Finalmente falleció el adolescente de 15 años baleado en la cabeza en el cerro Placeres de Valparaíso. El menor fue herido cuando viajaba en un vehículo que fue interceptado por desconocidos que hicieron uso de armas de fuego. Este caso encierra una situación especialmente grave, pues tras el ataque y las lesiones irreversibles que causaron de la muerte, está la presencia de adultos, hasta ahora no identificados, que llevaron al menor a vincularse con el mundo delictual. Periodistas de este Diario establecieron que la víctima, Camilo A.R.P., cumplía una medida cautelar bajo tuición del Sename tras haber sido formalizado por el Juzgado de Garantía de Valparaíso acusado del delito de receptación de vehículos motorizados. Fiscalía había solicitado 541 días de libertad asistida especial, además de pago de costas.
Tanto la Municipalidad de Valparaíso como la Defensoría de la Niñez han dado apoyo a la familia de la víctima.
La delegada presidencial, Sofía González, sostuvo que "es fundamental que disminuyamos el poder de fuego, que desbaratemos bandas criminales en nuestros barrios".
Tiene toda la razón, particularmente cuando asistimos a casos en menores de edad son víctimas de agresiones. El caso del chico de Placeres se agrega al de una niña herida por un disparo que impactó una vivienda en Playa Ancha.
En ambas situaciones, de diversa forma aparece la figura delictual del "ajuste de cuentas".
Pero la investigación no debe detenerse en el caso de Camilo, pues al estar imputado en un delito, es lógico suponer que tras el hecho existieron cómplices y existieron quienes lo instigaron a violar las leyes. Es lógico también establecer que tras esa instigación existen adultos que se aprovechan de menores de edad para perpetrar sus acciones dadas la baja y pocas gravosas penalidades que recae sobre adolescentes que son instrumentalizados.
El dolor que significa para una familia la pérdida de uno de sus miembros y para la sociedad la muerte de un joven exige una investigación a fondo con el fin de sancionar a todo el entorno que rodea este caso. Por otro lado, si bien las penas para menores que delinquen son necesarias, es fundamental que su aplicación signifique efectivamente vigilancia y a la vez procedimientos de readaptación social que los aparte del mundo criminal donde impera la violencia y la droga. Así, dentro del muchas veces denostado tema de la seguridad -el borrador constitucional no lo asume en propiedad- es urgente atacar el frecuente uso de menores instigados al delito.Cuando se habla de protección a la niñez hay que adelantarse a situaciones que conducen a los menores a delinquir, focalizando ese amparo en sanciones disuasivas en esos adultos instigadores, materia que en este caso concreto no se puede cómodamente dejar de lado.
