Cristián Rojas M.

Tras el anuncio gubernamental del Plan de Emergencia Habitacional, que proyecta 31 mil viviendas en cuatro años para la Región de Valparaíso, la mujer llamada a liderar ese desafío es la seremi de Vivienda, Belén Paredes, socióloga quilpueína que antes de llegar a ese cargo ejerció como jefa de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional.

De entrada, remarcó que como ministerio se han propuesto "avanzar hacia ciudades mucho más justas, planificadas, con accesos y con la consolidación de derechos. Sabemos que muchas ciudades no entregan la posibilidad de empleo, de equipamiento y de esparcimiento que nos gustaría, por lo tanto, a partir del trabajo con los instrumentos de planificación, el desarrollo urbano, y por supuesto la generación de vivienda y espacio público, buscamos apuntar a mejorar las condiciones de vida".

Sobre el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), precisó que "en marzo de 2022 iniciamos alrededor de 16 mil viviendas, y este plan establece que tenemos que generar todas las restantes, es decir, más de 14 mil viviendas. Esta proyección de números se hace a partir del catastro de campamentos del año 2019, y también de una proyección del censo del 2017.

- ¿En qué comunas se emplazarán esas viviendas?

- El PEH establece lo que denominamos como 'sistemas de ciudades' y grandes ciudades, es decir, establece aquellas que presentan mayor déficit, que se centran en las áreas metropolitanas como Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio y San Felipe, y establece además números de viviendas por comunas, las cuales se desagregan a partir de esta proyección del censo.

- Un reciente estudio de la Cámara Chilena de la Construcción arrojo que en la región se requieren 272 mil viviendas de aquí al año 2035 para superar el déficit, por lo que el Plan de Emergencia habitacional sería insuficiente. ¿Se analiza alguna fórmula para complementarlo?

- Según el catastro de campamentos y la proyección del censo se estima que las viviendas que se necesitan son más de 56 mil en la región, sin embargo, nosotros trabajamos un PEH en función también de una meta posible de cumplir y que va a ayudar a paliar el déficit, que sabemos no se va a acabar con el Plan, sin embargo, buscamos disminuir las brechas. Ahí es importante también aclarar los tipos de demanda habitacional, los estudios que complementan este tema apuntan también a una demanda general de vivienda, y nosotros estamos focalizados también en un déficit de vivienda en función de nuestras familias de integración social, y también en nuestras familias vulnerables.

- Un tema clave es la disponibilidad de terrenos. ¿Qué opciones se analizan?

- El PEH tiene un apellido, que es la gestión de suelos, que habla de generar un banco de suelos público y privado, pero también de generar iniciativas en función del banco de suelos. Sabemos que existen catastros de la Fuerzas Armadas, de Bienes Nacionales, y de terrenos de propiedad fiscal o de Serviu, sin embargo, nosotros tenemos que asociarle alguna gestión habitacional enmarcada dentro de los proyectos de micro radicación, proyectos también de planes urbanos habitacionales. También es muy importante señalar que este suelo fiscal no es suficiente para llevar a cabo el PEH, por lo tanto, tenemos que adquirir nuevas hectáreas de terreno para poder cumplir con este plan. Actualmente contamos con 71 hectáreas de suelo público, pero para llevar adelante todos los proyectos habitacionales necesitamos contar con 63 hectáreas más de suelo privado, y para eso tenemos equipos de trabajo generando análisis técnicos y normativos que nos permitan reconocer suelo bien localizado en las comunas con mayor déficit.

- Un tema importante que ha surgido en los últimos años ha sido el de las tomas. Por ejemplo, en Quilpué se tomaron un terreno que estaba asignado para viviendas de microbuseros y hay varias más en Viña y Valparaíso. ¿Cómo se está abordando esa situación?

- Lo que tenemos que hacer en primera instancia es recuperar el rol del Estado en la construcción de la vivienda, hacer que las familias confíen en las soluciones de vivienda que nosotros estamos entregando, que se ajusten a sus necesidades, y en segunda instancia, actuar de manera intersectorial frente a las ocupaciones. Acá hay un proceso que no solo le corresponde al Ministerio de Vivienda, sino que también a los propietarios de los terrenos, sean públicos o privados, y también a Interior o seguridad pública, para resguardar áreas en que no debiese haber ocupación de personas porque corren riesgo. Entonces tenemos conocimiento de todas estas ocupaciones que han surgido en el último tiempo, hemos hecho un trabajo colaborativo con los gobiernos locales, por ejemplo, la ocupación del terreno de los microbuseros en Quilpué, donde se está desarrollando un proyecto habitacional, se les han entregado soluciones transitorias a las familias para que puedan disponer nuevamente de los terrenos y así continuar el proyecto, y eso se ha abordado uno a uno.

- Otro caso es en Miraflores alto, en Viña, donde se tomaron un terreno destinado a un centro de salud pública. ¿En qué está esa situación?

- Esa es una situación en que se trabaja también coordinadamente con el municipio, a propósito de poder entregarle también una solución de albergues transitorios a las familias que ahí lo ocupaban, a partir de un convenio, y de esta manera poder disponer de nuevo del terreno para lo que fue entregado al municipio, para el desarrollo de ese centro de salud.

