Definitivamente, la Democracia Cristiana (DC) está fracturada. La fractura viene desde hace tiempo, pero ahora se agrava con el acuerdo de la Junta Nacional que acordó apoyar el Apruebo en el plebiscito constitucional.

Los remezones y las objeciones a la decisión recorren toda la estructura partidaria y han tomado fuerza en las últimas horas en Valparaíso con quemantes declaraciones de Roy Crichton, vicepresidente regional de la colectividad. Lamentó la forma en la que se adoptó la decisión, debido que en ella "solo siete comunas (de la región) pudieron hacerse parte y votar, dejando fuera a las 31 restantes".

Agregó el dirigente, también miembro del Core, que se trata de hechos que "deterioran la fraternidad interna, especialmente cuando la Democracia Cristiana es un enfermo en situación terminal". Crichton echa de menos en la decisión una "elección transparente donde cada militante representa un voto; se decidió actuar con una estructura que está absolutamente agotada y que perdió vigencia". Insiste en la fractura y el estado en que quedó tras el acuerdo "el que fuera uno de los partidos más grandes de Chile".

A estas afirmaciones se suma el alcalde de Cabildo, Víctor Donoso, quien denuncia que a numerosos presidentes comunales de la Región se les impidió participar en la decisión de la Junta. En cambio, otros directivos DC apoyan la decisión afirmando que los partidarios del rechazo son un grupo minoritario. Tal es la apreciación de Manuel Robledo, presidente comunal de Valparaíso, y de Waleska Castillo, quien también es vicepresidenta regional de la colectividad, quien destaca el contenido del borrador constitucional.

Con todo, la fractura es evidente y la afirmación de que la DC "es un enfermo en situación terminal" expresa la realidad de una situación que, al parecer, no fue efectivamente dimensionada al momento de pronunciarse por la opción Apruebo.

Esa condición se acentúa cuando figuras importantes de la Falange se han inclinado a favor del Rechazo. Así lo comunicó ayer el propio expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mientras que los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, junto al expresidente DC y exconvencional Fuad Chahin, informaron que trabajarán públicamente por esa opción. También figuran en esa misma posición militantes históricos, como Andrés Zaldívar y Enrique Krauss. Este último, en un artículo periodístico, calificó la propuesta constitucional entregada el pasado lunes como "un estatuto refundacional que dinamita instituciones, desperdiciando aspectos positivos que han permitido el crecimiento y desarrollo del país; incursiona en temas sensibles para la persona humana y sus convicciones íntimas, y no respeta o salva derechos adquiridos de acuerdo con ordenamientos vigentes al tiempo de su ejercicio".

Por donde se mire el caso es grave y con el acuerdo oficial DC del miércoles la lesión se profundiza con proyecciones electorales que sin duda amenazarán la representatividad de la colectividad que en un momento se convirtió en una poderosa alternativa política en el plano nacional y, particularmente, en el regional, con alta representación parlamentaria.

En un país con una política polarizada, como ocurre desde hace algún tiempo con el nuestro, no es sorprendente que el plebiscito del próximo 4 de septiembre deje a la ciudadanía frente a dos opciones que, en su sentido estricto, le resultan indeseables: adoptar la propuesta de Constitución elaborada por la Convención Constitucional o mantener la vigencia de la actual. La más reciente encuesta Cadem muestra que solo un 10% querría ver aplicado el proyecto de la Convención "tal como se propuso", mientras únicamente un 19% prefiere "seguir con la Constitución actual". Las dos alternativas explícitas del plebiscito sumadas no alcanzan a seducir a un tercio de la ciudadanía.

Dos tercios de los chilenos, por tanto, tendrán que decidir su voto en base a una conjetura acerca de cuál de las dos opciones tiene más probabilidades de mutar en un camino hacia la Constitución sensata e inclusiva que parecen preferir. Hasta ahora, según la misma encuesta, un 38% se inclina por el Rechazo, en el entendido que ello conducirá a "un nuevo proceso que permita tener una nueva Constitución", en tanto un 29% se decanta por el Apruebo, asumiendo que la propuesta de la Convención podrá ser reformada en "lo que sea necesario".

Las élites políticas moderadas parecen sintonizar con las intuiciones ciudadanas. Luego de presentado el texto final el pasado lunes, no se ha sabido de dirigentes de centroderecha de alguna relevancia que se manifiesten por el "Apruebo para reformar", en tanto en la centroizquierda ha habido un buen número que ha hecho pública su decisión de rechazar para buscar una senda hacia una mejor nueva Constitución.

El acuerdo entre la centroderecha y la centroizquierda ha sido el núcleo de todos los grandes compromisos que han librado a nuestro país de conflictos mayores en las últimas cuatro décadas: el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia de 1985, las reformas constitucionales aprobadas en 1989 en plebiscito por un 91%, la "democracia de los acuerdos" del gobierno de Patricio Aylwin, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de noviembre de 2019. Esos dos sectores fueron, en cambio, en gran medida marginados en la Convención Constitucional, cuyo texto es obra principalísima de la izquierda dura.

Un nuevo pacto que se expanda a partir del compromiso entre centroizquierda y centroderecha es lo que hoy Chile más necesita para resolver nuestros desacuerdos constitucionales. Y tanto por cuestiones procedimentales como por los ánimos que se detectan en cada cual, hoy ello se ve más factible en caso de triunfar el Rechazo, que, unido a la clara voluntad de cambio expresada en el plebiscito de octubre de 2020, supondría un repudio más contundente al sectarismo extremista y remarcaría mejor la necesidad de un concierto realmente inclusivo.