Katherine Escalona M.

Nuevas aristas surgen en medio de la crisis del Hospital Psiquiátrico del Salvador, en Valparaíso, tras la denuncia de torturas que realizó la semana pasada la ministra de Salud, María Begoña Yarza, al Ministerio Público. Ayer, este Diario tuvo acceso al informe que ingresó la secretaria de Estado a la Fiscalía y, paralelamente, en la avenida Brasil los trabajadores del establecimiento confirmaron una paralización.

La situación se agudiza cada vez más frente a la nueva reunión que, posiblemente, sostendrá Yarza hoy con los gremios de salud de la región, instancia donde confirmaron los trabajadores del hospital no han sido invitados. La doctora Alejandra Voigth, representante del Capítulo Médico del Hospital del Salvador y parte de la multigremial, confirmó que "no tenemos ninguna información al respecto y tampoco estamos convocados".

Esto fue ratificado después que Voigth detallara los términos de la paralización que comenzó ayer, medida que se extenderá hasta que la ministra, según aseveraron, dé marcha atrás respecto a la denuncia de "torturas" que hizo ante la Fiscalía, acción que continúa su curso en la arista legal y que la cartera sigue adelante por ser parte del conducto regular, según lo expuesto en reuniones anteriores.

Paro y precariedad

Voigth explicó que "hicimos una asamblea abierta y queremos manifestar como comunidad hospitalaria que, a partir de ahora (ayer), se suspenden los ingresos para atención cerrada, para atención abierta, se suspenden las consultorías, las solicitudes de peritajes en la unidad forense y los ingresos. Se suspende la telemedicina y los ingresos a hospitalización domiciliaria y a la unidad de infantojuvenil. Además, se suspenden los ingresos desde las unidades de emergencia desde los distintos hospitales de la red".

Para cubrir el sistema, recalcó, "se dispondrán de turnos éticos para los pacientes hospitalizados y se entregarán las recetas por parte de farmacia a aquellos pacientes de la atención abierta. Comenzamos con movilizaciones el día de hoy (ayer) y de manera indefinida hasta que la ministra de Salud haga una declaración pública en que desista categóricamente de la denuncia ante la Fiscalía. Haga un comunicado de que no se tortura ni se ha torturado, ni se viola ni se han violado los derechos humanos de nuestros pacientes".

Ante esto, advirtió que "cualquier trabajo o diálogo que la ministra nos solicite tendrá que ser posterior a ese acto reparatorio, porque la ministra ha dañado profundamente la imagen de nuestro hospital para toda la comunidad".

Agregó que "la ministra ha destruido nuestra imagen como funcionarios públicos comprometidos con una atención de calidad, pese a las condiciones laborales en que nos ha tenido por años el Estado de Chile. Exigimos que se repare nuestra imagen. Las personas desconfían de nosotros y temen ser atendidas cuando somos la única institución que proporciona las prestaciones que nosotros tenemos".

La situación actual del hospital es precaria. La presidenta de base de Fedeprus del Hospital del Salvador, Milena Rojas, reconoció que "hacemos un trabajo impecable, pese a la precariedad de los recursos. Acá no se puede culpar a los profesionales por una precarización que se sostiene desde el Estado hace años. Estamos pensando solicitar algún amparo".

El presidente de la Fenats Unitaria del hospital, Freddy Riffo, incluso contó que dada la situación de la denuncia han sido víctimas de maltratos. El lunes, en los cerros de Valparaíso, se atacó a personal del sistema de atención domiciliaria. Puntualizó que "nos 'sacamos la cresta' con ningún recurso que nos entrega el Estado y así entregamos una atención digna y de calidad".

Riffo señalo que más de 50 trabajadores son los que se sumaron a la paralización de carácter indefinido y, con ello, aproximadamente un 70% de pacientes quedaría sin atención. Diariamente se atienden de 400 a 500 pacientes.

Informe

El 10 de junio, la ministra Yarza ingresó un oficio a la Fiscalía con la denuncia, donde menciona el "informe de visita de la Comisión de Protección de Derecho de las Personas con Enfermedades Mentales (Coreprem)", que se realizó el 10 de marzo, documento al cual este Diario pudo acceder.

En el escrito queda establecido que se realizó la fiscalización a la sala de procedimientos para la realización de terapia electroconvulsivante modificada, donde detectaron "incumplimientos a la norma técnica, por lo que se indica inicio de sumario sanitario" y "se observa sala de procedimientos sin áreas clínicas señaladas, sin depósito de lavado profundo, mesas con presencia de óxido".

