El proyecto constitucional indica en el artículo 238 que "en el territorio especial de Rapa Nui, el Estado garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía del pueblo nación polinésico Rapa Nui, asegurando los medios para financiar y promover su desarrollo, protección y bienestar en virtud del Acuerdo de Voluntades firmado en 1888, por el cual se incorpora a Chile. Se reconoce la titularidad colectiva de los derechos sobre el territorio al pueblo Rapa Nui con excepción de los derechos sobre tierras individuales de sus miembros. El territorio Rapa Nui se regulará por un estatuto de autonomía".

El nuevo texto eleva a rango constitucional un pacto que habría sido acordado entre los jefes Rapa Nui y el capitán Policarpo Toro, que los convencionales denominan "Acuerdo de Voluntades". Así, la relación entre la Isla de Pascua y Chile se fundaría solamente en este acuerdo. Sin embargo, agrega más responsabilidades permanentes, ya que para cumplirlo el Estado debería asegurar los medios para "financiar y promover su desarrollo, protección y bienestar", términos por lo menos imprecisos.

Es importante recordar que al momento de la incorporación de la Isla de Pascua al Estado chileno, Rapa Nui estaba desolada y su población reducida a unos 150 habitantes, fruto del "enganche" forzado para trabajar en condiciones de semiesclavitud en el Perú.

En aquel entonces, solo los Estados eran considerados sujetos de derecho internacional y como tal podían celebrar acuerdos internacionales. Es más, la Convención de Berlín de 1885 consideraba como territorios "ocupables" aquellos que no estaban bajo el control efectivo de las "naciones civilizadas", cosa que las potencias europeas esgrimieron para hacerse de África. Esta realidad, dura e injusta, era sin embargo la existente y válida en dicha época, por lo que la integración de Rapa Nui a Chile fue más bien una ocupación o una cesión definitiva de soberanía de los jefes tribales, para hacer frente a la depredación a la que estaban siendo sometidos. Dado lo anterior, ningún posible acuerdo fue enviado al Congreso Nacional para su aprobación.

La propuesta de Carta Fundamental abre la puerta para que se sustente que la incorporación de Rapa Nui a Chile está condicionada a determinadas circunstancias o aportes que este "pueblo o nación polinésico" puede considerar insuficientes, demandando que Chile ha incumplido sus obligaciones. Ello facilitaría, además, el recurrir ante los organismos de descolonización de la ONU, con las implicancias que ello conlleva, mermando nuestra capacidad de influencia en un megaespacio en el que confluyen ambiciosas agendas de grandes potencias y cuyo destino afectará directamente el mar patrimonial chileno.

En lo que se refiere a Rapa Nui, el proyecto de Constitución generará una mayor conflictividad interna e internacional, debilitando la soberanía chilena sobre dicha isla y su entorno.

Cuesta entender por qué el Grupo Pachuca, el holding mexicano que actúa como controlador de la sociedad anónima que rige los destinos de Everton de Viña del Mar, ha sido tan maltratado por la actual alcaldía de la ciudad, liderada por Macarena Ripamonti, y algunos de sus concejales.

A la muy poco clara decisión de volver a discutir el mal llamado comodato, que en rigor no es tal, por el uso del Estadio Sausalito, a mitad de año, se sumó un largo trámite que poco tuvo de debate y mucho de manipulación política por parte de los concejales comunistas Pablo González y Nicolás López, el que acabó recién este miércoles con una vergonzosa votación en el Concejo Municipal, la cual los citados ediles incluso intentaron boicotear retirándose de la misma para que la cita no cumpliera con el quorum necesario. Para resolver ello, se conectó a última hora la concejal UDI Antonia Scarella, quien forzó el regreso de González y López, quienes votaron en contra, siendo el convenio finalmente aprobado con sufragios de René Lues, Carlos Williams, Sandro Puebla, Jorge Martínez, Nancy Díaz y la arquitecta Scarella.

El contrato implica que los mexicanos becarán a niños de escuelas de fútbol municipales, realizarán talleres para el fútbol amateur, se fortalecerá la rama femenina, se programarán partidos de cadetes como preliminar del primer equipo, se entregarán 546 entradas liberadas por partido, se renovará la fachada del estadio y las bancas, se mejorarán los camarines, entre otras obras de mantención y publicidad gratuita para el municipio en Sausalito.

En palabras del concejal comunista Pablo González, lo que ofreció la S.A. "no es lo justo ni lo más beneficioso para la comuna". ¿Qué era lo justo y lo beneficioso? ¿Que Everton pagara un sobrearriendo fuera de mercado, cuatro veces más caro que lo que paga cualquier club en un estadio del Instituto Nacional de Deportes (IND)?

Atrás quedaron las reuniones en las cuales se dejaba esperando durante horas al gerente del club, Carlos Oliver, o las citas con la dirigencia para bombardearla con críticas, demandas y exigencias absurdas, como era el retiro de un puñado de "hinchas" vociferantes, a los cuales se les prohibió la entrada a Sausalito por el código 102 de la Ley de Violencia en los Estadios, tras graves hechos tales como una violenta agresión a un hincha de Unión Española en Santa Laura, conminar a la violencia en redes sociales y otras barbaridades por el estilo.

En algún minuto la alcaldesa Ripamonti cayó en el juego e incluso se sumó al coro que pedía devolver el club a los hinchas, una entelequia que no tiene mucho asidero más que sugerir populísticamente una suerte de expropiación forzada que, por suerte hasta el minuto en Chile, está fuera de cualquier reglamento o ley que le concierna.

Pongámonos en el caso de que no se hubiera aceptado el convenio y Everton se viera obligado a jugar de local en La Calera o Quillota. ¿Alguien cree que el municipio sería capaz de mantener el Estadio Sausalito si el otro día hasta se les cortó la luz?