Sebastián Mejías O.

Mientras estuvo activa, la Convención Constitucional dio acaloradas discusiones sobre normas, derechos e instituciones que reemplazarán a las actuales en diversas materias. Una de las nuevas figuras propuestas es el llamado Consejo de la Justicia, cuya justificación es quitar a la Corte Suprema sus funciones administrativas y disciplinarias hacia los jueces, dejándola únicamente con su rol jurisdiccional de fallar causas.

Para el académico en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Eduardo Aldunate, de esta forma se está dando vida a un órgano -Consejo de la Justicia- que se hará cargo de manera autónoma del gobierno judicial. Una institución que, a su juicio, acapara atribuciones excesivas, que es complejo para el Estado de derecho y que tiene deficiencias importantes.

- Los defensores del Consejo de la Justicia plantearon, en su momento, que su creación coincide con una aspiración histórica de la Corte Suprema; que desde hace tiempo estaba la necesidad de despojar a la máximo tribunal de sus funciones administrativas, otorgándoselas a un organismo independiente. ¿Se logra esa aspiración histórica con este Consejo?

- Hoy día, la Corte Suprema ejerce funciones como tribunal, es decir, jurisdiccionales, junto con ejercer una función general, como órgano de gobierno judicial. Dentro de esta última, hay tres funciones distinguibles: la administrativa, que permite que los tribunales funcionen; una de gobierno, con los nombramientos y las políticas generales del Poder Judicial, y una tercera función disciplinaria. Entonces, para mí, cuando se dice que hay que separar la función jurisdiccional de la Corte Suprema de su función de gobierno, eso está muy bien, porque esa mezcla afecta a la independencia judicial. Lo que pasa es que la propuesta de nueva Constitución instala un Consejo de la Justicia que mantiene el núcleo más complicado del problema actual.

- ¿Por qué no termina solucionando el problema?

- Hay que decir que si bien es cierto el Consejo de la Justicia ya no será un tribunal, sí será el órgano que permitirá el ingreso a la judicatura, controlando la Academia Judicial, que eso es nuevo, junto con decidir los cargos que tendrán los jueces y los nombramientos, a la vez que mantiene el control disciplinario. A eso hay que agregarle una cosa más, que es que hoy día, en el sistema de nombramientos, la Corte Suprema no elige por sí sola a los jueces, participan todas las Cortes de Apelaciones del país, el presidente de la República y el Senado; mientras que si gana el Apruebo, el Consejo de la Justicia tendrá por sí solo esa facultad.

- De este Consejo de la Justicia se reconoció como un valor su composición plural.

- Hay un claro problema de exceso de concentración de atribuciones, además de una falta notable de contrapesos. En ambos puntos, ninguna composición del órgano podría salvar este punto, por más que sea muy plural. Cuando usted concentra el poder en una sola institución, por más que la integración sea magnífica, siempre habrá abusos. Es una regla que está en el pensamiento político de la antigua Grecia. Cuando usted tiene una concentración muy grande de poder, ese poder tiende a expandirse y, tarde o temprano, puede convertirse en abuso.

- Hasta ahora, en temas de justicia, la crítica apunta al pluralismo jurídico. Si a usted le pidieran asesorar la campaña del Rechazo, desde la perspectiva jurídica, ¿dónde haría énfasis?

- Creo que el ejemplo que le voy a dar será clarificador. Cuando estábamos en la transición a la democracia, con Pinochet, el Tribunal Constitucional en su fallo n° 33 tomó una decisión importantísima, que fue decir que el plebiscito de 1988 tenía que regirse por un Tribunal Calificador de Elecciones, como órgano independiente. Si usted me pide hacer un énfasis en lo que más me preocupa, es la desaparición de ese órgano independiente, que nos permitió sacar adelante la transición a la democracia y que contó los votos, resistiendo todo tipo de presión política. Un tribunal independiente que, además, es elegido de una manera no política, por sorteo, impidiendo cualquier forma de interferencia política directa. El Tribunal Calificador de Elecciones, como el órgano independiente que conocemos, desaparece por dos razones.

- ¿Cuáles son esas razones?

- La primera es que queda sometido, expresamente y con todas sus letras, al control del Consejo de la Justicia. Segundo, porque sus miembros dejan de ser personas elegidas por sorteo y pasan a ser nombradas de manera directa por el Consejo de la Justicia, y cuando terminan su cargo, vuelven a sus antiguos puestos donde dependen del Consejo de la Justicia para su futura carrera. Por lo tanto, y por definición, el futuro Tribunal Calificador de Elecciones será un órgano nombrado por quien más tarde tiene injerencia directa en su futuro, después de juzgar su desempeño.

- ¿Cree que la ciudadanía podrá sentir esta crítica que usted plantea como un argumento relevante a la hora de votar el 4 de septiembre?

- Si usted me pregunta por si es un aspecto que se reflejará en la cotidianeidad, ninguna de las propuestas de la Convención se nota cotidianamente. Por darle un ejemplo, si gana el Apruebo, tampoco podremos acceder al recurso de protección tal como lo conocemos. Más allá de eso, lo que me llama más la atención es que una herramienta institucional que nos permitió dar la pelea contra la dictadura, hay pocos ejemplos en el mundo de países que salieron de una dictadura institucionalmente, se destruya y pase a ser un órgano bajo control explícito de otra institución, con la participación de jueces a los que se les estará constantemente midiendo en su desempeño.

- Poniendo como ejemplo el caso de España, hay académicos que temen un exceso de politización en el Consejo, preocupados por los cinco nombramientos que tendrá el Congreso. ¿Es un factor grave?

- Creo que la politización del Consejo de la Justicia es muy marginal, un riesgo menor. Por dos cosas: primero, porque en los nombramientos habrá un filtro de Alta Dirección Pública y, segundo, porque aunque hubiera un cuoteo, éste no podrá ser tan exacto, porque son cinco los integrantes elegidos por el Congreso, superando el problema de las grandes fuerzas políticas. Además, que haya cinco miembros del Consejo de la Justicia elegidos por el Congreso, vía Alta Dirección Pública, eso es menos de un tercio de la composición total.

"Cuando usted concentra el poder en una sola institución por más que la integración sea magnífica, siempre habrá abusos". "Si usted me pide hacer un énfasis en lo que más me preocupa, es la desaparición de ese órgano independiente (Tricel), que nos permitió sacar a adelante la transición a la democracia".