Lasso declara estado de excepción tras quema de cuarteles de policía
ECUADOR. "Acciones violentas", tras 17 días de protestas de grupos indigenistas, culminaron con dos edificios incendiados y cuatro provincias en emergencia.
Efe/Redacción
La Policía de Ecuador pidió ayer a las organizaciones sociales e indigenistas que protestan contra la gestión económica del Gobierno y por el aumento en el costo de la vida, que cesen las acciones violentas, como la quema de cuatro cuarteles policiales en los alrededores de Quito, para propiciar el diálogo pacífico entre ambas partes, que en estos momentos se encuentran en punto muerto.
El llamado fue realizado por el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, tras evaluar la situación de una dura jornada de protesta la noche del martes en un sector de la periferia de la capital.
La quema de las cuatro unidades de la Policía Comunitaria (UPC), encargadas de la seguridad en los barrios, ocurrió luego que a través de las redes sociales se informó sobre la supuesta muerte de dos personas por la represión contra una protesta callejera en el sector de San Miguel del Común, en la parroquia rural de Calderón, al norte de la capital.
Según Salinas, esas informaciones fueron falsas, pero sostuvo que luego algunas personas generaron destrozos en las unidades de vigilancia, especialmente en dos que resultaron las más afectadas, y agregó que tres personas fueron detenidas por los sucesos.
Finalmente, el jefe policial aseguró que en el marco de las protestas, 228 policías han sido heridos, mientras que las organizaciones de derechos humanos reportan 313 heridos entre los manifestantes.
Además, dijo que diez UPC y 11 vehículos resultaron destruidos en las protestas, mientras que otros 72 vehículos policiales sufrieron daño.
Punto muerto
La crisis llegó a un "punto muerto" ayer con el diálogo roto entre el Gobierno y el movimiento indígena.
Las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) cumplieron ayer 17 días con cortes de carreteras, bloqueos en vías e incidentes violentos con la policía, y el ataque a dos convoyes de camiones con productos de primera necesidad custodiados por militares.
Precisamente, la muerte de un militar en el ataque a un convoy que transportaba combustibles en la Amazonía, fue el detonante para que el presidente Guillermo Lasso rompiera el diálogo con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.
Estado de excepción
Durante la tarde de ayer, el presidente Lasso decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según el gobierno, se "concentran la mayoría de actos violentos" de las protestas indígenas: Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana.
La medida no incluye Pichincha, cuya capital es Quito, donde se congrega la mayoría de unos 14.000 manifestantes.