos, para modificar el quorum de 2/3 de la Constitución de 1980?
- Lo central es que el plebiscito del 4 de septiembre es obligatorio y se establecen dos opciones: Apruebo o Rechazo. Cualquier otro intento es confundir y ayudar directa o indirectamente al Rechazo. Además, es poco creíble que una derecha que se ha opuesto siempre a reducir los quorums, hoy sí lo quiera hacer.
"La nueva Constitución nos deja en una buena posición para hacer una transición que sea responsable con nuestro medioambiente, pero también con nuestra economía".