Agrega que "no existe un protocolo de aplicación para terapia electroconvulsiva ni registro de número de TEC aplicadas en el establecimiento y se evidencia que realizan la terapia sin anestesia ni médico anestesista que la realice". Tras esto, desde la seremi se suspendió la aplicación de la terapia antes mencionada porque "está en incumplimiento de la norma técnica" y se da cuenta que, desde el 19 de agosto del 2021, el seremi de Salud de la época, Georg Hübner, solicitó información de las terapias electroconvulsivantes al director del hospital, pero la información no fue entregada.

Del informe y la paralización de los trabajadores este Diario consultó al Ministerio de Salud (Minsal), entidad que informó que no se van a referir al tema.

"Comenzamos con movilizaciones el día de hoy (ayer) hasta que la ministra de Salud haga una declaración pública".

Alejandra Voigth, Representante del hospital

"No se puede culpar a los profesionales por una precarización que se sostiene desde el Estado hace años".

Milena Rojas, Pdta. de base Fedeprus hospital

El personal médico del Hospital del Salvador explicó que actualmente hay más de 4.500 pacientes que se atienden de forma ambulatoria y existen una ocupación de 59 camas con pacientes hospitalizados, los que recibirán atención durante la paralización. La presidenta del Consejo Local de los Usuarios del hospital, María Lorena León, aseveró que "tenemos muchos casos de personas que han sido atendidas y siempre han dicho que la atención es excelente. Yo no sé de dónde sacó la ministra la palabra tortura, que es muy grave. Creo que la ministra se quedó en el pasado. Estamos preocupados".

Después de dos años de haber sido dejado sin efecto el polémico concurso de directores para los establecimientos educacionales públicos de la Ciudad Puerto, el tema vuelve al tapete tras un recurso de protección que interpusieron diez docentes que participaron del proceso, acción legal que generó reacciones inmediatas en la Asociación de Directivos Docentes de Valparaíso (Asodival).

Ayer, los dirigentes de Asodival analizaron los antecedentes del recurso de protección, sostuvieron una reunión con su abogado e informaron que también activarán acciones legales una vez que termine el proceso que sigue el recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Además instaron al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en su calidad de presidente del directorio de la Cormuval, a entregar los antecedentes requeridos en la acción legal.

El presidente de la Asociación de Directivos Docentes de Valparaíso (Asodival), Carlos González Pereira, afirmó que "estamos preocupados respecto a la situación en relación al concurso, dada la información que hoy (ayer) apareció en El Mercurio de Valparaíso y, analizado con el abogado, vemos la opción de tomar las acciones legales correspondientes para ver de qué forma podemos definir como participar en estas instancias judiciales".

Explicó que "analizaremos posteriormente a lo que decida la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema las acciones legales que vamos a incurrir producto de esta situación. Estaremos atentos a la resolución judicial, sabemos que es un proceso largo y a partir de eso vamos a definir las acciones".

El dirigente detalló que "hacemos un llamado al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y a la Cormuval para que entreguen la información, para que ellos (los recurrentes del recurso de protección), también tengan cierta tranquilidad a este proceso y dejar cerrado de una vez por todas este lamentable episodio".

Desconfianza

El fallido concurso de los directores realizado el 2020 - que fue anulado según informó el alcalde en mayo de ese año, por diversas irregularidades administrativas- revive una situación difícil y provoca desconfianza entre los directivos de los distintos establecimientos.

González precisó que "esto provocó desconfianza en toda la comunidad educativa y vuelve a renacer el proceso que, efectivamente, para nosotros fue complejo porque sabemos que hubo una manipulación por parte de algunos sectores. Esperamos que eso no se vuelva a repetir en la educación en Valparaíso", sobre todo que ahora el escenario es diferente.

La educación pública ya no está a cargo de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), ya que pasó a ser parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), institución que, según González, estaría preparando un nuevo proceso para los diferentes establecimientos, por lo que la acción del recurso no deja de llamar la atención.

"La información que tenemos es que el Servicio Local está en un proceso de análisis para llamar a concurso y también es coincidente que algunas de estas escuelas que están en este proceso judicial también van a ser llamados a concurso, a lo que suma que esto se produce cuando el director ejecutivo del SLEP está en un proceso de remoción. Nos llama la atención que sea tan coincidente y sabemos que también hay una situación política ahí a la que debiéramos estar atentos", concluyó el dirigente.

"Analizado con el abogado estamos viendo la opción de tomar las acciones legales correspondientes".

Carlos González, Presidente Asodival