¿Qué características debe reunir el jefe de la Unidad de Control de un municipio para cumplir adecuadamente su labor? La pregunta fue analizada el martes pasado por los concejales viñamarinos, reunidos para elegir al profesional que reemplazaría a Hugo Espinoza -exedil que como director de Control ejerció un rol clave en el hallazgo de irregularidades al interior de la administración pasada- en un cargo clave para una comuna que atravesó numerosos casos de anomalías administrativas y cuestionamientos financieros en los últimos años.

Aunque el Concejo Municipal aprobó en voto dividido la propuesta que hizo la alcaldesa Macarena Ripamonti y decidió que el nuevo jefe de Control municipal será Paulo Cruz Osses, varios ediles cuestionaron que la opción alcaldicia fuera a favor del profesional que obtuvo el tercer puntaje en la terna elaborada por la comisión ad hoc y no por quien sacó las mejores notas, el contralor municipal de Valparaíso, Christian Paz, cuyo promedio final fue de 99,9 puntos, de 100 posibles. Cruz Osses obtuvo 88,5 puntos.

El argumento dado por Ripamonti -que se buscaba para el cargo una persona con marcado enfoque y experiencia en crisis financieras- no convenció a varios concejales, quienes plantearon la idea de que si alcanzar una marca casi perfecta en la evaluación técnica previa no le sirvió a Christian Paz para transformarse en el jefe de Control de Viña del Mar, las reales razones de la decisión deben buscarse en otros ámbitos. Es legítimo que la alcaldesa decida cualquier nombre de la terna elaborada, pero en un tema tan delicado y relevante como la fiscalización administrativa del municipio, la justificación de una elección controvertida debe ser pública, notoria y contundente, sin fisuras por las cuales pueda entrar una duda.

El que pudo ser un proceso impecable terminó en cuestionamientos, al punto que el concejal René Lues esbozó la posibilidad de llevar los antecedentes a la Contraloría, algo que lamentó la propia alcaldesa Ripamonti en su exposición final ante el Concejo.

Apoyado férreamente por la administración que tiene que fiscalizar y cuestionado por los ediles de oposición a los que, eventualmente, debe rendir cuentas y remitir informes, Paulo Cruz Osses quedará irremediablemente atrapado entre dos aguas y su desempeño deberá enfrentar la sombra de su antecesor, Hugo Espinoza, quien, pese a los obstáculos que se encontró en los pasillos del propio municipio, desnudó las falencias de una administración con la cual compartía domicilio político.

Una de las definiciones ideológicas más controversiales que contiene el texto de nueva Constitución que se nos propone aprobar es la de la "igualdad sustantiva" contenida en el artículo 1 numeral 2 de dicho texto, que señala que se "reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza".

La idea de la "igualdad sustantiva" entre todas las personas se refuerza en el artículo 25 numeral 1, que señala: "Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación", para luego hacerla aplicable a los derechos fundamentales en el numeral 2.

Ahora bien, la "igualdad sustantiva" se refiere a la igualdad entendida como resultado y no como declaración o aspiración, de modo que esa igualdad debe ser efectiva en la práctica y según lo señala el texto constitucional que se nos propone aprobar, se trata de "un valor intrínseco e irrenunciable de los seres humanos" del cual es garante el Estado, asegurándolo a todas las personas. El punto conflictivo de esta declaración es que la "igualdad sustantiva" no aparece expresada en el texto como un ideal deseable -lo cual ya es muy discutible-, sino como un derecho de las personas que el Estado debe imponerse como una tarea alcanzar. Así, entonces, por mandato constitucional el Estado debe tomar los resguardos necesarios para que en la práctica todos seamos "sustancialmente iguales".

Es en esta perspectiva ideológica que se explican tantos artículos de la nueva Constitución y su carácter estatista y estatizante (sistemas unificados de salud, educación o previsión; o la promesa de una vivienda digna y oportuna para todas las personas, por ejemplo). El Estado, se señala en el nuevo texto, "garantiza en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales la igualdad a todas las personas"; por tanto, nadie puede estar en mejor posición, ni siquiera si es el resultado de su esfuerzo, su talento o su trabajo. Desde luego, entonces, la actividad privada en la provisión de servicios y derechos fundamentales aparece como una amenaza para la forzada "igualdad sustantiva" que el Estado debe asegurar.

Planteada así la cuestión de la igualdad en el texto redactado por la Convención, el riesgo para nuestra libertad es evidente desde el momento que el Estado queda revestido con la facultad y grabado con la obligación de igualarnos a todos, para cumplir el mandato constitucional de alcanzar la "igualdad sustantiva."

La "igualdad sustantiva" es parte del ideario socialista (más o menos extremo, da lo mismo) y la promesa de todas las dictaduras. Es la que rige en Cuba o Nicaragua, donde todos son iguales en la pobreza; o en Venezuela, donde todos son igualmente tributarios al poder omnipotente del gobierno de Maduro; o es impuesta en los países controlados por los talibanes; o se manifiesta en la miseria de Haití y de tantos países africanos.

Mi proposición es no asumir el riesgo que para nuestra libertad conlleva la promesa de la "igualdad sustantiva" que ofrece una Constitución fuertemente ideologizada y partisana y redactar un nuevo texto que, fijando al Estado un fuerte rol social y solidario, permita rija en nuestro país esa igualdad que es justicia: la que en libertad se da entre los iguales.