- En el tema del Parque Barón de Valparaíso, en que la empresa pidió una resciliación del contrato por el alza de precio en los materiales de construcción y por la demora por los hallazgos arqueológicos, ¿cómo se está trabajando eso?

- Como ministerio estamos buscando todas las herramientas para que el proyecto pueda concluir, que se ejecute y se entregue a la comunidad. La obra no ha estado detenida, sino que se ha ajustado a los requerimientos del CMN, cuestión que busca poner en valor al patrimonio.

- Por los hallazgos arqueológicos también se han retrasado otros proyectos. ¿Se ha conversado con el CMN para que pueda agilizar estos procesos?

- Tenemos que mejorar los instrumentos que tenemos de coordinación con el CMN, en función de respetar el patrimonio, pero de perseverar en obras que son tan relevantes.

- En cuanto al alza del precio de los materiales de construcción que esgrimió la empresa, ¿se contempla aumentar el presupuesto?

- La solicitud del contratista se está evaluando en los marcos normativos que establece el contrato, de acuerdo a los reajustes posibles, sin embargo, en su minuto se evaluará también el costo real del contrato en las condiciones actuales.

- ¿Está en peligro el proyecto?

- Debemos tener la firmeza para decir que vamos a garantizar su construcción y su finalización. Es un proyecto emblemático, es muy anhelado, y por lo tanto, debemos trabajar por que el proyecto concluya. Tenemos dificultades, sin embargo, debemos sobrellevar esos conflictos, superarlos y garantizar la construcción y finalización del parque.

- A raíz de esos problemas, ¿podría replantearse o modificarse el proyecto?

- Eso es algo que debe estudiarse en su minuto, pero es un proyecto aprobado, que tiene un diseño, que tiene un programa, por lo tanto, debe continuar en esa misma línea.

"Tenemos que mejorar los instrumentos de coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales".

Con la firme intención de limpiar su nombre y aclarar que lo suyo no es una usurpación está el administrador de la multicancha de pasto sintético del estadio O'Higgins, Miguel Plaza, quien es objeto de una querella por parte de la Municipalidad de Valparaíso. El recurso legal da cuenta que el recinto fue usurpado debido a que Plaza no cumplió con el plazo que le exigieron para su entrega.

"De partida, inauguramos el espacio con el alcalde de la época, Jorge Castro, con llave en mano, por lo cual no hay usurpación. Nosotros hicimos en ese tiempo un contrato con la Asociación O'Higgins, que tenía la cancha a cargo. La municipalidad alega que no puede haber un particular a cargo, y ahí surge el problema con lo mío, que soy particular. Nosotros pusimos el pasto sintético, luces, le dimos vida a un lugar que se ocupaba para acopiar materiales, sin saber que existía ese impedimento, lo que tampoco nos explicó el presidente de la asociación, Eduardo Rodríguez, que también es funcionario de la municipalidad y entiendo que hoy es objeto de un sumario. Si yo hubiera sabido que esto era irregular no habría hecho esa inversión grande", explicó de entrada Plaza.

El administrador recalcó que "no es nuestra intención quedarnos ahí, lo que solicitamos a la jefa de Dideco, Carla Meyer, es llegar a un acuerdo debido al año de pérdidas que tuvimos por la pandemia, y ahí radican las diferencias que tenemos y surge el problema. El año se cumpliría en noviembre, pero ni siquiera pedimos eso, sino que al menos llegar hasta septiembre".

Asimismo, planteó que "mi abogado me dice que el juicio demora y podríamos llegar perfectamente a esa fecha, pero no es mi intención hacerlo de esa forma, sino que en buenos términos. Yo ahora podría llevarme la carpeta de pasto y las luces, pero tampoco es la idea, porque con la cancha también prestamos un servicio gratuito todos los domingos a las escuelas del sector, entonces sería un daño para los niños y no pretendo hacerlo".

Consultada al respecto, la directora municipal de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer, señaló que "el equipo de Deportes junto con la dirección de Asesoría Jurídica se reunió con el señor Plaza, tomando acuerdo respecto la fecha que debía hacer abandono del lugar. La querella se interpone producto del no cumplimiento de ese acuerdo. Nuestra dirección de Asesoría Jurídica ha indicado los pasos a seguir, por lo que no me corresponde iniciar conversaciones que vayan en contra de lo que se ha realizado".

Un sinuoso recorrido han debido realizar los ascensores porteños para su mejoramiento. Hoy, autoridades encabezadas por el ministro MOP, Juan Carlos García, y el gobernador Rodrigo Mundaca firmarán la renovación del comodato de diez ascensores del Gobierno Regional con el municipio porteño. Sin embargo, este acuerdo no parece la mejor fórmula para administrar los funiculares. Para el core Manuel Millones, en el Consejo Regional estábamos por buscar otra entidad pública que asumiera su administración, dada la mala experiencia con la municipalidad que los tiene bajo su tutela desde el 2012 y, a la fecha, no hay un plan de gestión que asegure la sustentabilidad financiera de la red de ascensores y se pueda asegurar beneficios a los adultos mayores y estudiantes con rebajas de pasajes y gratuidad". Por ello exige un compromiso financiero por parte del Gobierno que asegure su mantención.