Crítica de trabajadores de Codelco Ventanas
Ante la amenaza de un cierre de la planta en la bahía de Quintero, los gremios se movilizaron y criticaron el manejo del Gobierno en la crisis.
Justo cuando los estudiantes habían regresado a las clases presenciales y las autoridades comenzaban a tomar las riendas de la crisis ambiental que afecta a Quintero y Puchuncaví, un nuevo episodio de intoxicaciones masivas, una protesta con barricadas en las rutas de acceso y un duro emplazamiento de los trabajadores de Codelco -con toma de la planta incluida- dejaron en evidencia la complejidad del problema que debe enfrentar el Gobierno.
Desde los patios de La Moneda, la ministra vocera, Camila Vallejo, expuso el lunes el procedimiento que guiará las acciones del Ejecutivo en la zona: "Si algo se tiene que suspender son las operaciones de las empresas y no las clases". Sin embargo, esa declaración no revela ni de lejos la tensión que cada día crece entre los trabajadores de las firmas del cordón industrial, partiendo por Codelco Ventanas. Con cierta razón, los funcionarios de la estatal temen el cierre de las instalaciones en la zona, una medida que encuentran injusta, pues sienten que las responsabilidades en los episodios de contaminación son, al menos, compartidas con el resto de las industrias que opera en la bahía. Las palabras de Vallejo encontraron respuesta en Andrea Cruces, presidenta del Sindicato Número 1 de Codelco Ventanas, quien subida a una tarima en el patio de la fundición, hizo una dura crítica a la actitud del Gobierno, a la falta de fiscalización de otras empresas -"somos la única que ha dado la cara", dijo- y a la propia cuprífera, por no realizar una inversión contundente en tecnología para garantizar la continuidad de operaciones.
Los dichos de la delegada presidencial, Sofía González, en orden a que el Gobierno garantizará la calidad de vida de los habitantes de Quintero, Puchuncaví y Concón, lo que incluye, según sus palabras, "la calidad laboral de quienes viven allí", no alcanzaron para tranquilizar las aguas entre los cientos de operarios y funcionarios.
Al debate se sumó el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, quien dijo ayer que no quiere ser parte de "un desastre económico" en las comunas de la bahía, porque son más de 5 mil familias las que directa e indirectamente se ven beneficiadas por las empresas del cordón industrial. Comercio, servicios y pymes de transporte serían las actividades más perjudicadas ante un eventual cierre de plantas y el éxodo de sus trabajadores.
La coordinación de una estrategia conjunta para lograr todas las exigencias que nacen desde las comunidades y empresas de Quintero y Puchuncaví es una tarea aún pendiente dentro del Gobierno. Hasta el minuto, el gobernador Rodrigo Mundaca y la delegada González parecen estar al frente de ciertas acciones focalizadas, pero no cuentan con las competencias para resolver los problemas de fondo, como lo reconoce el propio Mundaca al pedir que se acelere el traspaso de atribuciones comprometido por el Presidente Gabriel Boric para los jefes regionales. Las crisis de esta envergadura requieren un responsable con potestades adecuadas y la habilidad para conducir a todas las partes hacia una solución de largo plazo.